Soberanía y derechos en tiempos de presiones externas

Soberanía y derechos en tiempos de presiones externas

Las próximas elecciones legislativas definen si el país profundiza un rumbo dependiente de intereses externos o reafirma servicios públicos, soberanía, trabajo, salud, educación y ciencia.

 

Las elecciones del domingo ponen en juego la soberanía Argentina. No se trata solo de bancas. Se plebiscita si la Argentina sigue subordinando su política económica a actores extranjeros o si reconstruye un proyecto propio, con empleo decente, salarios que alcancen y servicios públicos robustos. Votar es decidir si la moneda, el presupuesto y las reglas laborales se orientan al bienestar de las mayorías o a la rentabilidad de unos pocos. En ese marco, resulta elocuente que, a dos días de los comicios, el Presidente tenga previsto reunirse en Buenos Aires con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, cuya “International Council” sesiona en la ciudad mientras se negocian líneas de apoyo financiero. La simultaneidad no es casual, es un mensaje de prioridades.

Denuncias por injerencia y manejo del dólar, soberanía en juego

La discusión sobre soberanía monetaria dejó de ser teórica cuando se anunció un esquema de “estabilización cambiaria” bajo paraguas de Estados Unidos y se multiplicaron gestiones con bancos globales en pleno calendario electoral. El problema no es dialogar con el mundo; el problema es que los compromisos se asuman sin mandato popular y con condicionalidades opacas.

La lógica es sencilla: si la política cambiaria depende de señales de Washington y de reuniones con el mayor banco de inversión de EE. UU., la democracia pierde márgenes y la ciudadanía vota en un tablero inclinado. De nuevo: integración sí, tutela no.

Barry Bennett, el enviado de Donald Trump en Argentina, junto a Santiago Caputo.

 

En las últimas semanas se presentaron denuncias que cuestionan el modo en que el Gobierno condujo la política cambiaria, señalando presunta delegación de decisiones sensibles en una potencia extranjera y operaciones que habrían dañado al Estado. Más allá del derrotero judicial, el dato es político: si se terceriza la conducción del mercado de cambios o se interviene con “acuerdos informales” mientras se negocia apoyo externo, la discusión democrática queda relegada. La ciudadanía merece transparencia, información completa y control parlamentario sobre cada dólar que entra o sale. Eso también se vota.

El mapa JP Morgan: funcionarios, visitas y apetitos sectoriales

No es un secreto que parte del elenco económico proviene de la banca global. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, trabajó 11 años en JPMorgan y 9 en Deutsche Bank; el ministro Luis Caputo fue jefe de trading para América Latina en JPMorgan y luego en Deutsche; el secretario —y hoy figura con proyección— Pablo Quirno, fue director para América Latina del mismo banco en Nueva York. El dato no descalifica a nadie por origen privado; exige, sí, reglas de integridad, prevención de conflictos de interés y trazabilidad de decisiones.

Para celebrar la presencia en la Argentina de Jamie Dimon, su CEO global, el JP Morgan recibió en un exclusivo cóctel celebrado en un salón del Teatro Colón a empresarios, dirigentes políticos y otras personalidades de la Argentina y del exterior.

 

El hecho político del fin de semana es la llegada de Dimon y el cónclave del “International Council” en Buenos Aires, con el banco mostrando interés en energía, infraestructura y finanzas locales. ¿Qué se negocia? ¿Bajo qué términos? ¿Con qué resguardos públicos? Preguntas que el voto debería obligar a responder.

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Trabajo, salud, educación, ciencia y tecnología: el corazón del contrato social

Un país no se estabiliza solo con anclas cambiarias; se estabiliza con salarios dignos, convenios que eviten la carrera hacia abajo y un Estado que invierte en salud, educación y ciencia. Los sistemas de investigación y las universidades públicas sostienen sectores exportadores, crean tecnología para el agro, la energía y la industria, y forman trabajadores calificados.

Los trabajadores del Hospital Garrahan reclaman la rápida promulgación e implementación de la ley de emergencia en salud pediátrica que fue aprobada por el Congreso.

 

Sin presupuestos previsibles y sin reglas laborales que protejan a la persona que trabaja, la promesa de “modernización” se vuelve sinónimo de precariedad. Votar “soberanía” hoy significa respaldar estas prioridades presupuestarias frente a cualquier hoja de ruta dictada por mesas donde la ciudadanía no se sienta.

Salud y educación públicas no son gasto “superfluo”: son seguros anticrisis y palancas de movilidad social. Cortar becas, cerrar programas de investigación o desfinanciar hospitales para “calmar” al mercado equivale a serruchar la rama sobre la que se quiere crecer. La ciencia y la tecnología —de biotecnología a software— son las únicas herramientas capaces de elevar productividad sin bajar salarios.

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Reforma laboral: modernizar sin precarizar

En paralelo, el Ejecutivo insiste con reformas laborales que, entre otros puntos, abren la puerta a “salarios dinámicos” atados a desempeño individual, amplían períodos de prueba y habilitan más convenios por empresa. Eso, en una estructura productiva con pymes y plantas de ritmo continuo, suele traducirse en mayor fragmentación, debilitamiento de la negociación colectiva y pérdida de poder real del salario. La productividad se mejora con inversión, organización del trabajo y capacitación, no deteriorando derechos. Votar en clave de trabajo es decir sí a la innovación y al diálogo social, y no a la intemperie del “cada uno negocia como pueda”.

Un voto afirmativo, no defensivo

Soberanía nacional no es un grito ni una nostalgia: es una arquitectura de decisiones públicas sujetas a control democrático. Derechos laborales no son privilegios: son reglas para que la competencia no se construya sobre el desgaste humano. Salud, educación, ciencia y tecnología no son eslóganes: son la única manera de producir más y mejor, con trabajo argentino calificado. Frente a injerencias explícitas, reuniones de élite en vísperas electorales y denuncias por opacidad en el manejo del dólar, el voto tiene una potencia simple: restituir el sujeto de la política. Que la cadena de mando no empiece en un banco ni termine en un Excel, sino en la ciudadanía.

Las elecciones del domingo definen el futuro del país.

 

El día después de la elección, cualquiera sea el resultado, habrá que discutir en serio: términos de cualquier acuerdo financiero externo, reglas de integridad para funcionarios con pasado en banca, cronograma de fortalecimiento salarial y un plan plurianual de inversión en salud, educación y ciencia. Ese es el “paquete país” que vale más que cualquier swap: capacidad de decidir en casa, con horizonte productivo propio y un trabajo que merezca llamarse proyecto de vida. Que el voto convoque a ese mandato.

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