Acuerdo con EE.UU.: más primarización y menos industria

El acuerdo comercial con Estados Unidos consolida la primarización, abre el mercado interno a bienes industriales y de alimentos y profundiza la pérdida de soberanía económica.

Un acuerdo hecho en Washington con impacto en el empleo argentino

El anuncio del “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” entre Estados Unidos y la Argentina fue presentado como un hito histórico por las administraciones de Donald Trump y Javier Milei. La Casa Blanca difundió primero el texto con los puntos principales: reducción o eliminación de aranceles, apertura de mercados para bienes industriales y agroalimentarios, alineamiento regulatorio en sectores sensibles como medicamentos, dispositivos médicos y productos tecnológicos, además de compromisos en materia laboral, ambiental y de comercio digital. El gobierno argentino, en cambio, evitó hasta ahora publicar la “letra chica”, mientras vende el entendimiento como una señal de confianza de la principal potencia mundial.

Según la información oficial difundida en Washington, Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses de medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, autos y una amplia gama de productos agropecuarios. A cambio, Estados Unidos se limita a eliminar aranceles sobre determinados recursos naturales y algunos insumos farmacéuticos no patentados, reforzando un patrón en el que nuestro país exporta bienes primarios e importa manufacturas de alto contenido tecnológico.

El acuerdo también consagra el desmantelamiento de barreras no arancelarias: la Argentina se compromete a levantar licencias de importación, eliminar formalidades consulares y reducir gradualmente el impuesto estadístico que pagan los productos estadounidenses. Además, acepta alinearse con normas internacionales y con regulaciones de Estados Unidos, incluyendo la validez de certificaciones de la FDA para medicamentos, dispositivos médicos y alimentos, lo que en los hechos transfiere poder regulatorio hacia una agencia extranjera sobre sectores estratégicos de la economía local.

Críticos del entendimiento advierten que este “marco” configura una arquitectura de máximo beneficio para Washington y califican el acuerdo directamente como “pacto colonial” que beneficia los intereses económicos y geopolíticos estadounidenses, tensiona al Mercosur y erosiona la capacidad del Estado argentino para regular su propio mercado interno. El texto remarca que Estados Unidos accede a herramientas de tipo colonial, como el reconocimiento obligatorio de certificaciones de la FDA, sin compromisos equivalentes a favor del desarrollo industrial argentino.

A la vez, el acuerdo se monta sobre una relación comercial estructuralmente desequilibrada. De acuerdo con datos compilados por consultoras privadas, entre 2014 y 2023 la Argentina acumuló un déficit promedio con Estados Unidos de más de 3.600 millones de dólares anuales. El superávit de 2024 fue una excepción explicada por la recesión y la caída de las importaciones, no por un cambio estructural en el perfil productivo. El riesgo, advierten economistas heterodoxos, es que el nuevo acuerdo consolide un intercambio desigual: Argentina envía minerales, combustibles y carne; a cambio recibe productos de alto valor agregado y alimentos procesados que compiten directamente con la producción local.

En paralelo, la discusión se inscribe en un tablero geopolítico más amplio. Trump ya había manifestado su disposición a “considerar cualquier cosa” en materia de acuerdo de libre comercio con la Argentina, mientras Milei llegó a sugerir que el país podría avanzar en un pacto bilateral incluso a costa de romper con el Mercosur, pese a que las normas del bloque prohíben este tipo de acuerdos sin consenso regional. Esa orientación, sumada al alineamiento con las exigencias arancelarias de Washington, refuerza la idea de una política exterior subordinada a la Casa Blanca y desconectada del entramado sudamericano.

La crítica política llegó rápido. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una carta pública dirigida al Presidente, advirtió sobre la “injerencia inédita” de Trump en la vida política y económica argentina y señaló que la combinación de ajuste interno y condicionamientos externos implica una destrucción del “tejido social y productivo” del país. Al cuestionar que el futuro de la Argentina se decida entre la Casa Blanca, el FMI y un puñado de acreedores, el mandatario provincial sintetizó una preocupación que atraviesa a amplios sectores de la oposición: el acuerdo comercial profundiza un rumbo donde las decisiones centrales se toman afuera y la soberanía se vuelve una variable de ajuste.

