Inflación en alimentos: Las Pymes industriales apoyaron la Ley de Góndolas

Los representantes de las pequeñas y medianas industrias también se posicionaron a favor de limitar «la presión inflacionaria» que generan las empresas alimenticias, y respaldaron la Ley de Góndolas. Así se sumaron a los sectores que piden controlar a las gigantes del sector.

Los industriales de las pequeñas y medianas industrias se sumaron a apoyar las medidas para controlar la presión inflacionaria que generan las empresas alimenticias, al acordar subas a espaladas de los consumidores, junto a las grandes cadenas de supermercados.

Esta vez fue el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) quien indicó que «el control de precios es importante porque es un paso anterior al cumplimiento total de la Ley de Góndolas».

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, consideró así necesario un acuerdo de precios «que le ponga límites a la presión inflacionaria», por lo cual respaldó que se aumenten los controles en toda la cadena de producción y distribución.

La Ley de Góndolas, la solución

De acuerdo a lo que expresó el dirigente en un comunicado, «el cumplimiento de la Ley de Góndolas, con oferta variada en los productos que se ofrecen, será la superación de las medidas de fiscalización estricta, que son necesarias en la urgencia».

«El control de precios es importante porque es un paso anterior al cumplimiento total de la Ley de Góndolas, en donde la oferta de al menos cinco proveedores por producto, en los casos en donde existiera esa oferta, permitirá variantes”, dijo Rosato.

El dirigente industrial se sumó así al apoyo de trabajadores y referentes políticos y sociales para combatir la inflación evitando incrementos masivos, y abriendo las puertas a pymes que tienen capacidad de ser competitivas en el mercado.

Es que las gigantes alimenticias, como Arcor, Molinos, Mondelez y Mastellone, junto a la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL) siguen presionando para poder aumentar precios por encima de la inflación, trasladando costos internacionales a sus productos.

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La intransigencia patronal ya pega en la canasta básica

La insistencia de la patronal alimenticia para seguir subiendo precios comenzó, de hecho, a impactar de lleno en la canasta alimentaria, que define si una familia se encuentra, o no, bajo la línea de la pobreza.

En este sentido, cabe destacar que las empresas alimenticias suben precios, más allá de los controles, y de hecho las subas del sector, en enero y febrero, lideraron la inflación, por las subas por encima del promedio inflacionario del mes.

Las alimenticias señaladas por el Gobierno son, en este sentido, Arcor, AGD, Molinos Ríos de la Plata, Nestlé, Ledesma, Danone, Granja Tres Arroyos, Paladini, Cabrales, Quilmes, Mastellone, Molinos Cañuelas, Bunge, Casamen, Morixe Hermanos, Mondelez.

Sin embargo, apenas cuatro de ellas concentran el 90% de la producción y la comercialización de los productos alimenticios del país, haciendo que se genere una monopolización que impacta en la suba de precios de los productos, por acuerdos a espaldas de los consumidores.

Acuerdo de precios y salarios

El dirigente de IPA afirmó, además, que los industriales pymes están «dispuestos a poner el hombro, como se hizo hasta el momento, incluso superando situaciones de crisis profunda, para lograr la estabilidad macroeconómica”.

De parte de la COPAL, el presidente de la entidad patronal, Daniel Funes de Rioja, por su parte, salió a pedir que se termine el congelamiento de precios para que las alimenticias sigan subiendo precios y acumulando ganancias, como hasta ahora.

En este sentido, Rosato respaldó la decisión del Gobierno de proteger a las pymes a través de la administración del comercio exterior y de incentivos para la producción, cambiando el eje de la protección y beneficios a las gigantes del sector, del gobierno de Cambiemos.

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Siguen amenazando con desabastecer

Durante la semana anterior las empresas de alimentos y bebidas reclamaron al Gobierno medidas estructurales frente a la “difícil” situación que está atravesando la industria y advirtieron sobre “las consecuencias” de extender los congelamientos de precios vigentes.

Esas consecuencias, sonaron a advertencia y presión, en forma de desabastecimiento, para generar malestar y caos social, a través de un modus operandi tradicional de las gigantes del sector, a las que la COPAL representa.

A través de un comunicado, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) manifestó que hace casi un año que el sector está afectado por el “estricto congelamiento” de precios.

El representante de los industriales, Rosato, salió a responder al referente de las empresas alimenticias: “Sabemos de demoras puntuales en el abastecimiento, pero se solucionan con la intervención directa del Estado”, sostuvo el dirigente.

Por otra parte, el industrial destacó la importancia de «alinear la reactivación de los distintos sectores a toda la actividad económica», lo que implica «ser solidarios entre todos para que aquellos que iniciaron la reactivación puedan beneficiar a quienes se encuentran relegados”.

Para Rosato las pymes industriales deben ser el motor del mercado interno y a la vez engranaje de las grandes empresas para que, juntas, dinamicen el mercado laboral registrado.

La salida, La Ley

En tal sentido, celebró que la Ley de Góndolas comience a implementarse en los supermercados y que haya entrado en vigencia desde el 15 de marzo, para frenar la avanzada del sector patronal de las empresas alimenticias.

El principal objetivo de la norma es que los productos sean claros y transparentes para los consumidores y que los clientes puedan tener a elección una variedad de marcas en los distintos artículos y categorías.

Ello evitaría prácticas comerciales que puedan perjudicar la competencia. Así, todos aquellos supermercados con una superficie mínima de 800 metros cuadrados de espacio de venta al público deberán ofrecer en sus góndolas, al menos, cinco productos de distintas empresas.

Además, un 25 por ciento del espacio de cada categoría deberá ser provisto por micro y pequeñas empresas, mientras que un cinco estará reservado a las empresas de la agricultura familiar, campesina, indígena, de la economía popular, cooperativas y mutuales.