Trabajo, industria y futuro: el dilema del sector alimentario

La industria de la alimentación enfrenta presiones que amenazan su desarrollo y el empleo de calidad. El gremio reclama políticas que fortalezcan la producción local, amplíen el mercado interno y apuesten por un modelo económico basado en valor agregado y soberanía industrial.

En su columna titulada “Un acuerdo para destruir la industria (…),” publicada en La Política Online, Kestelboim sostiene que la Argentina está siendo objeto de un pacto económico que reproduce un nuevo “estatuto legal del coloniaje”, aludiendo a subordinaciones externas que limitan el desarrollo industrial autónomo. La Política Online

El autor pone énfasis en cómo ciertas decisiones de política económica —como apertura indiscriminada, bajos aranceles, dependencia de importaciones y falta de protección a la industria nacional— podrían configurar un escenario donde la industria local pierde capacidad competitiva y los trabajadores quedan atrapados en condiciones de menor valor agregado.

Para la industria de la alimentación, este análisis es particularmente relevante: ese sector tiene una doble dimensión —por un lado, la producción primaria, y por otro, la manufactura, el envasado, la logística, el marketing—. Si prevalece una lógica de materia prima exportada o de bajo valor agregado importado, la “industrialización alimentaria” se debilita. Y con ello, los empleos mejor pagados que requieren manufactura, tecnología y calidad también se reducen.

Un sector estratégico que vuelve a quedar en disputa

La industria de la alimentación es uno de los pilares más sensibles del entramado productivo argentino. Allí se cruzan soberanía económica, empleo calificado e innovación tecnológica. En un contexto de apertura acelerada y orientación hacia materias primas, el rumbo del sector vuelve a quedar bajo discusión. Diversos economistas advierten que las señales actuales empujan hacia una estructura menos manufacturera y más dependiente del exterior, con efectos directos sobre el empleo y la competitividad.

En el corazón del debate aparece un problema conocido: cuando el modelo económico privilegia la exportación de materias primas o la importación de alimentos elaborados, la industria local pierde escala. Lo que se reduce no es solo el número de fábricas o turnos productivos: se achica la capacidad del país para generar valor agregado, innovación y salarios de calidad.

En la industria alimentaria, esto se traduce en menos inversión en procesamiento, menos desarrollo de nuevos productos, menos líneas de envasado y menor innovación tecnológica. Ante un escenario así, el efecto en el empleo es inmediato: se pierden puestos calificados y se profundiza la dependencia de segmentos de bajo valor.

El mercado interno es la base que permite a la industria alimentaria amortizar inversiones, sostener plantas y proyectarse a futuro. Sin una demanda doméstica robusta, la producción queda expuesta a la volatilidad externa, los ciclos de exportación y la competencia desleal de importaciones que ingresan con costos más bajos o subsidios invisibles.

Para el gremio de la alimentación, este punto no es menor: un país que debilita su mercado interno reduce su capacidad de generar empleos estables y de promover un tejido industrial diverso. No se trata solo de vender más, sino de sostener un ecosistema que exija tecnología, formación y mejores condiciones laborales.

Las empresas del sector operan en un mundo hiperconectado. Importan insumos, exportan productos y participan en cadenas globales. Pero sin una política industrial activa, esa integración termina siendo asimétrica: Argentina se convierte en proveedor de commodities o en ensambladora de bajo costo, mientras el valor agregado se concentra afuera.

La autonomía productiva —que no significa aislamiento— es clave para que la industria alimentaria mantenga control sobre calidad, precios, innovación y empleo. Un país que solo compra y vende materias primas queda limitado a los vaivenes del mercado internacional.

Un gremio que defiende trabajo de calidad y desarrollo

El gremio de la alimentación sostiene una premisa clara: sin trabajo de calidad, no hay industria sostenible. Y “calidad” no es un eslogan, sino un conjunto de condiciones concretas: salarios dignos, capacitación permanente, estabilidad, seguridad laboral y participación en procesos de innovación.

Cuando la producción se debilita, esos empleos desaparecen o se precarizan, y con ellos se pierde conocimiento técnico y capacidad de desarrollo.

El gremio insiste en que un mercado interno fuerte permite planificar, invertir y escalar. La expansión de la demanda doméstica no solo sostiene a las empresas actuales: impulsa nuevas plantas, nuevas líneas de producción y nuevos productos. Es un círculo virtuoso que se rompe cuando la política económica se orienta exclusivamente a exportar materias primas o abrir las importaciones sin resguardos.

Para el sindicato, el eje central es recuperar una visión productiva: invertir en manufactura alimentaria, en envasado, en tecnologías de conservación, en logística avanzada, en investigación y desarrollo. Todo eso genera empleos de calidad, arraigo, innovación y competitividad.
Es el opuesto exacto de un modelo que exporta granos e importa paquetes.

Qué deberían hacer el Estado, las empresas y el gremio

El sector necesita aranceles inteligentes, estímulos a la inversión y mecanismos que promuevan encadenamientos productivos locales: desde proveedores de insumos hasta plantas de envases y logística especializada. Cada uno de esos eslabones genera puestos de trabajo y valor agregado.

Trazabilidad, automatización, procesos estandarizados, normas internacionales de inocuidad: la industria alimentaria exige capacitación permanente. El trabajo de calidad depende de trabajadores formados, y la formación depende de políticas públicas coherentes y de empresas que apuesten a innovar.

Promover productos nacionales, recuperar marcas históricas, sustituir importaciones y sostener el consumo son condiciones indispensables para que la industria alimentaria crezca. Un país que solo exporta o importa queda a merced de decisiones que no controla.

Los convenios del sector pueden incorporar cláusulas de inversión, mantenimiento del empleo, actualización tecnológica y protección de puestos calificados. El diálogo gremio-empresa-Estado es una herramienta clave para orientar la producción hacia mayor valor agregado.

La industria alimentaria necesita políticas de largo plazo y acuerdos que trasciendan coyunturas. Sin una visión compartida, las tensiones entre apertura indiscriminada y desarrollo industrial seguirán definiendo la agenda.

Una advertencia que no puede ignorarse

La señal es clara: si el país avanza hacia un modelo basado en materias primas y productos importados, habrá menos producción nacional, menos empleo calificado y menos autonomía económica. Para los trabajadores del sector, esto significa perder años de avances en derechos, capacidades y estándares de calidad.

Defender el trabajo de calidad, el mercado interno y la manufactura no es solo una posición gremial: es una estrategia de desarrollo. Cuando la industria alimentaria crece, crecen el empleo técnico, la innovación y la cadena productiva completa.
El desafío, ahora, es construir un acuerdo real entre Estado, empresas y trabajadores para evitar que el país quede atrapado en un modelo de baja escala y alta dependencia.

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