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Golpe a la industria de alimentos y a la agregación de valor

La industria de alimentos y bebidas es uno de los pilares del entramado fabril argentino: emplea decenas de miles de trabajadores, sostiene economías regionales y participa de manera relevante en las exportaciones. Sin embargo, los últimos datos muestran señales de preocupación. Informes privados señalan que el sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco registró en julio de 2025 una caída interanual de 3,2%, pese a mantener un leve crecimiento acumulado en el año. La contracción fue más marcada en el complejo oleaginoso, con bajas de dos dígitos, en un contexto de apertura importadora y competencia externa creciente.

Sobre ese cuadro se monta el acuerdo con Estados Unidos. El texto difundido por la Casa Blanca destaca que la Argentina abrirá su mercado a ganado en pie, carne vacuna y porcina, lácteos y, en el plazo de un año, aves de corral de origen estadounidense, al tiempo que renuncia a exigir registros especiales para productos lácteos y a limitar el uso de determinadas denominaciones de quesos y carnes. Es decir, se flexibilizan las condiciones de ingreso para alimentos procesados que competirán directamente con la oferta local en góndolas y cadenas de supermercados.

La experiencia reciente ofrece advertencias. Un informe del observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) ya alertó en 2024 que la apertura de importaciones “parcial pero significativa” para alimentos ponía en riesgo la actividad de unas 14.000 productoras locales, al habilitar una competencia desleal: productos terminados que ingresan a precios subsidiados o con escalas imposibles de igualar para pymes argentinas. Los economistas Pablo Bercovich y Martín Kalos, en un trabajo difundido por Nodal, estimaron que la apertura comercial vigente ponía en riesgo al 15% de las pymes del país, con un sesgo marcado hacia las que abastecen el mercado interno de alimentos.

Las voces empresarias también suenan en clave de alarma. En Mar del Plata, un polo industrial alimentario clave, dirigentes pymes advirtieron que la política aperturista impulsa una competencia que no se juega en productividad sino en condiciones macroeconómicas: tarifas, tasas de interés, presión tributaria y financiamiento. “Lo que va a tener que pagar una empresa local no le permite competir con ningún producto que entre de afuera subsidiado”, resumió el titular de una entidad empresarial local, al describir un escenario donde las fábricas nacionales enfrentan una cancha inclinada a favor de las importaciones.

En ese contexto, el acuerdo con Estados Unidos refuerza una tendencia a la primarización del perfil exportador argentino. Las principales oportunidades que el gobierno destaca se concentran en recursos naturales, minerales y algunos segmentos de la cadena cárnica, mientras que la contracara es la apertura casi sin resguardos para alimentos procesados, bebidas y manufacturas ligadas a la cadena agroalimentaria. La relación se parece demasiado a un ida y vuelta donde salen commodities y entran bienes de alto valor agregado y marcas globales que desplazan a la producción local.

No es la primera vez que se encienden estas alarmas. El exministro de Producción José Ignacio de Mendiguren recordó, al analizar acuerdos comerciales anteriores, que la promesa de convertir a la Argentina en “el supermercado del mundo” terminó en la situación inversa: “el mundo nos está llenando las góndolas”, graficó años atrás al criticar el modelo financiero-importador que prioriza la bicicleta y la apertura indiscriminada sobre la producción nacional. Hoy, el nuevo acuerdo con Estados Unidos parece profundizar esa misma lógica, pero en un contexto industrial más débil: la participación de la industria en el PBI cayó al 16,8% en el segundo trimestre de 2025, por debajo del promedio de la última década y lejos de los niveles de comienzos de siglo.

