Info Alimentación Noticias del sector de Industrias de la Alimentación CGT convoca marcha nacional contra la reforma laboral
La CGT llamó a movilizar el 18 de diciembre tras los anuncios del Gobierno. Denuncia un recorte de derechos y alerta sobre la modificación del equilibrio entre trabajadores y empleadores.
La CGT convocó a una movilización nacional para el 18 de diciembre contra la reforma laboral. Afirma que el proyecto del Gobierno implica pérdida de derechos, mayor precarización y un retroceso para el trabajo argentino, por lo que exige abrir un debate real y democrático.
La CGT convoca al 18 de diciembre: una respuesta urgente ante el avance oficial
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización nacional para el 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, una propuesta que la central obrera considera regresiva y peligrosamente alineada con el Decreto 70/23. La convocatoria no surgió de manera aislada: se precipitó luego de que el Ejecutivo confirmara la intención de acelerar cambios estructurales en el régimen laboral, flexibilizar convenios colectivos, limitar indemnizaciones y modificar profundamente el equilibrio existente entre trabajadores y empleadores.
Según señalaron desde la conducción cegetista, los anuncios del Gobierno encendieron todas las alarmas del movimiento obrero. La CGT sostiene que, bajo la fachada de “modernización”, el paquete laboral reintroduce viejas recetas ya fracasadas que buscan reducir costos patronales a expensas de derechos adquiridos. Las y los dirigentes enfatizan que la iniciativa gubernamental no fue discutida con los sindicatos y desconoce abiertamente los mecanismos de negociación colectiva que sostienen la institucionalidad del trabajo en la Argentina.
Para la central, el 18 de diciembre será una fecha clave. La movilización apunta a frenar el intento de reconfigurar el mundo laboral sin diálogo y sin evaluar el impacto social. La CGT busca, además, fijar una posición contundente antes de que el proyecto avance en el Congreso.
Los puntos más polémicos de la reforma: precarización y pérdida de derechos
El proyecto oficial plantea una serie de cambios que la CGT y especialistas del derecho laboral califican como peligrosos. Entre los más controvertidos se destacan:
La modificación del sistema de indemnizaciones, que propone reemplazarlo por fondos de cese o esquemas de seguro financiados parcialmente por los trabajadores, generaría un incentivo al despido y reduciría la protección frente a decisiones arbitrarias de las empresas. Este punto es considerado uno de los retrocesos más severos en materia de estabilidad laboral.
También preocupa la intención de recortar la ultraactividad de los convenios colectivos —es decir, la continuidad de los acuerdos una vez vencidos—, lo que colocaría a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad frente a empleadores con mayor poder de negociación. Para la CGT, eliminar o debilitar la ultraactividad equivale a desarmar el esqueleto de la negociación colectiva en la Argentina.
Otro aspecto conflictivo es la ampliación de las modalidades de contratación temporaria y la flexibilización del régimen de pasantías, que podría convertirse en una vía para reemplazar empleo formal por trabajo barato y sin protección. A esto se suma la intención de acotar el derecho a la huelga mediante mecanismos de servicios mínimos ampliados, una medida que, según juristas, vulnera principios constitucionales y convenios internacionales firmados por el país.
En conjunto, el paquete laboral configura un escenario donde el riesgo de precarización se intensifica, especialmente para jóvenes, mujeres y sectores con menor estabilidad. La CGT advierte que estas reformas no generan empleo, sino que abaratan su costo a través de la pérdida de derechos, reproduciendo modelos que en la región derivaron en mayor informalidad y desigualdad.
Una definición en disputa
Mientras el Gobierno insiste en avanzar, la CGT y los gremios apuntalan una resistencia amplia, convencidos de que la reforma laboral propone un retroceso histórico. Lo que se dirime en las próximas semanas no es solo un debate técnico, sino el tipo de país que se quiere construir: uno con empleo protegido y negociación colectiva fuerte, o uno donde la flexibilidad se impone sobre los derechos.
El 18 de diciembre será, para el movimiento obrero, una demostración de fuerza y un mensaje político: la defensa del trabajo no admite dilaciones.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización nacional para el 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, una propuesta que la central obrera considera regresiva y peligrosamente alineada con el Decreto 70/23. La convocatoria no surgió de manera aislada: se precipitó luego de que el Ejecutivo confirmara la intención de acelerar cambios estructurales en el régimen laboral, flexibilizar convenios colectivos, limitar indemnizaciones y modificar profundamente el equilibrio existente entre trabajadores y empleadores.
Según señalaron desde la conducción cegetista, los anuncios del Gobierno encendieron todas las alarmas del movimiento obrero. La CGT sostiene que, bajo la fachada de “modernización”, el paquete laboral reintroduce viejas recetas ya fracasadas que buscan reducir costos patronales a expensas de derechos adquiridos. Las y los dirigentes enfatizan que la iniciativa gubernamental no fue discutida con los sindicatos y desconoce abiertamente los mecanismos de negociación colectiva que sostienen la institucionalidad del trabajo en la Argentina.
Para la central, el 18 de diciembre será una fecha clave. La movilización apunta a frenar el intento de reconfigurar el mundo laboral sin diálogo y sin evaluar el impacto social. La CGT busca, además, fijar una posición contundente antes de que el proyecto avance en el Congreso.
El posicionamiento del STIA
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) reafirmó su rechazo frontal al proyecto de reforma laboral y confirmó que acompañará la movilización del 18 de diciembre. Su secretario general, Sergio Escalante, viene advirtiendo desde hace meses que el Gobierno intenta avanzar con un modelo que “desarma derechos esenciales bajo el discurso de la modernización”, una línea que el gremio considera incompatible con la protección de las y los trabajadores.
En su última intervención pública, Escalante remarcó que cualquier cambio profundo en el régimen laboral debe debatirse en paridad, con empleadores y trabajadores en la mesa, y no mediante decretos o proyectos que replican el modelo peruano, donde la informalidad supera el 70%. El STIA sostiene que el país necesita políticas que fortalezcan la producción y el empleo, no normas que faciliten despidos o reduzcan garantías históricas.
El gremio también expresó preocupación por el impacto que estas reformas tendrían en el sector alimentario, donde la caída del consumo, la reducción de turnos productivos y los intentos de flexibilización amenazan con deteriorar aún más las condiciones laborales. Para Escalante, el camino es claro: unidad gremial, defensa de la negociación colectiva y presencia activa en las calles.
Con este posicionamiento, el STIA se alinea con la CGT y aporta su peso a una jornada que promete ser masiva. La central obrera apuesta a que el 18 de diciembre funcione como un punto de inflexión, capaz de frenar un proyecto que, en su lectura, pone en riesgo la estructura laboral argentina.
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