La CGT rechaza el salario mínimo y el ajuste mileísta

La CGT rechazó el nuevo salario mínimo por “insuficiente y desconectado de la realidad” y alerta que el modelo de Milei combina salarios de miseria y primarización.

La CGT rechazó el laudo que fija el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en $328.400 desde noviembre y lo tildó de insuficiente tras la reunión del Consejo con empresarios y el Estado. El Gobierno estableció por resolución un esquema escalonado hasta $376.600 en agosto de 2026, con tramos mensuales desde $334.800 en diciembre.

La disputa por el salario mínimo reaviva el conflicto social

La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil volvió a convertirse en un campo de tensión entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei. La decisión oficial de fijar por decreto un piso de $328.400 a partir de noviembre de 2025, con una escala de aumentos mensuales hasta agosto de 2026, fue leída por la central obrera como un gesto de confrontación antes que de diálogo.

En un comunicado titulado “La CGT rechazó el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: ‘Es insuficiente y desconectado de la realidad’”, la central subrayó que el monto queda muy lejos de la Canasta Básica Total, hoy ubicada en torno a $1.176.852, y que ese laudo “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”.

La CGT remarcó además que el Gobierno volvió a imponerse por decreto tras el “fracaso” de la negociación en el Consejo del Salario, donde las propuestas oficiales quedaron por debajo de las demandas sindicales y de cualquier referencia razonable a la inflación acumulada. Para la central, el Ejecutivo utiliza el SMVM como un ancla regresiva que arrastra hacia abajo al resto de las escalas y licúa el ingreso de trabajadoras y trabajadores formales, informales y de quienes dependen de programas sociales atados al salario mínimo.

En los hechos, el salario mínimo, que por definición legal debería garantizar una vida “digna”, se ubica muy por debajo del costo real de reproducción cotidiana de un hogar. Alquileres, alimentos, transporte y tarifas crecen a un ritmo que deja al SMVM como una referencia casi simbólica. Mientras tanto, el Gobierno insiste en un relato de “normalización macroeconómica” que no se refleja en los bolsillos.

La discusión vuelve a poner en primer plano el rol del Consejo del Salario como ámbito institucional. Sindicatos y especialistas remarcan que sin criterios de recuperación real del poder adquisitivo, el organismo se transforma en una mera formalidad donde se convalida la política de ajuste. El rechazo de la CGT, lejos de ser un episodio aislado, expresa el malestar de amplios sectores del trabajo registrado y no registrado ante un esquema que, según la central, “naturaliza salarios de pobreza” en nombre de la estabilización.

Un modelo sostenido por el salario a la baja y el dólar pisado

La nota obligada —y la más incómoda para el Gobierno— es el corazón del modelo económico: el ajuste estructural sobre salarios, jubilaciones y gasto social. La CGT advierte que el programa de Javier Milei se apoya en tres pilares que combinados conforman una máquina de desigualdad: salarios deprimidos, tipo de cambio atrasado y endeudamiento al servicio de la especulación financiera.

La estrategia del “dólar pisado”, presentada como un ancla antiinflacionaria, tiene un efecto colateral profundo: destruye la estructura productiva al volver más baratos los productos importados que los producidos en Argentina. Industrias como calzado, textiles, metalmecánica y alimentos denuncian que compiten contra precios abaratados artificialmente por la política cambiaria. En paralelo, el Estado recorta incentivos productivos y sostiene, en cambio, mecanismos que favorecen la entrada y salida rápida de capital financiero.

El segundo componente es el endeudamiento: nuevos pasivos, internos y externos, que no se orientan a infraestructura, ciencia o desarrollo, sino a sostener instrumentos financieros de corto plazo con rendimientos extraordinarios. La rueda especulativa se alimenta de tasas altas, dólar controlado y salarios bajos. El ajuste sobre salud, educación, obra pública y programas sociales completa un cuadro donde el ahorro fiscal se explica por el recorte en derechos y servicios, no por una mejora de eficiencia.

El deterioro del salario mínimo no es solo una percepción. Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) señala que, a abril de 2025, el SMVM medido en términos reales se encontraba 44,1% por debajo de noviembre de 2019 y 57,3% por debajo de noviembre de 2015. Es decir, el derrumbe del ingreso mínimo se acumula sobre el retroceso de los últimos dos gobiernos. Si se hubiera mantenido el poder de compra, el salario mínimo debería rondar hoy los $700.000, más del doble del nivel decretado.

