La industria registró el peor inicio de año desde 2002

La industria utilizó apenas el 53,6% de su capacidad instalada en enero, el sector de alimentación resiste, pero sangra: despidos, líneas paradas y plantas cerradas en el peor enero industrial en 25 años. 

El INDEC confirmó que la industria manufacturera utilizó apenas el 53,6% de su capacidad instalada en enero de 2026, el número más bajo para ese mes desde la crisis de 2001/2002. El sector de alimentos y bebidas se ubicó por encima del promedio general con el 60,2%, pero esa cifra no alcanza para ocultar la crisis que atraviesan frigoríficos, empresas avícolas, lácteas y procesadoras de alimentos, donde los despidos, las suspensiones y los cierres de planta acumulan ya centenares de trabajadores afectados. La FTIA y el STIA denuncian un «industricidio» silencioso que avanza semana a semana

El dato oficial que confirma el derrumbe

El viernes 13 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el dato de utilización de la capacidad instalada (UCI) correspondiente a enero de 2026: apenas el 53,6%. La cifra no solo representa una caída respecto del 55% registrado en el mismo mes de 2025, sino que constituye el peor inicio de año para la industria argentina desde enero de 2002, cuando el país atravesaba el colapso de la convertibilidad y la UCI tocó el 48,2%. En la serie estadística que el organismo lleva desde 2016, se trata directamente de un mínimo histórico para el mes de enero.

El retroceso no fue uniforme ni sectorial: fue sistémico. La metalmecánica cayó del 38,1% al 31,4%, arrastrada por la caída en la producción de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos. La industria automotriz se desplomó del 34,8% al 24%. La textil, del 33,9% al 23,7%. Los tres sectores tienen en común un denominador que los analistas ya no dudan en nombrar: la apertura comercial indiscriminada que llevó adelante el gobierno de Javier Milei en 2024 y que profundizó en 2025.

En ese contexto, el sector de productos alimenticios y bebidas cerró enero con una UCI del 60,2%, posicionándose por encima del promedio general. Pero ese número, que podría leerse como una señal de relativa fortaleza, convive con un mapa de conflictos laborales, cierres de plantas y despidos que la estadística agregada no captura.

El sector alimentario: nombres, fechas y trabajadores en la calle

La Federación de Trabajadores de la Industria Alimentaria (FTIA), conducida por Héctor Morcillo, fue la primera en trazar el mapa del deterioro. A principios de 2026, el Consejo Directivo de la Federación emitió un documento en el que expresó su «preocupación y repudio» ante lo que definió como un patrón de suspensiones, despidos y falta de pago de haberes que afecta a múltiples empresas del rubro.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Lamb Weston (Alimentos Modernos), empresa procesadora de papas fritas con planta en Munro, provincia de Buenos Aires. A pesar de contar con solidez financiera y haber realizado importante reinversión de capital, la compañía despidió a más de 100 trabajadores y trasladó la producción a Mar del Plata. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA Buenos Aires), afiliado a la FTIA, denunció el hecho como parte de un proceso de «industricidio» impulsado por las políticas de apertura importadora del gobierno nacional.

En el sector avícola, Granja Tres Arroyos y WADE enfrentan paros por incumplimientos salariales y aguinaldo, con unos 700 a 1.000 puestos de trabajo en riesgo en plantas de Buenos Aires y Entre Ríos. Los conflictos derivaron en audiencias ante el Ministerio de Trabajo, con escasos resultados hasta la fecha.

En el rubro frigorífico, la crisis tiene nombre y dirección. El Frigorífico San Roque, de Morón, cerró definitivamente su planta el 27 de febrero de 2026, con el despido de 140 trabajadores encuadrado en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo —despidos por causas económicas y fuerza mayor—. La empresa no buscó eufemismos: la caída del consumo interno y el avance de las importaciones de carne vacuna fueron señalados como causas directas.

El dato que explica ese cierre es elocuente: según el INDEC, las importaciones de carne vacuna treparon un 580% interanual en 2025, pasando de 2.300 toneladas (USD 9,7 millones) en 2024 a 17.000 toneladas (USD 73,8 millones). La paradoja del sector se resume en una sola frase: mientras Argentina exportó carne en enero de 2026 por USD 332,9 millones, frigoríficos del conurbano bonaerense cerraban sus puertas por la competencia de la carne importada que ingresa con arancel reducido.

