La caída industrial ya destruyó más de 100.000 empleos

Un informe del Grupo Atenas estima 73.000 empleos directos perdidos y otros 30.000 indirectos. El conurbano y el interior productivo, los más golpeados.

La desindustrialización que viene registrando la economía argentina desde el inicio de la gestión Milei ya tiene un número concreto: más de 100.000 puestos de trabajo destruidos, entre empleos directos e indirectos. Así lo advierte un informe del Grupo Atenas elaborado por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, que además pone el foco en la imposibilidad de que otros sectores compensen lo que la industria sigue perdiendo. Para el sector alimentario y sus trabajadores, el dato no es ajeno: la manufactura de alimentos y bebidas integra la misma trama productiva que se está desarmando, con proveedores, logística y comercio de proximidad que sufren el mismo deterioro.

La cadena que se rompe

Un relevamiento del Grupo Atenas cuantifica la pérdida en más de 100.000 empleos vinculados a la caída de la producción manufacturera: 73.000 puestos registrados directos y otros 30.000 indirectos ligados a insumos, servicios, logística, comercio y construcción.

El informe subraya que mirar solo el empleo directo «se queda corto». Según los economistas, la industria funciona como un nodo central dentro de la estructura productiva: cuando se genera —o se destruye— un empleo industrial, se activa una cadena completa de actividades económicas. Esa lógica aplica con especial fuerza al sector de alimentos y bebidas, donde cada planta elaboradora moviliza a proveedores de materias primas, empresas de transporte, depósitos y una red de comercios que distribuyen la producción.

El informe destaca que más de la mitad de los departamentos del país perdieron empleo industrial. «Cuando una fábrica cierra, no cierra sola: arrastra al proveedor, al transportista, al comercio del barrio», señaló Pollera en declaraciones a Ámbito. El diagnóstico describe un fenómeno que no se concentra en una región sino que se distribuye por el conurbano bonaerense y los distritos del interior productivo, afectando a las mismas comunidades donde están radicadas buena parte de las industrias alimentarias del país.

Sin reemplazo posible

La narrativa oficial de que los empleos perdidos en la industria se compensan con crecimiento en otros sectores no encuentra respaldo en los datos. El agro generó apenas unos 10.000 puestos de trabajo en el período analizado, mientras que en la energía y la minería el saldo fue negativo: se perdieron más empleos de los que se crearon.

El panorama es especialmente crítico en la provincia de Buenos Aires, corazón de la industria manufacturera nacional. Según el informe, 46.000 puestos de trabajo formales desaparecieron solo en territorio bonaerense, y buena parte de esos trabajadores terminaron en la informalidad, con menos salario y sin acceso a derechos laborales.

La pérdida de empleo registrado implica trabajadores que salen del sistema de obras sociales, de la cobertura de los convenios colectivos y del amparo sindical.

Un problema político que se profundiza

El informe del Grupo Atenas advierte que el desmantelamiento industrial genera efectos negativos persistentes: obsolescencia de instalaciones, deterioro del capital humano técnico y un clima adverso para la inversión. El cambio permanente en las reglas de juego, según el documento, genera inestabilidad macroeconómica, desalienta la inversión y profundiza la fragilidad productiva.

El deterioro también tiene traducción política. Una encuesta del consultor Hugo Haime revela que el 56% de los argentinos considera que el próximo presidente debería implementar una política de estabilidad económica con fortalecimiento de la industria nacional y generación de empleo. Solo un 23% optó por continuar con el modelo económico actual, y un 18% prefirió fortalecer el rol del Estado para atender ingresos y trabajo.

Los números de la encuesta expresan algo que en las organizaciones sindicales se viene diagnosticando desde hace meses: el consenso en torno a las políticas de ajuste se está erosionando, y la demanda social por una industria nacional activa, con empleo de calidad y salarios que acompañen la inflación, gana terreno. La pregunta que queda abierta es si el gobierno nacional tiene margen —o voluntad— para escuchar esa señal antes de que el daño se vuelva irreversible.

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