El resultado es un combo en el que la inflación desacelera a fuerza de recesión, el dólar quieto sostiene la bicicleta financiera y el ajuste permanente erosiona tanto el ingreso como el aparato productivo. La CGT plantea que este modelo “es inviable en términos sociales y económicos” y que la única forma de cerrarlo es con una caída violenta del salario real, lo que explica la resistencia gremial ante un SMVM que se ubica por debajo de cualquier referencia seria de costo de vida.

El conflicto sindical como termómetro político del ajuste

La discusión del SMVM pone de relieve el rol político que recuperó la CGT en el último año. Tras movilizaciones masivas, paros generales y pronunciamientos públicos, la central obrera se consolidó como uno de los principales actores capaces de tensionar el programa oficial. La negativa a convalidar un salario mínimo de indigencia busca, además, evitar un efecto cascada sobre la negociación colectiva, donde cada sindicato pelea por recomponer una pérdida que, según sector, oscila entre el 25% y el 40% del poder adquisitivo.

El Gobierno, por su parte, busca deslegitimar a la dirigencia gremial bajo la etiqueta de “casta sindical” y ya llegó incluso a cuestionar conceptual y públicamente la existencia misma del salario mínimo, al que funcionarios del Ejecutivo calificaron como un “error” que entorpece la libre contratación laboral. Ese discurso, que propone la posibilidad de trabajar “por menos” del piso legal, tensiona el corazón del pacto social argentino y refuerza la lectura de la CGT sobre un proyecto de precarización estructural.

En paralelo, gobernadores de distintos signos políticos y movimientos sociales se muestran crecientemente preocupados por el impacto del ajuste sobre sus economías regionales. La caída del consumo, el freno a la obra pública y el avance de importaciones baratas golpean empleo, comercio y producción local. En este marco, la discusión por el salario mínimo opera como punto de articulación entre demandas territoriales y reclamos nacionales contra el rumbo económico.

La pregunta de fondo es qué significa hoy “costo laboral” en un país donde el salario promedio corre por detrás de la línea de pobreza. Para la CGT, el planteo oficial invisibiliza que detrás de cada cifra hay millones de hogares que deben decidir entre pagar servicios, alimentarse o endeudarse para llegar a fin de mes. Defender el salario mínimo, señalan, es defender la noción de ciudadanía social frente a un modelo que reduce el trabajo a una variable de ajuste.

Argentina en el ranking salarial de América Latina

La foto regional del salario mínimo en dólares ayuda a dimensionar la magnitud del problema. Distintos relevamientos de organismos y consultoras, entre ellos el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y compilaciones difundidas por medios económicos, coinciden: actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo argentino es el más bajo de la región o se ubica en el fondo de la tabla, apenas por encima de economías colapsadas como Venezuela.

Con el nuevo piso de $328.400, el SMVM argentino equivale a unos u$s 225 al tipo de cambio oficial, muy por detrás de países que, históricamente, tuvieron salarios comparables o inferiores. Costa Rica encabeza el ranking con alrededor de u$s 726–729 mensuales, seguida por Uruguay (en torno a u$s 586–593), Chile (unos u$s 565–571) y Ecuador (unos u$s 470). Más abajo se ubican México (entre u$s 417 y 456), Colombia (u$s 338–349), Perú (u$s 316–335), Brasil (u$s 273–303) y Paraguay y Bolivia, con salarios mínimos que van de los u$s 360 a casi u$s 400. Argentina aparece recién después de todos ellos, con esos u$s 225, y sólo Venezuela queda claramente rezagada, con un salario base de u$s 3–5 sin bonos.

La evolución histórica también es elocuente. No se trata sólo de que Argentina esté en el fondo del ranking hoy, sino de cuánto cayó respecto de sí misma: los informes de CIFRA y de universidades públicas muestran que el valor real del salario mínimo actual es inferior al vigente durante buena parte de la década del noventa e incluso inferior al de la crisis de 2001, un dato que desmonta cualquier lectura triunfalista sobre la supuesta “recuperación” del ingreso.

En términos regionales, el país pasó de ubicarse históricamente en el pelotón medio-alto a transformarse en un laboratorio de salarios bajos. Mientras gobiernos de la región ensayan políticas de recomposición parcial del ingreso —como México o Costa Rica, que usaron el salario mínimo como herramienta de reducción de pobreza—, la experiencia argentina va en sentido inverso: el ajuste se apoya en la licuación del trabajo.

La combinación de salario mínimo más bajo de América Latina, dólar pisado, endeudamiento para la especulación y recortes en servicios públicos e infraestructura configura un cuadro que no sólo deteriora la vida cotidiana, sino que compromete el futuro productivo del país. En ese escenario, la disputa por el SMVM deja de ser una cuestión técnica para convertirse en uno de los ejes centrales de la discusión política sobre qué modelo de desarrollo —y para quién— se quiere para la Argentina.

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