Info Alimentación Noticias del sector de Industrias de la Alimentación Reforma laboral: el fin del piso común de derechos
El gobierno impulsa una reforma laboral que fragmenta la negociación colectiva, debilitan a los sindicatos y favorecen a las empresas en nombre de la “modernización”.
El gobierno nacional avanza con el proyecto de reforma laboral que ya quiso imponer bajo el marco normativo de la conocida como Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos (Ley 27.742, sancionada en 2024). Esta Ley, en realidad, implica una reingeniería profunda del Estado y es el ariete de una ofensiva contra los derechos laborales.
Dentro de ese paquete normativo se integran cambios en materia laboral que, si bien se presentan bajo la etiqueta de “modernización” o generación de empleo, esconden transformaciones estructurales sobre derechos colectivos, negociación sindical y formas de contratación.
Además, el proyecto contuvo negociaciones con gobernadores provinciales y el lobby empresarial presionó con fuerza, en un escenario donde la descentralización del poder sindical y de la negociación empresa-por-empresa comenzó a imponerse.
Una reforma laboral que quita derechos y favorece a los empresarios
Desde el punto de vista del trabajador, en el proyecto de reforma laboral destacan varios ejes de pérdida o erosión de garantías y derechos adquiridos:
Descentralización de la negociación colectiva: Uno de los puntos nodales es que la reforma promueve que los convenios colectivos puedan debatirse no sólo por rama o sector, sino por empresa individual, y que los pisos normativos pues queden sujetos a acuerdos específicos. Esto significa que los convenios que hasta ahora se fijaban “por rama” (es decir, para toda una actividad) podrían perder su vigencia como marco obligatorio, y la lógica cambia hacia una negociación atomizada, empresa por empresa.
Negociaciones “a la baja” y pérdida de piso: La lógica del nuevo régimen es que los empleadores puedan tener mayor margen para negociar condiciones específicas, lo que genera una pérdida de poder colectivo del trabajador. Como lo sintetiza un análisis reciente: “la reforma laboral post-electoral no busca generar empleo, sino reconfigurar el poder en las relaciones laborales”.
Sindicatos debilitados, representación con menos peso: Al debilitarse la negociación sectorial unificada, los sindicatos pierden parte de su rol central como interlocutores que fijan mínimos para toda una rama. También se debilita la “unidad de negociación” frente a muchas empresas simultáneas. Informes críticos advierten que la institucionalidad sindical argentina se ve tensionada ante un Ejecutivo que pretende borrar la organización colectiva.
Mayor vulnerabilidad individual del trabajador: Cuando cada trabajador o cada empresa negocia su propio acuerdo, se rompe la fuerza del colectivo. Esto genera un escenario donde la asimetría entre empleador y empleado tiende a crecer. El derecho laboral “clásico” (protecciones contra el despido arbitrario, estabilidad, etc.) pierde terreno efectivo si se flexibilizan las condiciones de ingreso, permanencia y negociación.
Impulso al trabajo no registrado y a formatos de contratación atípicos: El informe de CIFRA señala que la reforma incluida en la Ley Bases habilita formas contractuales “no laborales”, encubre la subordinación bajo la figura de “independientes con colaboradores” e incluso la derogación del estatuto del viajante de comercio. Esto facilita que se formalicen menos relaciones de dependencia, o que se maquillen como otros regímenes.
Implicancias de las negociaciones atomizadas y de que los sindicatos dejen de fijar un piso por rama
Este cambio que puede parecer técnico, tiene consecuencias profundas:
Cuando los convenios ya no se negocian por rama completa sino por empresa, se genera una dispersión de condiciones: dos empresas del mismo sector podrían tener salarios, condiciones de trabajo, estabilidad muy distintos. Esto reduce la capacidad del trabajador de compararse con sus pares y disminuye la presión colectiva para mejorar condiciones.
El rol del sindicato cambia: en vez de negociar para una actividad entera, su poder se debilita frente a múltiples micro negociaciones. Esto favorece al empleador que puede elegir interlocutor o fragmentar la negociación.
La erosión del “techo mínimo” común tiende a generar una carrera hacia abajo: para no perder competitividad, las empresas podrían presionar para que los nuevos convenios o sub-convenios tengan condiciones inferiores al estándar anterior.
Desde la perspectiva macro-laboral, el cambio implica un debilitamiento del modelo de relaciones industriales que se basaba en sindicatos fuertes, negociación sectorial, y derechos comunes: esa estructura institucional servía de contrapeso al poder empresarial. Si se erosiona, la correlación de fuerzas se inclina aún más hacia quienes tienen capital.
