Reforma laboral en debate: masiva movilización y tensiones sindicales

El Senado comenzó a discutir la reforma laboral mientras trabajadores de Alimentación y otros gremios marchan en rechazo. Gobierno validó cambios tras negociaciones con bloques y sindicatos.

El tratamiento de la reforma laboral en el Senado convoca a una gran manifestación de trabajadores de Alimentación junto a la CGT, las CTA y otras centrales obreras frente al Congreso. El Gobierno introdujo 28 modificaciones para avanzar en la media sanción, pero persisten profundas resistencias gremiales al proyecto.

Los puntos en discusión

El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei llegó al Senado el miércoles 11 de febrero, marcando el inicio formal de su tratamiento en la Cámara alta. La iniciativa forma parte de la agenda de liberalización del mercado laboral que el oficialismo viene promoviendo con argumentos de “modernización” y flexibilidad para estimular el empleo formal en un mercado con altos costos sindicales y judiciales. Entre los ejes de debate figuran límites a las demandas por despidos indebidos, restricciones a la huelga en sectores esenciales y ajustes en la negociación colectiva que podrían priorizar acuerdos por empresa sobre convenios de rama o actividad nacional.

Desde el gobierno se sostiene que estas reformas son necesarias para reducir la litigiosidad laboral y los costos asociados a la contratación registrada, con el objetivo de dinamizar el empleo privado formal en un contexto de economía débil y elevadas tasas de informalidad. Sin embargo, el texto original fue modificado en 28 puntos para intentar construir consensos en la Cámara alta, lo que refleja las dificultades internas que enfrenta la coalición oficialista.

Alimentación junto a otros sectores en las calles

La convocatoria sindical responde al inicio del debate legislativo. Frente al Congreso Nacional en Buenos Aires se concentra una manifestación que incorpora trabajadores del sector Alimentación junto a las principales centrales obreras, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Aunque la CGT no llamó a una huelga general ese día, distintos gremios ya anunciaron cese de actividades en transporte aéreo, naval, subterráneo y otros servicios esenciales, además de la adhesión de sindicatos estatales y de sectores estratégicos industriales. La marcha cuenta también con el apoyo de organizaciones políticas de izquierda y representantes opositores que denuncian la reforma como una regresión de derechos laborales.

La participación de trabajadores de Alimentación tiene un componente específico: el sector advierte que la flexibilización de normas y la reconfiguración de negociaciones colectivas podría erosionar conquistas históricas en salarios, condiciones de trabajo y estabilidad en el empleo para la industria de alimentos, que depende de acuerdos sectoriales amplios más que negociaciones individuales por empresa.

Apoyos a la reforma laboral: quiénes están a favor del proyecto de Javier Milei

El proyecto cuenta con el respaldo de sectores empresariales que ven en las reformas un alivio para los altos costos laborales que, según ellos, desalientan la contratación formal y fomentan el empleo en la informalidad. Algunos analistas liberales sostienen que reducir la rigidez en los mercados de trabajo puede atraer inversión y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

• El Gobierno liderado por el presidente Javier Milei y su partido La Libertad Avanza, impulsa el proyecto con firmeza como parte de su agenda económica y laboral. El oficialismo sostiene que la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral, atraer inversiones y promover empleo formal.
• Gobernadores dialoguistas y afines al Gobierno expresaron su respaldo o predisposición a apoyar la reforma, ofreciendo votos de sus legisladores provinciales en el Senado. Esto incluye mandatarios de provincias como Chaco, Mendoza, San Juan y Salta.

• La Unión Industrial Argentina (UIA) — la principal cámara empresarial de la industria — ha manifestado que una modernización del marco laboral es condición para generar empleo formal y dar previsibilidad a las empresas.

• Sectores empresariales también han expresado apoyo a aspectos de la reforma que buscan flexibilizar cargas y facilitar contratación. También algunas facciones de las pymes señalaron que la modernización laboral puede favorecer al sector.

Rechazos a la reforma laboral: quiénes están en contra del proyecto de Javier Milei

Las principales organizaciones gremiales sostienen que la reforma atentaría contra derechos conquistados como la negociación colectiva, la estabilidad en el empleo y el derecho de huelga. La CGT y las CTA advierten que ciertas medidas “dan más poder a las empresas que a los trabajadores” y podrían debilitar la fuerza colectiva de los sindicatos si se priorizan acuerdos individuales por empresa.

La oposición política —liderada por bloques del peronismo y agrupaciones de izquierda— se alineó con los sindicatos en cuestionar aspectos del proyecto, denunciando que los cambios favorecen “precarización laboral” y erosionan condiciones socioeconómicas clave para la clase trabajadora.

• El sector empresario, especialmente el mayorista, criticó con dureza una modificación de último momento al artículo 128 del proyecto de reforma laboral. La crítica se centra en que el cambio elimina el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias y los vuelve obligatorios, lo que según esas entidades implica un sistema de recaudación sin controles públicos ni transparencia.

• Organizaciones como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtieron que estos aportes se cobran automáticamente y que aumentan con cada mejora salarial pactada en paritarias, pero no hay trazabilidad clara sobre cómo se usan esos fondos.

• El conflicto de intereses surge porque las propias cámaras empresariales, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), participan en las negociaciones paritarias y a su vez administran esos recursos a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).

• Originalmente, la reforma establecía que los aportes serían voluntarios desde 2028, pero la modificación mantiene su obligatoriedad, lo que generó rechazo incluso de sectores que antes apoyaban el proyecto.

• El bloque de diputados del PRO, quienes expresaron su rechazo en un comunicado puntualizando en la modificación del artículo 35. «Libertad para trabajar, libertad para cobrar», manifiestan, sentenciando que «cada trabajador tiene que poder elegir como cobrar su sueldo» .

Negociaciones parlamentarias y acuerdos en comisión

Para conseguir el tratamiento en el Senado, el Gobierno introdujo cerca de 28 modificaciones al texto original, apuntando a moderar puntos de mayor rechazo y acercar posiciones con una parte de la oposición moderada. Esto incluye ajustes técnicos sobre las condiciones de ejecución de ciertas reglas y aclaraciones sobre el alcance de los cambios en la negociación colectiva. Aun así, persisten diferencias profundas con la CGT y otras organizaciones sindicales que denuncian que las modificaciones no abordan las principales preocupaciones sobre derechos laborales.

Impacto y proyección en el sector alimenticio

El sector alimentario, junto con otros principales sectores industriales, observa con atención el desarrollo del debate. La reconfiguración de la negociación colectiva por ramas podría fragmentar acuerdos de industria y generar pautas salariales dispersas que dificulten la estabilidad de las macroconvenciones salariales sectoriales, históricamente claves para la actividad. Este escenario agita el debate sobre la necesidad de mantener mecanismos de protección colectiva frente a la competencia intersectorial y la presión por ajustar costos.

Un proyecto  que define modelos

El inicio del tratamiento de la reforma laboral constituye un momento clave para la política laboral argentina de 2026. Más allá de las modificaciones introducidas y la manifestación del 11 de febrero, la batalla política y sindical refleja una encrucijada en torno al modelo de relaciones laborales: por un lado, la propuesta gubernamental de flexibilización para impulsar formalización y competitividad; por otro, la defensa de derechos y la centralidad de la negociación colectiva como piedra angular del entramado de protección a los trabajadores.

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