Cae el empleo y se apaga la industria en la era Milei
El empleo asalariado y la producción industrial se hunden. Inflación alta, salarios en retroceso y un modelo económico en crisis antes de las elecciones.
Cae el empleo y se apaga la industria en la era Milei
El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento crítico. Los datos más recientes muestran que el empleo asalariado formal cayó en julio a su nivel más bajo desde el inicio de la gestión, con más de 200.000 puestos perdidos. El deterioro del mercado laboral se combina con un estancamiento productivo, inflación persistente y un consumo en caída libre.
El retroceso del empleo formal no solo refleja el impacto directo de las políticas de ajuste y desregulación, sino también el desmantelamiento de los mecanismos de protección laboral. Las empresas reducen personal, los contratos se precarizan y miles de trabajadores migran hacia la informalidad. Menos empleo estable significa menos consumo y una economía que se repliega sobre sí misma.

En paralelo, la industria argentina se encuentra al borde del letargo. La utilización de la capacidad instalada volvió a caer y ya se ubica por debajo del 60 %, con sectores clave como plásticos, textiles y autopartes funcionando con fuerte subutilización. Muchas pequeñas y medianas empresas suspenden turnos, paralizan líneas o directamente cierran, incapaces de competir con la apertura comercial y la caída de la demanda interna.
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Vuelve a subir la inflación
La inflación, que el gobierno había logrado moderar a mediados de año, volvió a acelerarse. Los precios suben más rápido que los salarios, y el poder adquisitivo se erosiona mes a mes. El costo de vida aumenta especialmente en vivienda, transporte y alimentos, golpeando con más fuerza a los hogares de ingresos medios y bajos.
En este contexto, los organismos internacionales redujeron las proyecciones de crecimiento y anticipan una inflación mayor a la prevista. El discurso oficial insiste en que la recesión es el “costo necesario” del saneamiento fiscal, pero la realidad muestra un país con menos empleo, menos producción y salarios que no alcanzan.

A las puertas de las elecciones legislativas, el deterioro económico se vuelve un factor político decisivo. La promesa de libertad económica y eficiencia estatal contrasta con la experiencia cotidiana de millones de personas que ven cómo se achican sus ingresos y se vacían sus lugares de trabajo.
Mientras el gobierno celebra la baja del déficit y los indicadores financieros, el costo social de la motosierra se acumula en fábricas paralizadas, changas inestables y mesas cada vez más flacas. El riesgo, a esta altura, no es solo económico: es que el malestar social se transforme en una factura política difícil de saldar.
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