Alimentación cerró 6,67% y suma extraordinaria de $100.000

La FTIA acordó un aumento de 6,67% sobre escalas de los trabajadores de Alimentación y una suma extraordinaria de $100.000. El acuerdo se alinea con paritarias recientes y consolida la pauta de sumas fijas.

La Federación de Trabajadores de Industrias de Alimentación (FTIA) y la FIPAA cerraron un aumento del 6,67% sobre las escalas del CCT 244/94. Además, habrá una suma extraordinaria de $100.000 por única vez. El acuerdo con la cámara empresaria llega tras semanas de audiencias y cuarto intermedio pese a las trabas impuestas por el Gobierno de Milei. Se logró el objetivo de los paritarios de sostener el poder adquisitivo y ordenar el tramo final del año para las trabajadoras y trabajadores de Alimentación.

Cómo impacta en el recibo

El acuerdo sellado por la Federación de Alimentación (FTIA) con la cámara empresaria FIPAA fija un aumento del 6,67% sobre las escalas del CCT 244/94 y una suma extraordinaria de $100.000 por única vez. En términos de liquidación, el incremento porcentual se aplica sobre el básico vigente al momento de la firma y se integra al resto de los adicionales convencionales (antigüedad, presentismo, tareas insalubres, turnicidad), mientras que el monto fijo opera por fuera de la base de cálculo y, por lo tanto, no genera impacto en contribuciones ni en adicionales. La FTIA informó que el pago extraordinario debe abonarse dentro del mes de referencia del acta; en paralelo, las empresas comunicarán el cronograma interno según sus cierres de nómina. Para la base trabajadora, el dato relevante es que el 6,67% “se queda” en el recibo como remunerativo, en tanto que el bono funciona como refuerzo de bolsillo inmediato.

En una planta tipo con turnos rotativos, el nuevo básico impacta primero en el cálculo del presentismo (habitualmente el 13% del básico), luego en la antigüedad (generalmente 1% por año, según el convenio), y, según la organización del trabajo, en adicionales por frío, nocturnidad o tareas peligrosas. Ese “efecto cascada” es relevante para operarios con varios años de antigüedad: cada punto que sube el básico también sube la base sobre la que se recalculan esos ítems. En cambio, la suma extraordinaria, al ser no remunerativa y por única vez, no modifica la base de aportes ni el medio aguinaldo; es decir, maximiza el ingreso del mes pero no la pirámide salarial hacia adelante. El diseño del combo apunta a dos objetivos: recomponer parcialmente ingresos hoy y anclar una pauta que, llegado el caso, pueda revisarse si la dinámica de precios vuelve a acelerarse.

En establecimientos con alta dotación y dispersión de categorías —de envasado a mantenimiento, pasando por línea continua—, el 6,67% tiende a homogenizar el impacto en la estructura de costos, mientras que el bono opera como un “piso de alivio” más perceptible en las categorías bajas y medias. Por ejemplo, para un operario inicial, $100.000 puede equivaler a un porcentaje significativo de su neto mensual, mientras que para una jefatura con adicionales robustos, el extra luce relativamente menor. Esa asimetría es buscada: prioriza poder adquisitivo en los segmentos donde más se erosionó. El acta paritaria también cierra un período de tensión con audiencias y conciliación, y despeja el corto plazo en plantas que ya habían activado planes de quite de colaboración. De cara a la liquidación, recursos humanos deberán emitir recibos con el ítem extraordinario correctamente identificado para evitar su arrastre automático a meses posteriores.

Un último punto técnico: dado que el 6,67% es remunerativo, impacta en las bases para licencias y horas extra, y también en las contribuciones patronales y aportes a la obra social del sector. El bono, al no integrar la base, no recalibra esos conceptos. Esta arquitectura mixta replica la “gramática” de acuerdos de los últimos meses en otros gremios y responde a una macro con inflación desacelerada pero con precios regulados que pueden rebotar hacia fin de año. Por eso, la letra chica deja la puerta entreabierta a nuevas revisiones si los indicadores de canasta y logística presionan sobre el salario real. En concreto: mejora del bolsillo hoy, con un ancla remunerativa que preserva derechos adquiridos y un horizonte de revisión, si el escenario lo exige.

