Tratado desigual: Argentina se somete a EE. UU. y cede soberanía

El nuevo Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos endilga obligaciones a Argentina, abre su mercado y reconfigura el rol de actores económicos. Los compromisos, su impacto en industrias estratégicas y la ampliación de la presencia estadounidense generan alarma sobre la erosión de la soberanía nacional.

El 5 de febrero de 2026 Argentina y Estados Unidos firmaron un Tratado de Comercio e Inversiones Recíprocos que promete “fortalecer la cooperación estratégica”, facilitar inversiones y reducir barreras arancelarias. Sin embargo, más allá de las declaraciones diplomáticas, el contenido del acuerdo coloca a la Argentina en una posición de subordinación frente a la Casa Blanca. Buenos Aires se comprometió a abrir su economía sin excepciones claras para sectores sensibles, adoptar estándares regulatorios norteamericanos, reconocer medidas de propiedad intelectual y eliminar barreras a productos y servicios estadounidenses. A cambio, Estados Unidos aceptó reducir aranceles a productos argentinos, pero el equilibrio de beneficios dista de ser equitativo y plantea riesgos para industrias locales, la soberanía alimentaria, la industria nacional y la autonomía política frente a decisiones económicas externas. Este pacto se inserta en un contexto donde el gobierno libertario de Javier Milei ha impulsado una agenda de financiamiento externo, flexibilización económica y ampliación de presencia militar y logística estadounidense en territorio nacional. El impacto sobre la agricultura, la industria de alimentos, el sector tecnológico y las dinámicas geopolíticas del hemisferio exige un análisis crítico que vaya más allá de la retórica oficial.

Obligaciones para Argentina

El tratado bilateral firmado el 5 de febrero obliga a Argentina a una serie de compromisos de alcance profundo en su marco regulatorio y comercial. El texto oficial y las declaraciones gubernamentales destacan una reducción significativa de barreras arancelarias y no arancelarias, la simplificación de normas aduaneras y la facilitación de inversiones extranjeras. En concreto, Buenos Aires aceptó: permitir el acceso de productos agrícolas y manufacturas estadounidenses en condiciones preferenciales; reconocer estándares de seguridad y calidad de EE. UU. para bienes industriales y alimentarios; eliminar derechos de aduana sobre transmisiones de datos y abstenerse de imponer impuestos digitales; además de comprometerse a reforzar la protección de la propiedad intelectual alineándola con normas internacionales exigidas por Washington, lo que implica cambios en el régimen de patentes y certificaciones regulatorias.

Esos compromisos no son meramente comerciales: impactan directamente en la capacidad regulatoria de Argentina para definir sus propias políticas industriales, sanitarias y tecnológicas. A nivel normativo, aceptar estándares externos implica ceder autonomía sobre etiquetado de alimentos, seguridad sanitaria animal y vegetal, normas de fabricación y certificaciones técnicas que históricamente se diseñan a partir de prioridades internas.

Paralelamente, Argentina habilitó la eliminación de aranceles sobre más de 200 categorías de productos estadounidenses, incluyendo químicos, maquinaria, dispositivos médicos y bienes agrícolas, con cuotas específicas para vehículos, carne y lácteos. Washington, por su parte, eliminará aranceles recíprocos para 1 675 productos argentinos. Sin embargo, sectores como el acero o el aluminio mantienen barreras proteccionistas, lo que revela que el “equilibrio” de compromisos favorece ajustes dirigidos por intereses norteamericanos.

Beneficios de Estados Unidos

Estados Unidos se comprometió a eliminar la mayoría de los aranceles sobre productos argentinos exportados a su mercado y ampliar cuotas para ciertos alimentos, con el objetivo declarado de impulsar el comercio bilateral y expandir el acceso de bienes argentinos a un mercado de alto consumo. El Gobierno norteamericano también se ofreció a respaldar inversiones a través de instituciones como el Export-Import Bank (EXIM) y la U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

Además, Washington y Buenos Aires acordaron trabajar en cooperación para el sector de minerales críticos, facilitando la extracción y exportación de litio, cobre y otros recursos estratégicos que forman parte de la transición energética global. Este componente es clave: EE. UU. promoverá inversiones y acceso preferente a estos recursos, que son centrales para baterías, chips y tecnologías de energía limpia. Para el Gobierno argentino, esto se presenta como una oportunidad de crecimiento; para críticos, representa una entrega de recursos estratégicos sin garantías de desarrollo industrial local.

