Alimentación marcha a 50 años de la última Dictadura Cívico – Militar

El STIA Capital convoca a concentrarse a las 9 en la sede del sindicato para sumarse a la movilización de la CGT en Plaza de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia.

Este martes 24 de marzo se cumplen exactamente cincuenta años del golpe de Estado cívico-militar que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Una fecha que sacude la memoria colectiva de un pueblo que aprendió, a fuerza de dolor, que el «Nunca Más» no es una frase: es una consigna de lucha permanente. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA Capital) convocó a concentrarse a las 9 de la mañana en la sede del gremio, para sumarse a las 11 a las columnas que confluirán hacia Plaza de Mayo junto a la CGT y las organizaciones de derechos humanos.

El 24 de Marzo en la memoria colectiva argentina

Cada 24 de marzo, la Argentina se detiene. No por decreto ni por formalidad institucional, sino porque existe en el cuerpo social una herida que cincuenta años no han cerrado. Ese día de 1976, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e inauguró el período más oscuro de la historia del país: la autodenominada «Reorganización Nacional» que se extendería hasta diciembre de 1983.

El 24 de marzo de 1976 inauguró un programa económico que transformó la estructura productiva, debilitó el poder de los trabajadores y consolidó la valorización financiera, cuyos efectos todavía atraviesan problemas crónicos como la deuda, el retroceso salarial y el acceso a la vivienda. Pero más allá de sus consecuencias materiales, esa fecha representa en la memoria colectiva el punto de partida de un plan sistemático de exterminio que tuvo como blanco al pueblo organizado.

A cincuenta años del golpe, la disputa simbólica en torno al pasado —pero también al presente y el porvenir— busca erosionar uno de los consensos más firmes del período posdictatorial: el Nunca Más. En ese escenario, la movilización popular adquiere un significado que trasciende la conmemoración: es una afirmación colectiva de que la democracia, los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores no son conquistas definitivas sino territorios que hay que defender todos los días.

Miles de ciudadanos marcharán este martes hacia la Plaza de Mayo, punto de encuentro de los distintos colectivos y partidos que partirán desde múltiples lugares de la ciudad, con el acto central programado para las 16.30. Las convocatorias se multiplicarán en todo el país, desde Rosario hasta Mendoza, desde La Plata hasta Neuquén, en una jornada que el pueblo argentino vive como propia, año tras año, con la misma intensidad que el primer día.

Un golpe contra la clase trabajadora: la represión sindical

La dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 fue un ataque total contra la clase trabajadora. Antes de cumplirse un mes del asalto al gobierno, esa dictadura llevó adelante su propia reforma laboral: congeló la actividad gremial, suspendió el derecho a huelga y las paritarias.

El mismo 24 de marzo de 1976 se suspendió el derecho de huelga y se prohibió la actividad política y sindical. En menos de un mes se hizo desaparecer varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y se modificaron otros, quedando básicamente anulados todos los principios que establecían usos y costumbres más favorables al trabajador. Se eliminó la actualización periódica del Salario Mínimo Vital y Móvil, se generaron condiciones para favorecer la tercerización y se desreguló la inversión extranjera otorgando igualdad al capital foráneo sobre el nacional.

Para la última dictadura militar, su principal enemigo estaba en el mundo del trabajo: seis de cada diez víctimas de la junta militar eran delegados de base, integrantes de comisiones internas o simplemente activistas. Según investigadores y dirigentes sindicales, las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor del plan de la cúpula empresaria, que buscaba disciplinar al movimiento obrero para reemplazar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones por uno basado en la valorización financiera.

De acuerdo con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el 30,2% de los desaparecidos eran obreros, el 17,9% empleados y el 5,7% docentes. Los gremios más perseguidos fueron los metalúrgicos y mecánicos, además de los empleados de servicios públicos como transporte, ferrocarril y Luz y Fuerza. El 81% de las personas desaparecidas tenía entre 16 y 35 años.

El sector alimentario no fue ajeno a este zarpazo represivo. Las compañeras y los compañeros aceiteros de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, sufrieron directamente la violencia de la dictadura. Para sostener la vinculación de Molinos Río de la Plata con los secuestros, los fiscales analizaron el contexto laboral y la coyuntura político-sindical, destacando la persecución sistemática de la dirección contra trabajadores con actividad político-sindical. Esos expedientes judiciales, que hoy avanzan como causas de lesa humanidad, son parte de la deuda de justicia que el movimiento obrero sigue reclamando.

