Lesa Humanidad: Imputan al dueño de Las Marías por privación de la libertad
Tras la absolución en la causa por delitos de Lesa Humanidad, abrieron una nueva instancia contra los dueños de Las Marías, por privación de la libertad a trabajadores alimenticios del STIA, durante la dictadura.
Adolfo Navajas Artaza, ex presidente de Las Marías, fue denunciado por privación ilegal de la libertad.
Se trata de una nueva causa que tiene como víctimas a seis trabajadores de la empresa.
La instancia se abrió tras la absolución de los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Barado.
La nueva causa se inició por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Gobernador Virasoro durante los años de la dictadura cívico-militar.
Esa causa tuvo como víctimas a trabajadores rurales y de la industria de la Alimentación.
Los señalados fueron, también, las autoridades de la empresa Las Marías y sus subsidiarias.
La causa Las Marías
Esta semana se abrió una nueva instancia por delitos de privación de la libertad.
Sin embargo, en la “Causa Las Marías”, el Tribunal Oral Federal de Corrientes absolvió al único imputado.
Torres Queirel, era en 1977 administrador de “La María Aleida”, proveedor de Las Marías.
Allí fue secuestrado, el 29 de junio de ese año, Marcelo Peralta junto a Neris Pérez.
Ambos eran dirigentes de la Federación de Trabajadores Rurales (FATRE).
En los 70 la organización estaba junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
Ambos gremios desnudaron la explotación laboral en la principal empresa yerbatera del mundo, propiedad de la familia Navajas Artaza.
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Apelación y nueva causa
La Fiscalía Federal de Corrientes apeló la sentencia.
Pero, además, recientemente denunció a Adolfo Navajas Artaza.
El ex presidente de Las Marías, fue considerado responsable de privación ilegal de la libertad agravada.
Allí serían víctimas Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena.
Todos ellos, trabajadores rurales vinculados a sus empresas yerbateras, sindicalizados en Fatre y STIA.
La sospecha es que fueron secuestrados y torturados durante la última dictadura cívico-militar.