El mapa comparado: qué hicieron otros gremios

El entendimiento de Alimentación dialoga con una pauta intersectorial que combinó microajustes remunerativos y sumas fijas mensuales. Comercio homologó a mitad de año un esquema de 1% mensual no acumulativo entre julio y diciembre, más una suma fija de $40.000 por mes desde mayo, con incorporación de la cuota de diciembre al básico en enero de 2026. Ese diseño produjo un goteo de aumentos —que facilita la planificación empresaria— y un refuerzo de bolsillo estándar para los asalariados del sector, particularmente visible en categorías iniciales. En octubre, el acumulado sobre los básicos de junio es del 4% más el adicional fijo, con la particularidad de que la suma de diciembre “entra” al básico al arrancar 2026, reescalando la pirámide para el año próximo.

Bancarios, por su parte, profundizó la lógica de revisiones frecuentes: en septiembre aplicó un 2,1% adicional y llevó el salario inicial de referencia a $1.915.982,88, con montos específicos por el Día del Bancario y otros conceptos propios del convenio del sector financiero. El caso sirve para entender la dispersión intersectorial: la banca administra una estructura salarial que corre por arriba del promedio y que, por su productividad y rentabilidad, habilita gatillos más inmediatos. En términos comparados, la “foto” de octubre muestra a Bancarios con sueldos iniciales que duplican o triplican categorías de servicios y duplican categorías industriales en tramos medios, aunque con mayor presión de objetivos y meritocracia interna.

En la industria metalúrgica (UOM), septiembre cerró con un ajuste del 1% y una suma no remunerativa de $25.000, con lo que se dio por finalizado el esquema de recomposición anterior. Para octubre, las comunicaciones gremiales y empresarias aclararon que no había saltos automáticos adicionales: el “valor hora” fijado funciona como referencia, pero no implica, por sí mismo, un incremento porcentual extra. Esa precisión fue relevante para despejar confusiones en plantas donde se esperaba un 3,14% como continuidad mecánica. El trazo fino: UOM combinó porcentajes discretos con una suma fija que sostuvo nominales sin recalibrar demasiado costos patronales.

Camioneros transita una banda de aumentos mensuales ya pactados hasta febrero de 2026, con un 1,1% en octubre y 1% en los meses siguientes, a lo que se suman cartillas ampliatorias y escalas actualizadas por rama. Es un modelo de “rampa” que, si bien luce modesto en cada tramo, otorga previsibilidad a las empresas de logística y transporte y, a la vez, establece un sendero para el personal. La comparación con Alimentación, entonces, puede resumirse así: mientras Comercio y Camioneros privilegiaron microajustes encadenados con sumas fijas estándar, y Bancarios apostó a revisiones con saltos de base altos, FTIA eligió un porcentaje único moderado más un refuerzo extraordinario, con el que desactiva el conflicto inmediato y reserva la discusión mayor para la próxima revisión.

Salario de Alimentación en contexto

Con el 6,67% remunerativo y el bono de $100.000, el salario de una categoría operaria media recupera poder de compra en el mes de pago, aunque la comparación anualizada sigue condicionada por la dinámica de precios regulados (servicios y combustibles) y por la estructura de costos de la canasta básica alimentaria. En términos de “mix”, el acuerdo replica la estrategia defensiva del trimestre: un porcentaje que consolida el básico y una suma que amortigua el golpe inflacionario de corto plazo. Para las escalas bajas y medias, el efecto del bono es proporcionalmente más intenso; para puestos altos con adicionales potentes, el 6,67% resulta más determinante a la hora de recomponer ingresos de manera permanente. En uno y otro caso, la elasticidad del poder adquisitivo dependerá de cuánto del ingreso se destina a alimentos, alquileres y transporte, rubros con variaciones dispares en los últimos meses.