Finalmente, en un contexto de crisis económica o estancamiento productivo, este modelo atomizado deja al trabajador más expuesto: sin piso colectivo, sin respaldo fuerte, con condiciones que pueden variar drásticamente, la vulnerabilidad crece.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación va a resistir
Durante más de cuatro décadas, el gremio estuvo conducido por Rodolfo Daer, quien construyó un perfil de sindicalismo con fuerte presencia industrial, negociación sectorial y la fijación de convenios por ramo en la industria de la alimentación. La tradición del STIA fue la defensa del empleo registrado, de la negociación colectiva por actividad y de cierta estabilidad para los trabajadores del sector.
En septiembre de 2025 el gremio vivió un hito: Sergio Escalante fue electo secretario general del STIA, marcando el fin del ciclo Daer. Escalante afirmó su intención de “seguir estando en las fábricas … defender cada puesto de trabajo” y criticó que “este gobierno no estimula la industria ni el desarrollo”.
Respecto a la reforma laboral, Sergio Escalante ya manifestó preocupación y destacó que los “salarios no podemos seguir perdiendo” y que el modelo actual no favorece la producción y el trabajo. En este sentido, el actual secretario general del gremio sostiene la postura histórica del STIA de defender los derechos adquiridos y defender los mecanismos de solidaridad y negociación colectiva.
Escalante critica al proyecto del Ejecutivo de Milei y mantiene como eje la defensa del empleo registrado, de la negociación colectiva fuerte, y del sindicato como actor de masa y no sólo de delegación micro-empresa. En el marco de la reforma, el STIA representa la resistencia gremial frente a la desarticulación de los pisos por rama y la atomización de la negociación.
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Una reforma que no está orientada a formalizar empleo
Datos recientes indican que el empleo formal y registrado en Argentina acumuló 34 meses consecutivos de crecimiento hasta mayo de 2023 y alcanzó un nuevo récord en el número de trabajadores privados registrados. Más concretamente, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) al mes de noviembre de 2023 se habían generado 576.1 mil puestos registrados privados desde el mínimo post-pandemia, superando niveles anteriores.
Estas cifras permiten argumentar que, antes de la reforma, había un sendero de recuperación y formalización del empleo registrado ligado —al menos parcialmente— a fases de mayor actividad productiva.
Sin embargo: el proyecto de reforma laboral no sitúa como eje principal la creación de empleo registrado formal, sino la flexibilización, la reducción de costos para el empresario, la negociación individualizada y la mejora de “competitividad”. Tal es la conclusión de varios análisis críticos.
Es clave hacer la distinción: para que haya más empleo registrado genuino se requiere producción, trabajo y rentabilidad en el comercio interior, no sólo un cambio normativo. Si se facilita el despido, se debilita la negociación colectiva y se atomiza la negociación, el efecto puede ser que los empresarios adquieran mayor poder para ajustar, en vez de generar empleo sólido.
Si la reforma favorece la bajada de costos laborales sin garantizar un estímulo a la producción (consumo, inversión, industria doméstica) corre el riesgo de convertirse en un mecanismo que refuerza la baja de costos mediante precariedad, en vez de la formalización masiva.
En suma: el timing del récord de empleo registrado reciente sugiere que la vía de mayor empleo formal pasa por el fortalecimiento de la industria y del mercado interno; la reforma, tal como está diseñada, prioriza el coste laboral y la flexibilidad antes que la producción sustentable.
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Reorganizar la distribución de poder
Lo que está en juego con esta reforma laboral incluida en la Ley Bases no es simplemente un “ajuste” normativo, sino una real reorganización del poder en el mundo del trabajo argentino. Cuando la negociación colectiva se atomiza, cuando los sindicatos pierden influencia y cuando los mínimos por rama dejan de aplicarse de forma generalizada, los derechos laborales retroceden, y no hay garantía de que la formalización del empleo —ese empleo registrado que durante años se buscó intensificar— sea el camino natural.
Más aún: sin una política productiva que sustente crecimiento, sin inversión en industria nacional, sin estímulos al trabajo y al comercio interior, la promesa de “más empleo registrado” corre el riesgo de quedar como una fachada de “empleo flexible” a gusto patronal. Y en ese escenario, gremios como el STIA Buenos Aires se lignifican como actores centrales de resistencia —y como alertas para lo que vendrá.
Para los trabajadores, esto no es sólo una discusión de jerga técnica: es decidir si los derechos mínimos colectivos —salario, estabilidad, igualdad, negociación conjunta— quedan garantizados o se convierten en excepciones negociadas empresa a empresa. Y para el país, es decidir si el camino laboral será de producción inclusiva o de competitividad a costa de los trabajadores.
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