Dirigentes pymes como Daniel Moreira, de Asociación Pyme, ya habían definido la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos como “un hito terrible” para la producción nacional, advirtiendo que miles de fábricas no resistirían una apertura sin protección. Ese diagnóstico, formulado en 2024, gana nueva actualidad con un acuerdo que, aun sin ser técnicamente un TLC, avanza sobre los mismos terrenos: rebaja generalizada de aranceles, desmantelamiento de barreras no arancelarias y alineamiento regulatorio en favor de las grandes corporaciones estadounidenses de alimentos, fármacos y tecnología.

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Empleo industrial, salarios y territorios en riesgo

El impacto potencial del acuerdo con Estados Unidos no se limita a la estructura productiva: también cruza de lleno la cuestión del empleo. Según datos recopilados por Chequeado en base a cifras oficiales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 se perdieron más de 25.000 puestos formales en la industria manufacturera. Al mismo tiempo, la Unión Industrial Argentina registró 204 empresas menos en septiembre de 2024 respecto del mismo mes del año anterior. La foto muestra un sector que llega a este nuevo escenario debilitado, con menos plantas y menos trabajadores, luego de un año largo de recesión.

Lejos de un despegue robusto, los indicadores industriales exhiben un comportamiento errático. La UIA estima que, en el acumulado de 2025, la producción se ubica alrededor de un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, con caídas recientes en agosto y septiembre y una utilización de la capacidad instalada en torno al 61%, por debajo del mismo período del año pasado. Ese contexto de “recuperación frágil”, como la describen los propios informes sectoriales, funciona como telón de fondo de un acuerdo que intensifica la competencia externa en ramas donde la demanda interna ya está golpeada por la pérdida de poder adquisitivo.

La industria alimentaria es paradigmática porque combina alta productividad con fuerte peso en el empleo. Estudios recientes señalan que la industria en su conjunto aporta más al PBI que al empleo, lo que implica que cada trabajador industrial genera un valor agregado superior al promedio de otros sectores. Cuando se destruye un puesto industrial, se pierde no solo un salario, sino también capacidad instalada, encadenamientos productivos y demanda sobre proveedores locales. En el caso de alimentos y bebidas, cada cierre de planta impacta, además, sobre la economía de las ciudades del interior donde esas fábricas son uno de los principales motores del mercado laboral.

Organizaciones de pymes industriales vienen advirtiendo sobre una “tormenta perfecta” para el empleo fabril: apertura importadora, atraso cambiario, suba de tarifas y tasas de interés elevadas. En informes difundidos durante 2024 y 2025, estas entidades cuestionaron que el Estado habilite una competencia desleal, donde es más rentable importar alimentos terminados que abastecer a la industria local con insumos producidos en el país. Esa combinación, señalan, empuja a muchos empresarios a dejar de producir para convertirse en importadores, con un impacto directo sobre la cantidad y la calidad del empleo generado en territorio nacional.

En la misma línea, columnistas económicos como Bernarda Tinetti, en Página/12, vinculan el programa económico de Milei —muy ligado a las condicionalidades del FMI— con un proceso de primarización productiva y endeudamiento estructural. El nuevo acuerdo con Estados Unidos encaja en ese tablero: consolida un modelo donde la creación de empleo de calidad se ve desplazada por actividades extractivas intensivas en capital y por sectores de servicios de baja productividad, mientras los salarios industriales enfrentan la presión permanente de una amenaza implícita: competir con la producción extranjera en condiciones desiguales o desaparecer.

En términos sociales, la apertura irrestricta del mercado de alimentos tiene un doble filo. Por un lado, el Gobierno promete que la mayor competencia ayudará a contener la inflación en góndolas. Por otro, la evidencia internacional muestra que estos procesos suelen venir acompañados de cierres fabriles, precarización laboral y pérdida de densidad industrial en territorios donde la industria actuaba como colchón frente a la pobreza. El recuerdo del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos, citado por especialistas consultados por La Izquierda Diario como un antecedente “de efectos deletéreos en lo tecno-productivo, laboral y distributivo”, funciona como espejo incómodo sobre el cual pocos funcionarios quieren detenerse.

