El gobierno de Milei avanza contra el derecho a huelga por decreto de forma inconstitucional

El decreto del gobierno para restringir el derecho de los trabajadores a protestar contradice principios constitucionales, tratados internacionales y pone a Argentina en riesgo de un peligroso retroceso democrático.

En un nuevo capítulo de confrontación con los sectores sindicales, el gobierno de Javier Milei restringió por decreto el derecho a huelga, bajo el pretexto de asegurar el funcionamiento de los «servicios esenciales». Aunque el discurso oficial se ampara en la necesidad de orden, productividad y “libertad”, lo que se plantea es un avance directo sobre uno de los derechos más importantes de la democracia moderna: el derecho a la protesta colectiva.

Una garantía constitucional bajo ataque

La Constitución Nacional argentina, en su artículo 14 bis, no deja lugar a dudas: “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador (…) la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, y el derecho de huelga”.

La jurista constitucionalista María Angélica Gelli advierte:

“Cualquier intento por limitar el derecho de huelga debe pasar por un análisis de estricta legalidad y proporcionalidad. No se puede vaciar de contenido una garantía constitucional bajo el argumento de proteger otros derechos, sin violar el principio de razonabilidad.”

En la misma línea, el abogado laboralista Héctor Recalde sostiene:

“Estamos frente a una iniciativa claramente regresiva, que choca no sólo con la Constitución sino también con los convenios internacionales que Argentina ha ratificado.”

Entre esos tratados se destaca el Convenio 87 de la OIT, que protege la libertad sindical, y el Convenio 98, que resguarda el derecho a la negociación colectiva. Ambos tienen jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22).

Una historia de lucha que no se puede borrar

El derecho a huelga en Argentina no es sólo una cuestión legal, sino también histórica. Fue un instrumento central en la conquista de derechos laborales durante el siglo XX. Desde las huelgas ferroviarias de los años ’20 hasta las grandes movilizaciones obreras de los ’70, pasando por las luchas de los ’90 contra las privatizaciones, el conflicto colectivo ha sido una herramienta de equilibrio ante gobiernos de todos los signos.

Intentos por limitarlo no son nuevos. Durante la última dictadura militar (1976-1983), se prohibieron las huelgas y se intervino sistemáticamente a los sindicatos. En democracia, el menemismo también intentó cercenar derechos laborales bajo la lógica del ajuste estructural. Hoy, el proyecto libertario revive ese ideario.

“Cuando los gobiernos buscan gobernabilidad a costa de los derechos colectivos, están erosionando los fundamentos del Estado de Derecho”, recuerda el historiador del trabajo Julio Gambina.

Comparaciones internacionales que preocupan

Mientras en países como Alemania o Francia las huelgas en sectores clave están reguladas pero no prohibidas, en Argentina el nuevo proyecto propone una definición excesivamente amplia de «servicios esenciales», que incluye a la educación, el transporte público, la justicia y hasta la administración pública general.

Esto contrasta incluso con los criterios de la OIT, que considera esencial únicamente aquello cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población —como hospitales, suministro de agua potable o control de tráfico aéreo.

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS):

“La propuesta del Ejecutivo argentino sobrepasa los estándares internacionales y puede ser interpretada como una forma indirecta de criminalización del derecho de protesta.”

En países como Chile o Brasil, los intentos por restringir huelgas han sido moderados por sus tribunales constitucionales, que han fallado a favor de proteger la protesta sindical como parte integral del sistema democrático.

¿Democracia sin derechos?

El gobierno de Milei ha convertido a los gremios en su antagonista principal. No es casual que esta ofensiva llegue en paralelo con otras medidas como la desregulación del mercado laboral, los recortes al financiamiento estatal y la represión de manifestaciones sociales. Todo forma parte de una misma estrategia de disciplinamiento social bajo el ropaje de la «modernización».

Pero limitar el derecho a huelga no solo ataca a los sindicatos: ataca a todos los ciudadanos. Si los trabajadores no pueden ejercer presión colectiva ante decisiones injustas, el equilibrio de poderes se rompe, y la democracia se vacía de contenido.

“Una democracia sin huelga es una democracia sin disidencia real”, concluye la socióloga Ana Castellani. “El derecho a parar es también el derecho a ser escuchado.”

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Sin huelga, no hay paritaria: los trabajadores ante un callejón sin salida

Más allá del plano jurídico y simbólico, limitar el derecho a huelga tiene consecuencias inmediatas y concretas para la vida cotidiana de millones de trabajadores y trabajadoras. En particular, afectaría gravemente su capacidad de discutir paritarias libres y de acceder a mejoras salariales genuinas.

En la práctica, las huelgas o los anuncios de plan de lucha, muchas veces, el único mecanismo eficaz que tienen los gremios para destrabar negociaciones bloqueadas o presionar a empleadores reticentes a actualizar los sueldos frente a la inflación. Sin esa herramienta, las paritarias se transforman en simples reuniones formales donde la parte patronal impone condiciones sin consecuencias.

El caso del gremio de Alimentación, que agrupa a más de 80.000 trabajadores de la industria alimenticia, ilustra con claridad esta dinámica. Durante el último trimestre, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) se enfrentó a una fuerte resistencia por parte de las cámaras empresarias para reabrir la negociación salarial, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo acumulada por la inflación.

Según fuentes del sindicato, el sector empresario sólo accedió a discutir una actualización de salarios cuando se anunciaron paros escalonados y asambleas en fábricas clave del país.

“Sin conflicto, no había ni negociación. Y sin negociación, los salarios seguían congelados”, afirmó un delegado de la planta Arcor en Córdoba. “El derecho a huelga es nuestra última herramienta frente a la indiferencia empresarial.”

De prosperar el proyecto del gobierno, este tipo de medidas de fuerza podrían quedar prohibidas o vaciadas de legalidad en amplios sectores, incluyendo actividades productivas estratégicas como alimentos, transporte o logística. Eso significaría, en términos reales, una pérdida absoluta de poder de negociación para los trabajadores.

El modelo que impulsa el oficialismo busca transformar el esquema paritario en una instancia puramente simbólica, donde las patronales ya no tengan incentivos para acordar. En un contexto inflacionario, esto puede llevar a una pérdida sostenida del poder adquisitivo y a una mayor precarización.

Para los especialistas en relaciones laborales, esto no solo agravaría la desigualdad, sino que también podría desatar una conflictividad social más caótica y sin canales institucionales, al dejar sin cauce legal los reclamos colectivos.

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