Hacia marzo de 1977 se formaba la Comisión de los 25, integrada por sindicatos medianos como alimentación, estatales, camioneros, gastronómicos, Luz y Fuerza, mecánicos y telefónicos, entre otros. Fue esa misma resistencia silenciosa, construida en las seccionales, en los comedores, en las asambleas clandestinas, la que fue sembrando el camino de regreso a la democracia.

Los objetivos económicos de la Dictadura Cívico-Militar

El golpe del 76 no fue solamente una operación militar: fue un proyecto de refundación económica y social. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 comenzó a implementarse un conjunto de medidas económicas que produjeron transformaciones sustanciales en el funcionamiento de la economía argentina, modificando el peso y el balance de poder entre sectores e intereses económicos, locales y externos, dando paso a un tipo de economía que se diferenciaría claramente de la prevaleciente en la etapa sustitutiva de importaciones.

El ministro de Economía designado por la Junta, José Alfredo Martínez de Hoz, anunció el 2 de abril de 1976 su programa de «recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina». El manejo de la economía por parte de la Junta Militar dejó secuelas casi irreversibles: la contracción de una enorme deuda externa, la reprimarización de la economía, la destrucción de la industria argentina y su reemplazo por un modelo de acumulación financiero.

La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones y cese de la promoción de exportaciones industriales.

Al mismo tiempo que atacó a la clase trabajadora, la dictadura aplicó una política de desindustrialización, apertura de importaciones y de desregulación de sectores cruciales de la economía, como el capital financiero, con la Ley de Entidades Financieras que continúa vigente hasta hoy. Son rasgos de la política de miseria planificada que denunció Rodolfo Walsh en 1977, donde señaló que en el primer año la dictadura había reducido el salario real un 40%, disminuido la participación de los trabajadores en el ingreso nacional al 30%, y elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar.

Los resultados generales de este plan fueron muy claros: la participación de los trabajadores en el ingreso nacional bajó del 45% en 1974 al 26% en 1983, la deuda externa evolucionó de 9.738 a 45.038 millones de dólares, y la población en hogares pobres aumentó del 3,2% al 28% del total entre 1974 y 1982.

En 1976 la deuda externa pública era de 6.648 millones de dólares; cinco años más tarde, cuando Martínez de Hoz dejaba su cargo, el país debía 35.671 millones. A fines de 1983, los compromisos externos totales pasaban de 9.739 millones a 45.069 millones de dólares. Cada habitante del país, que debía 320 dólares en 1976, llegó a cargar con una deuda de 1.500 dólares en 1983.

La dictadura se proponía inclinar definitivamente la balanza de poder a favor de las élites agrarias y de grandes grupos económicos y financieros locales y empresas transnacionales, cercenando la industria nacional y el mercado interno, sede de la fuerza del movimiento obrero y de los sectores empresarios vinculados a su desarrollo. Para eso necesitaban destruir primero la organización obrera, y lo hicieron con una ferocidad sin precedentes en la historia argentina.

Memoria, Verdad y Justicia: una conquista que no admite retrocesos

A cincuenta años del golpe, la tríada Memoria, Verdad y Justicia no es solo una consigna histórica: es el programa político más importante que construyó la democracia argentina. Cada uno de esos tres valores representa una batalla que continúa librándose en los tribunales, en las escuelas, en las calles y en la disputa cotidiana por el relato del pasado.

En los días previos a la marcha se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña «Florecerán pañuelos». La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados para que florezcan historias en todos los rincones del país.

Por primera vez desde la recuperación democrática, desde el propio Estado argentino se relativiza o directamente se niega el terrorismo de Estado que ejerció la dictadura que hace medio siglo ocupó el poder. En ese contexto, la marcha del 24 de marzo adquiere una dimensión política que va más allá de la conmemoración: es una respuesta popular al negacionismo que avanza desde las instituciones.

A 50 años del golpe cívico-militar, el escenario de disputas simbólicas en torno al pasado busca erosionar uno de los consensos más firmes del devenir posdictatorial: el Nunca Más. Los organismos de derechos humanos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense, H.I.J.O.S. y decenas de organizaciones mantienen viva la exigencia de saber dónde están los 30.000 detenidos-desaparecidos, de restituir la identidad de los nietos apropiados y de llevar ante la Justicia a cada responsable civil y militar de los crímenes de lesa humanidad.