A este cuadro se suma el caso del frigorífico creador de la marca Paty, que suspendió a 450 operarios por deudas y desplome de ventas, y la empresa láctea Lácteos Verónica, que atravesó una paralización productiva y crisis financiera con impacto directo sobre cientos de puestos de trabajo. En el último trimestre de 2025, la industria láctea ya había registrado el cierre de La Suipachense (Suipacha, Buenos Aires), con 143 trabajadores afectados, y la clausura de la empresa alimentaria Otito en San Pedro, Jujuy, con 40 despidos.

En el sector cervecero, la Cervecería Quilmes realizó un fuerte recorte de personal en su planta de Zárate, inaugurada hace pocos años con una inversión superior a los $5.000 millones, reduciendo su dotación a unos 80 empleados. La empresa citó la caída del consumo y la mayor competencia de bebidas importadas como causas centrales de la reestructuración.

También en el área de alimentos procesados, la distribuidora Beer Market cerró definitivamente y dejó sin trabajo a más de 90 empleados, mientras Mondelez paralizó la actividad de 2.300 trabajadores en su planta de General Pacheco, en el último trimestre de 2025.

La «sustitución inversa»: cuando importar reemplaza producir

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia ofrece el marco conceptual para entender lo que está ocurriendo en la industria alimentaria y en otros sectores orientados al mercado interno. El documento distingue dos dinámicas diferentes ante el avance importador.

En sectores productores de bienes durables, de capital y tecnología, la presencia de insumos importados es parte de la cadena productiva global y no implica necesariamente desplazamiento de trabajo local. Pero en los sectores intensivos en mano de obra y orientados al mercado doméstico —entre los que se cuentan los alimentos procesados, los textiles, el caucho, el plástico y los productos metálicos elaborados—, el boom importador configura lo que el informe denomina un proceso de «sustitución inversa»: los productos extranjeros desplazan directamente la producción doméstica, agravando la fragilidad del entramado industrial y generando pérdida de empleo registrado de difícil recuperación.

Federico Poli, director de la consultora Sistémica, advirtió recientemente que el fenómeno trasciende lo sectorial: «No hay un problema sectorial ni microeconómico aislado; cuando mirás el conjunto y la cantidad de gente que queda en la calle, el fenómeno es mucho más amplio». Su consultora relevó que desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2025 cerraron en Argentina más de 16.000 empresas, con un promedio de entre 28 y 33 cierres diarios, concentrados mayoritariamente en el universo pyme.

717 conflictos en dos años: el mapa que traza el CEPA

El informe «Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei», elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en febrero de 2026, sistematizó el alcance real del deterioro. Entre enero de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país, 176 de ellos en empresas bonaerenses. La industria concentró el 67,1% de los conflictos, y los despidos representaron el 35,2% de los casos, seguidos por cierres y crisis empresarias. Las pymes encabezaron la estadística.

El dato más alarmante del informe es la aceleración poselectoral: tras los comicios legislativos del 26 de octubre de 2025, los conflictos prácticamente se duplicaron, pasando de un promedio de 24 casos mensuales a 42. Lejos de estabilizarse, la conflictividad se intensificó en el último tramo del período analizado.

Para la FTIA, el cuadro exige respuestas urgentes. En palabras de la Federación: «los trabajadores necesitamos producción, empleo y salarios dignos». La entidad que conduce Morcillo anunció que junto a los sindicatos de base —entre ellos el STIA Buenos Aires que dirige Sergio Escalante— llevará adelante todas las acciones administrativas, legales y gremiales necesarias para defender los derechos de los trabajadores afectados.

Un patrón que ya no es coyuntural

Los datos del INDEC, el informe del CEPA y el relevamiento de la consultora Sistémica confluyen en un mismo diagnóstico: lo que está ocurriendo en la industria alimentaria —y en el conjunto de la manufactura argentina— no responde a factores coyunturales ni a reestructuraciones puntuales. Es la expresión de un modelo económico que privilegia la apertura comercial, el atraso del tipo de cambio real y la reducción del mercado interno, con consecuencias directas sobre el empleo registrado y el tejido productivo.

El sector de alimentos y bebidas resiste con una UCI del 60,2%, por encima del promedio. Pero los nombres concretos —Lamb Weston, Granja Tres Arroyos, Frigorífico San Roque, Lácteos Verónica, Quilmes Zárate, Paty— dicen algo diferente: que esa resistencia se sostiene mientras las plantas van cerrando, los turnos se reducen y los telegramas de despido siguen llegando. La estadística oficial registra el promedio. Los trabajadores padecen cada caso mientras el gobierno redobla esfuerzos para acallar a los sindicatos y avanzar contra los derechos adquiridos.

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