Ocho de cada diez asalariados no se alimentan bien en el trabajo

 Un estudio de la UCA revela que el 83,5% de los trabajadores argentinos enfrenta vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral.

 Trabajar ya no garantiza comer bien. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) publicó un informe basado en una encuesta representativa realizada a 1.171 trabajadores asalariados durante 2025, que revela que el 83,5% de los trabajadores atraviesa algún tipo de vulnerabilidad alimentaria mientras trabaja. El dato sacude las lecturas oficiales sobre empleo y bienestar.

Las condiciones laborales se precrizan

El estudio señala que más del 60% de los asalariados admitió haber salteado alguna comida en su jornada por falta de recursos: un 46,7% de forma ocasional y un 14,4% de manera regular. El impacto es desigual según la región: casi uno de cada cuatro trabajadores no come nada durante su jornada laboral, con una concentración en el sector público, las pequeñas empresas y, de manera específica, en el Noreste argentino, donde la mitad de los trabajadores declara no hacerlo.

Las condiciones materiales en el lugar de trabajo agravan el cuadro. Entre quienes no cuentan con recursos como heladera o microondas en sus espacios de trabajo, el salteo de comidas asciende al 72%. En cambio, recibir un aporte del empleador actúa como un factor protector, reduciendo esa incidencia al 43,9%.

Para los trabajadores de la industria alimenticia, el informe cobra una dimensión adicional: producen alimentos que cada vez más difícilmente pueden costear las familias trabajadoras.

Que ocho de cada diez asalariados manifieste querer un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección, no es solo un dato: es una señal clara de que existe una demanda concreta, transversal y urgente, en palabras de especialistas citados en el informe.

El ajuste también se siente en el plato

Los datos de la UCA no son un fenómeno aislado ni una anomalía estadística: son el resultado directo de un modelo económico que desde diciembre de 2023 priorizó el equilibrio fiscal por sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Durante la gestión de Javier Milei, el salario real sufrió una caída pronunciada en su primer año, golpeando con mayor fuerza a los sectores de ingresos medios y bajos, precisamente los que pueblan las líneas de producción, los depósitos y las plantas de la industria alimenticia.

La política oficial hacia el mundo del trabajo combinó distintos frentes de presión. Por un lado, la imposición de techos informales a las negociaciones paritarias —en torno al 1% mensual— funcionó como un mecanismo de licuación salarial en un contexto donde la inflación acumulada del primer año de gestión superó el 200%. Por otro, el intento de avanzar por decreto con el DNU 70/2023 ya había ensayado una primera reforma laboral que la Justicia frenó en 2024, y que ahora regresa con la Ley de Modernización Laboral sancionada en febrero de 2026.

Esa norma, que la CGT impugna judicialmente por inconstitucional, introduce cambios estructurales que profundizan la precarización: habilita jornadas de hasta 12 horas diarias, elimina en la práctica las horas extras para quienes las trabajen dentro de esa banda, redefine el cálculo de las indemnizaciones por despido y crea un fondo financiado con aportes de los propios trabajadores para hacer frente a esas compensaciones. Además, limita el derecho de huelga al exigir servicios mínimos del 75% en actividades esenciales y restringe el poder de los sindicatos en las negociaciones colectivas.

El resultado de este conjunto de políticas es el que fotografía el informe de la UCA: trabajadores formales que no pueden comer durante su jornada o que saltean comidas por falta de recursos.

Te puede interesar –> Reforma laboral: el fin del piso común de derechos