El contraste con Comercio ayuda a dimensionar la cancha: allí, el refuerzo mensual de $40.000 —que se incorpora al básico en enero de 2026— garantiza un “piso” de bolsillo mes a mes, con microajustes del 1% que, si bien no resuelven de una vez la pérdida pasada, alejan el riesgo de “dientes de sierra” pronunciados. Alimentación, en cambio, prefirió un bono por única vez: mayor potencia inmediata, menor arrastre futuro. Bancarios, con inicial arriba de $1,9 millones, es prácticamente otra liga: su dinámica sirve como faro político y mediático, pero su estructura no es trasladable linealmente a la industria alimenticia. UOM y Camioneros, con sus propios senderos de 1% y 1,1% y montos fijos acotados, contribuyen a consolidar una pauta de “gradualismo defensivo”. La conclusión de trabajo es que el salario de Alimentación se sostiene en el pelotón medio-alto industrial, pero sin el despegue que muestran sectores con mayor productividad y concentración.

El verdadero termómetro estará en la próxima revisión. Si la inflación de alimentos desacelera y los regulados no presionan en bloque, el 6,67% puede “durar” más de lo que marcó la experiencia 2023–2024; si ocurre lo contrario —reacomodamiento de tarifas, suba de combustibles y tensión logística—, el acuerdo puede requerir una reapertura temprana. Un dato subestimado es la puja por márgenes en la cadena: muchas plantas absorbieron costos de insumos importados y fletes en meses previos y recién ahora normalizan inventarios. En ese contexto, el salario real del sector dependerá de la combinación de paritaria, productividad interna y demanda: con consumo masivo volátil y una canasta que muestra dispersiones fuertes entre primeras y segundas marcas, la recomposición no es lineal. Lo inmediato, para cada trabajador o trabajadora, será ver el neto del mes en el recibo y confirmar que la estructura de adicionales refleje correctamente el nuevo básico.

Qué mirar hacia adelante

El acuerdo de Alimentación despeja el corto plazo pero no clausura la discusión. En el tablero inmediato figuran tres casilleros: el calendario de revisión, la interacción con el resto de los gremios “faros” (Comercio y Bancarios) y el frente político-laboral donde el Gobierno anunció su proyecto de reforma. En el primer plano, lo central es el monitoreo de la inflación núcleo y los precios regulados: si el deslizamiento mensual se mantiene bajo, la negociación podría correrse a fin de año; si repunta, la FTIA tendrá que adelantar la mesa para defender la base salarial. Del lado intersectorial, cualquier reapertura de Comercio o una nueva actualización bancaria tiende a elevar la vara y condiciona expectativas en la banca de alimentos y bebidas. Del lado empresario, la señal buscada es previsibilidad: microajustes o porcentajes moderados que permitan proyectar costos sin sobresaltos.

El segundo casillero es operativo: muchas plantas están migrando su gestión de liquidación a esquemas más finos, con parametrización de adicionales y trazabilidad del presentismo. Allí, la correcta identificación del bono extraordinario como concepto no remunerativo por única vez es crucial para evitar judicialización o arrastres involuntarios a meses siguientes. Además, la rotación de personal en segmentos de temporada obliga a estandarizar criterios de proporcionalidad del bono para ingresos o egresos en el mes de pago. La FTIA, en tanto, monitorea el cumplimiento con sus seccionales y no descarta mesas específicas en empresas con particularidades productivas (frío, conservación, líneas continuas) donde la turnicidad es parte estructural de la remuneración. En paralelo, el flujo exportador de algunas categorías —especialidades, aceites, bebidas— condiciona la elasticidad para nuevos aumentos: un rebote del tipo de cambio o un encarecimiento de insumos importados puede tensionar márgenes.