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Soberanía, Mercosur y el debate político que viene

La discusión sobre el acuerdo con Estados Unidos excede lo comercial y se mete de lleno en el terreno de la soberanía. El texto difundido por la Casa Blanca y replicado por medios locales enfatiza que la Argentina reconocerá a Estados Unidos como “jurisdicción adecuada” para la transferencia transfronteriza de datos, incluidas bases de datos personales, y que se compromete a no discriminar servicios digitales de ese origen, así como a reconocer como válidas firmas electrónicas emitidas bajo legislación norteamericana. En la práctica, se trata de una cesión de margen regulatorio en un área clave de la economía contemporánea: el control de la información y de las plataformas digitales.

En el frente normativo, el acuerdo obliga a la Argentina a alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares exigidos por Washington, a reforzar la persecución de la piratería física y digital y a revisar el funcionamiento de sus empresas estatales y regímenes de subsidios industriales. Organismos como la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ya habían señalado a nuestro país en su “Informe Especial 301” por supuestas deficiencias en materia de patentes e indicaciones geográficas. Ahora, esas observaciones se transforman en compromisos concretos, con potencial impacto sobre medicamentos genéricos, biotecnología, semillas y desarrollos tecnológicos realizados por instituciones públicas.

La oposición política denuncia que, al mismo tiempo que se recortan fondos a provincias, universidades y organismos científicos, se accede sin mayor debate público a un esquema que profundiza la dependencia respecto de Estados Unidos. Axel Kicillof fue particularmente enfático al calificar de “vergonzosa” la intromisión de Trump en la política argentina y alertar sobre compromisos asumidos “que no se hicieron públicos”. En su carta, el gobernador bonaerense reclamó que el gobierno “dialogue con los trabajadores, empresarios y gobernadores de su propio país”, no con “los poderosos de afuera”, y vinculó de manera directa la política económica vigente con la pérdida de dignidad nacional.

A las críticas políticas se suman las de dirigentes productivos. José Ignacio de Mendiguren, exministro y referente industrial, señaló que el esquema de apertura irrestricta y alineamiento automático con Washington repite fórmulas ensayadas en los años de Martínez de Hoz y Cavallo, que terminaron en crisis de endeudamiento y desindustrialización. Dirigentes pymes advierten que el acuerdo con Estados Unidos, lejos de ser “equilibrado”, consolida una relación centro-periferia donde la Argentina queda relegada al rol de proveedora de recursos naturales y mercado para bienes de alto valor agregado producidos en el Norte.

También el plano regional está en juego. Diversos análisis subrayan que el marco acordado con Washington tensiona la lógica del Mercosur, creado como instrumento de integración productiva con Brasil, Uruguay y Paraguay. La posibilidad, sugerida en varias oportunidades por voceros oficiales, de avanzar en un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos sin consenso del bloque, abre la puerta a un escenario en el que la Argentina quede aislada de sus socios naturales y subordinada a una agenda geopolítica extra-regional. En ese tablero, la negociación de aranceles, minerales críticos y bases militares —explícita o implícitamente— deja de ser una política de Estado para convertirse en moneda de cambio en acuerdos financieros y apoyos electorales.

La pregunta de fondo es qué modelo de desarrollo se consolida a partir de este acuerdo. Las advertencias sobre una nueva “primarización productiva”, formuladas por economistas críticos al programa de Milei, apuntan a una Argentina que profundiza su perfil extractivo mientras renuncia a políticas activas de industrialización, ciencia y tecnología. El pacto con Estados Unidos parece reforzar ese camino: asegura acceso preferencial a nuestros recursos estratégicos y a nuestro mercado de alimentos e industria, a cambio de promesas de inversión futura y gestos de “confianza” de los mercados. En medio de esa disputa, quedan los trabajadores, las pymes y las economías regionales, que vuelven a enfrentar un dilema conocido: aceptar la lógica del ajuste y la apertura o construir mayor organización social y política para defender un proyecto de país con más trabajo, más industria y más soberanía.

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