No menos relevante es el compromiso de cooperación en seguridad económica, que incluye controles de exportación de bienes de doble uso y protección de infraestructuras de telecomunicaciones. Estas áreas, tradicionalmente sensibles y bajo jurisdicción plena del Estado argentino, quedan sujetas a estándares y prioridades establecidas en conjunto con la administración norteamericana.

Impacto económico y sectores productivos

Industria alimentaria y agricultura

El acuerdo impacta profundamente el sector agroindustrial argentino. La apertura de mercado para productos estadounidenses —especialmente carne, lácteos y granos procesados— compite directamente con productores locales. La liberalización arancelaria sobre bienes estadounidenses podría inundar el mercado con productos con menores costos de producción, presionando a los productores domésticos y reduciendo márgenes, especialmente en el segmento de alimentos procesados, carnes y lácteos.

Además, aceptar estándares y protocolos sanitarios externos genera presiones sobre las normativas de inocuidad alimentaria, que podrían alinearse más con exigencias del USDA que con prioridades de políticas públicas argentinas, afectando la soberanía alimentaria.

Sector industrial y manufactura

La eliminación de barreras para maquinaria, dispositivos y bienes de capital facilita la importación de bienes estadounidenses, pero amenaza a industrias manufactureras locales que compiten en esos segmentos. Sectores como la metalurgia, autopartes y equipos médicos podrían ver reducida su cuota de mercado ante la entrada de productos con ventaja competitiva derivada de economías de escala estadounidenses.

Minería y recursos estratégicos

Si bien la expansión de inversiones en minerales críticos puede generar dinamismo económico y empleo, la priorización de empresas estadounidenses en estos proyectos plantea interrogantes sobre control sobre recursos naturales y el valor agregado local de esos sectores.

Soberanía, actores económicos y sumisión política

El contexto político de este acuerdo no puede disociarse de la afinidad ideológica entre los ejecutivos de Argentina y Estados Unidos. El Gobierno libertario de Javier Milei ha promovido una agenda de financiamiento externo, liberalización económica y alineamiento con Washington, que va más allá de meras relaciones comerciales. Esto se expresa en instrumentos como el swap de moneda de US$ 20 000 millones otorgado por EE. UU., que contribuyó a estabilizar parcialmente la economía argentina.

Paralelamente, decisiones como la autorización al ingreso de tropas estadounidenses a bases navales argentinas —desde Ushuaia hasta Mar del Plata— han generado críticas sobre la entrega de soberanía y violaciones potenciales de la Constitución nacional, que exige intervención legislativa para ingresos de fuerzas extranjeras.

El rol de actores económicos es central: grandes grupos empresariales y financieros estadounidenses se ven posicionados como beneficiarios directos del acuerdo, mientras que sectores productivos argentinos y organizaciones sindicales han criticado el proceso por falta de participación pública y análisis de impacto, calificándolo como una cesión de poder regulatorio y económico sin contrapartidas claras que favorezcan el desarrollo autónomo.

Argentina en posición de dependencia

El nuevo tratado bilateral con Estados Unidos representa una reconfiguración profunda de las relaciones económicas y políticas de Argentina. Aunque promete beneficios como mayor acceso a mercados y atracción de inversiones, la estructura de compromisos coloca a Buenos Aires en una posición de dependencia y subordinación frente a prioridades económicas definidas en Washington. El equilibrio entre apertura comercial y protección de sectores estratégicos, junto con el resguardo de la soberanía normativa y alimentaria, son puntos de tensión que requieren debate público y análisis legislativo profundo. El impacto en la industria alimentaria, la manufactura y los recursos naturales plantea desafíos que van más allá de simples promesas de crecimiento, exigiendo un escrutinio crítico que evalúe no solo los números comerciales, sino las implicancias políticas y soberanas de una agenda de alineamiento sin precedentes.

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