Info Alimentación Noticias del sector de Industrias de la Alimentación Reforma laboral: quién paga el costo de “flexibilizar”
El Gobierno impulsa una reforma laboral que recorta protecciones y debilita la negociación colectiva. La experiencia comparada advierte: no garantiza empleo y sí precariza.
La reforma laboral que impulsa Milei promete empleo y modernización, pero la experiencia internacional muestra otro resultado: menos derechos, negociación debilitada y mayor precariedad. Brasil y España ya ensayaron este camino. El costo volvió a caer sobre los trabajadores.
Un proyecto con impacto directo en el “piso” de derechos
El oficialismo volvió a poner en agenda una reforma laboral con ejes clásicos del recetario flexibilizador: abaratar despidos, recortar aportes patronales, reordenar (a la baja) el poder de los convenios y tensionar el derecho de huelga bajo la figura de “servicios esenciales”.
Presentada como “modernización” y “promoción del trabajo formal”, la letra chica es otra cosa: cambia reglas de juego que hoy funcionan como red de seguridad frente al despido, la informalidad y el disciplinamiento dentro de las empresas. Y, como suele pasar, el riesgo se socializa hacia abajo.
Lo que denuncia la CGT: menos libertad sindical, más poder empresario
En un informe técnico difundido por la CGT, el diagnóstico es contundente: el proyecto “reduce el alcance de la libertad sindical” y amplía el margen de intervención del Estado y de los empleadores “en perjuicio de los trabajadores”.
Entre los puntos señalados aparecen cambios que pegan en el corazón del mundo laboral:
Indemnizaciones y registración: se cuestiona la reducción de conceptos y el recorte de herramientas para reclamar ante falta o deficiencia de registración.
Vacaciones fragmentadas: habilitación de fraccionamiento en tramos mínimos (7 días), con impacto en el descanso efectivo.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se plantea un esquema de cuenta financiada con 3% mensual, con críticas por desfinanciamiento previsional y por no garantizar, en todos los casos, el cobro efectivo.
Negociación colectiva “atomizada”: prioridad del convenio de empresa y limitación de la “ultraactividad” (continuidad del convenio vencido), lo que puede empujar a renegociaciones bajo presión y con peor correlación de fuerzas.
Cuotas sindicales y tutela: más trabas para el financiamiento y mayor margen para apartar representantes.
Brasil 2017: debilitamiento sindical y promesas flojas de creación de empleo
Brasil es un espejo incómodo porque la reforma de 2017 también se vendió como el gran salto a la formalidad. Una de sus medidas emblemáticas fue volver optativa la contribución sindical, lo que disparó una caída drástica de ingresos gremiales y reconfiguró el poder de negociación. Esto lo analizó el Banco Mundial en un artículo de 2024 titulado «¿Pueden los sindicatos debilitados impulsar el trabajo formal? Lecciones de la reforma laboral brasileña».
En el plano internacional, incluso en ámbitos técnicos hubo observaciones fuertes: en el sistema de control de normas de la OIT se registraron cuestionamientos a la reforma por su impacto sobre derechos fundamentales.
Del otro lado, los defensores del cambio remarcan resultados como la reducción de litigiosidad y un marco más favorable para acuerdos a nivel empresa (más “flexibilidad interna”). La propia OCDE menciona ese giro hacia acuerdos de empresa y la caída de causas judiciales.
España 2012: descentralización, presión salarial y precariedad
La reforma española de 2012 es otro caso clave porque tocó dos palancas que hoy vuelven en Argentina: prioridad del convenio de empresa, facilidades para el “descuelgue” (no aplicar condiciones del convenio) y un límite a la vigencia tras el vencimiento del convenio. Eso está documentado en un análisis del Banco de España, que describe justamente ese impulso a la descentralización y la flexibilidad interna.
Años más tarde, el propio debate español terminó reconociendo que la reforma produjo empleo, sí, pero con una marca fuerte de precarización y debilidad negociadora, lo que motivó impulsos políticos para revertir aspectos centrales (como la prevalencia del convenio de empresa).
La evidencia comparada: “flexibilizar” no es una política de desarrollo
El patrón que aparece, una y otra vez, es bastante consistente:
Cuando se debilita la negociación colectiva y se abarata el despido, las empresas ganan margen para ajustar rápido… y los trabajadores pierden poder para defender salario y condiciones.
La formalización no se produce por decreto “anti-derechos”: depende de estructura productiva, demanda, crédito, inspección laboral y una macro que no castigue a la industria.
Cuando el objetivo real es bajar “costos”, la variable de ajuste suele ser el salario indirecto (aportes, licencias, estabilidad), con efectos sociales y fiscales.
Hasta organismos que discuten informalidad en términos de incentivos advierten que bajar costos laborales no salariales puede tener efectos, pero solo si se reemplaza financiamiento y se evita trasladar el agujero al sistema de protección social.
El planteo sindical: trabajo registrado sí, pero con derechos
En este escenario, el movimiento obrero plantea una línea roja: no se combate la informalidad destruyendo derechos, sino fortaleciendo inspección, sanciones reales a la evasión, políticas de desarrollo industrial y negociación colectiva que ordene sectores completos (para evitar “competencia” vía salarios a la baja).
Para el sindicalismo industrial —incluido el universo de gremios alimenticios— la discusión excede el articulado: se trata de si la Argentina piensa el trabajo como columna vertebral del desarrollo o como un costo a recortar para “atraer inversiones” sin condiciones.
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