A las 16.30 del 24 de marzo será el acto central en Plaza de Mayo, con la presencia de referentes de los organismos como «Taty» Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.

La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia es también la lucha por el presente. No hay Nunca Más posible sin trabajo digno, sin salario justo, sin derechos conquistados. La clase trabajadora lo sabe y por eso, cada 24 de marzo, vuelve a las calles.

La lucha del pueblo trabajador sigue viva

Lo hizo el movimiento obrero con Saúl Ubaldini a la cabeza en 1982, en el punto de quiebre donde empezó a caer la dictadura. Lo volvió a hacer con la larga resistencia en los 90 contra el neoliberalismo, que culminó con la rebelión popular de 2001. Lo volvimos a hacer construyendo unidad y rechazando las reformas previsional y laboral durante el macrismo, y lo estamos haciendo ahora, con el Frente de Sindicatos Unidos y en cada lucha por salario, trabajo y cada uno de nuestros derechos que surge y crece en todo el territorio nacional.

La CGT destaca la figura icónica de Saúl Ubaldini, quien durante la dictadura se erigió como un defensor incansable de los derechos de los trabajadores, convirtiéndose en un símbolo de la recuperación democrática y, sobre todo, de la esperanza en un mundo mejor. Esa tradición de lucha es la que el sindicalismo argentino lleva en la sangre y en los huesos, la que no pudo ser doblegada ni por la represión más brutal de la historia.

La CGT expresó públicamente: «A 50 años del Golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos».

A 50 años del inicio de la dictadura genocida, que pulverizó los salarios, destruyó la industria y multiplicó la deuda externa, el movimiento sindical reafirma su compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Es parte de un camino que se recorre junto al resto de la clase trabajadora, codo a codo con los familiares de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Por eso se exige que avancen los juicios de lesa humanidad para investigar y castigar la responsabilidad empresaria en esos crímenes.

La lucha del pueblo trabajador no es un recuerdo del pasado. Es una práctica del presente. La industria de la alimentación, que produce los bienes esenciales que llegan a cada mesa argentina, tiene una historia de resistencia y también tiene un compromiso con el futuro. Ese futuro se construye marchando.

Alimentación presente: el STIA convoca a Plaza de Mayo

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA Capital) mantuvo históricamente su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la memoria de los trabajadores y las trabajadoras víctimas de la dictadura. Este 24 de marzo, en la jornada histórica que marca el quincuagésimo aniversario del golpe cívico-militar, el gremio de Alimentación ratifica ese compromiso con presencia activa en las calles.

La convocatoria del STIA Capital establece dos momentos de concentración. A las 9 de la mañana, las trabajadoras y los trabajadores de la industria de la alimentación deberán reunirse en la sede del sindicato en la Ciudad de Buenos Aires. La concentración inicial permitirá organizar la columna del gremio, compartir el significado histórico de la jornada y preparar la participación en la movilización general.

A las 11 de la mañana, la columna del STIA Capital se sumará a las distintas columnas que nutrirán la marcha convocada por la CGT y los organismos de derechos humanos hacia Plaza de Mayo. Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se movilizarán este martes a Plaza de Mayo y en distintos puntos del país, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La jornada tendrá su momento culminante a las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, en el escenario central de Plaza de Mayo.

La participación del gremio de Alimentación en esta jornada histórica no es un acto protocolar. Es la expresión más concreta del compromiso que el STIA sostiene desde su fundación con los valores que el movimiento obrero conquistó a costa de su propia sangre: el derecho a organizarse, a negociar colectivamente, a tener trabajo digno y a vivir en paz en democracia. Cincuenta años después del golpe, esos derechos siguen siendo la razón de cada lucha, de cada paritaria, de cada movilización.

El gremio de Alimentación marcha hoy porque recuerda a sus compañeros y compañeras que no están. Marcha porque sabe que la memoria es el arma más poderosa contra quienes quieren repetir la historia. Y marcha porque, en un contexto en que el negacionismo avanza y los derechos laborales son atacados desde el Estado, estar en la calle es la forma más directa de decir: la lucha sigue, el pueblo trabajador sigue vivo, y el Nunca Más es irrenunciable.

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