El tercer casillero es político: la reforma laboral que el Ejecutivo anticipó en el marco del Presupuesto 2026 incorpora nociones como “salarios dinámicos” (ajustes atados a desempeño), mayor flexibilidad para convenios por empresa y cambios en período de prueba e indemnizaciones. Esas ideas, si prosperaran, alterarían la arquitectura de la negociación colectiva tal como se consolidó en los últimos años y podrían desplazar parte de la discusión desde el convenio sectorial hacia acuerdos intraempresa. Para la industria de alimentación —con plantas de tamaños muy disímiles y cadenas de valor fragmentadas—, ese giro implicaría un escenario de mayor heterogeneidad y, previsiblemente, más conflictividad. Por eso, la pauta de las próximas semanas combinará gestión de recibos, cumplimiento del bono y vigilancia del Congreso.

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Desafíos para la FTIA: CGT, representación industrial y reforma laboral

La agenda inmediata de la FTIA excede la liquidación de haberes: la central obrera llega a su congreso de renovación de autoridades el 5 de noviembre con discusiones abiertas sobre formato de conducción (triunvirato o secretaría única) y sobre el perfil político que debe encarar el próximo período. Para la Federación de la Alimentación, el desafío es doble. Por un lado, asegurar una voz nítida del complejo industrial en la mesa de decisiones de la CGT —un candidato surgido del entramado fabril que ponga en primer plano empleo, productividad y salarios—. Por el otro, articular una estrategia que frene o condicione el proyecto oficial de reforma laboral, cuyo corazón apunta a flexibilizar convenios y a introducir esquemas de “salarios dinámicos” atados al rendimiento individual. La ingeniería política será tan importante como la técnica: sin volumen cegetista, la negociación se achica; sin propuestas concretas, la defensa queda en puro reflejo.

La renovación de autoridades en la CGT se dará, además, con un telón de fondo nacional enrarecido: el Ejecutivo apura señales pro-mercado y promete reformas estructurales para tranquilizar a inversores, pero enfrenta un Congreso fragmentado y un humor social volátil. En ese entorno, la Federación necesita construir alianzas horizontales con gremios industriales (metalúrgicos, químicos, papeleros) y verticales con seccionales fuertes en polos alimenticios, para que la voz del sector no se diluya en una narrativa puramente de servicios. Un eventual representante de la rama industrial en la conducción de la CGT permitiría llevar al centro de la agenda cegetista las particularidades de la producción de alimentos: turnos continuos, incorporación tecnológica, requisitos sanitarios y estacionalidad en algunas categorías. Con esa base, la Federación podría ingresar al debate sobre productividad sin resignar derechos, discutiendo métricas transparentes, inversión en capacitación y cláusulas de salvaguarda para evitar arbitrariedades.

En el plano legislativo, la FTIA encara un trabajo de hormiga. El capítulo laboral del Presupuesto y los borradores oficiales mencionan convenios por empresa, ampliación del período de prueba y cambios en el sistema indemnizatorio. El concepto de “salario dinámico” es el más disruptivo: movería la aguja de la paritaria hacia el rendimiento individual, con el riesgo de quebrar la lógica de pisos sectoriales y, en la práctica, abriría la puerta a una competencia interna por objetivos en plantas donde la línea ya funciona bajo ritmos exigentes. La Federación proyecta articular con otros gremios industriales una propuesta alternativa: actualizar pisos por productividad colectiva medible (no por arbitraje de jefaturas), reforzar formación profesional para verdaderas mejoras de eficiencia y defender la negociación sectorial como regla, dejando los acuerdos por empresa para innovaciones puntuales, con homologación estatal. Ese es el dilema de época: cómo modernizar sin precarizar, y cómo ganar competitividad sin diluir la negociación colectiva que, en la Argentina, no es un capricho sino un dispositivo de paz social.

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