Gobierno y empresarios planean una reforma laboral de espalda a los trabajadores

El gobierno de Milei y los grandes empresarios discuten reforma laboral sin consultar a los trabajadores: flexibilización, menos derechos y más precariedad. Quieren tratarla tras las elecciones por impopular.

Un debate cerrado al sindicalismo

El Gobierno volvió a instalar la reforma laboral, pero lo hizo en mesas con empresarios y sin la participación de la CGT. En encuentros y foros empresariales se repasaron ejes para “modernizar” convenios y “ordenar” juicios laborales, mientras crece el malestar sindical por la exclusión y por el sesgo pro-patronal de las propuestas. La señal política fue nítida: discutir con el poder económico y, a la vez, correr del debate público a los representantes de los trabajadores.

Qué quieren cambiar y por qué afecta a los trabajadores

Los borradores que circulan priorizan desregular convenios colectivos —con la idea de que están “desactualizados”—, recortar multas e indemnizaciones en conflictos individuales, flexibilizar modalidades de contratación y achicar costos no salariales. El diagnóstico oficial/empresarial es que la “industria del juicio” y la “rigidez” de los convenios frenan el empleo; del otro lado, gremios y laboralistas advierten que en contextos recesivos esa agenda no crea trabajo nuevo, sino que sustituye empleos estables por relaciones más frágiles y mal pagas.

El método: sin CGT y con timing electoral

La decisión de discutir la reforma en escenarios empresariales, sin una mesa tripartita formal, irritó a la CGT, que ya anticipa rechazo. En paralelo, funcionarios y voceros económicos coquetean con un calendario “después de las elecciones”, admitiendo en privado que el paquete no es popular y que anticiparlo podría movilizar a votantes y a los sindicatos. Los guiños pro-reformas del equipo económico en el Coloquio de IDEA y en mensajes a inversores reforzaron que el plan sigue en carpeta, pero con táctica de posponer el costo político.

Un “techo” a paritarias y el riesgo de más informalidad

El sesgo general de la propuesta, advierten los gremios, no sólo debilita la negociación colectiva: también empuja a la baja el piso de derechos y, con ello, premia esquemas de alta rotación, tercerización y figuras “independientes” que, en los hechos, desprotegen. En una economía con salarios reales deteriorados, abrir la puerta a contratos más laxos y abaratar desvinculaciones puede profundizar la precarización y la informalidad, sin atacar los verdaderos cuellos de botella de la productividad. Documentos técnicos que circulan en la central obrera plantean precisamente ese punto.

Lo político detrás de lo técnico

La foto es elocuente: un Gobierno sin mayoría parlamentaria ensaya una reforma estructural con el visto bueno del empresariado, pero sin búsqueda de consensos sociales. La ausencia de la CGT en la mesa no es un accidente, sino parte de un rumbo que concibe a los derechos laborales como “rigideces” y a la protesta organizada como un obstáculo.

A la vez, la postergación del debate para el día después de las urnas reconoce que la reforma activaría rechazos transversales: en las fábricas, en los servicios y entre votantes que no acompañarán cambios percibidos como “contra el laburante”.

Qué sigue

Empresarios presionan por “previsibilidad” y cambios de fondo; los sindicatos afinan estrategias de resistencia. Si el oficialismo insiste con un tratamiento exprés post electoral, el conflicto escalará en el Congreso y en la calle. El desenlace marcará algo más que una ley: definirá si el salario y la estabilidad siguen siendo un piso de ciudadanía laboral o una variable de ajuste en nombre de la competitividad.

Te puede interesar –> Los 5 ejes de la reforma laboral de Milei bajo la lupa