Corrupción en LLA: del caso Espert al entramado criminal que compromete a Milei

De Espert y Machado al escándalo Libra: los casos de corrupción y opacidad que exponen la matriz criminal en la gestión de Javier Milei.

El punto de quiebre: el caso Espert y Fred Machado

La relación entre el diputado José Luis Espert y el empresario Fred Machado abrió una grieta difícil de cerrar en la narrativa oficialista. La revelación de una transferencia de 200.000 dólares desde una firma vinculada a Machado —detenido en Argentina con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y fraude— puso en cuestión el financiamiento de campañas y la transparencia de dirigentes que se presentan como “renovadores” de la política. El vínculo se refuerza con la documentación que expone al economista como pasajero frecuente en aeronaves asociadas a Machado durante la campaña de 2019: se registraron al menos 36 vuelos, todos orientados a sostener la estructura política que buscaba instalarse en el Congreso.

Milei agregó otro dato explosivo al recordar que en 2021 se le ofrecieron 300.000 dólares para declinar su candidatura, y aunque no lo nombró directamente, la trama apunta de nuevo hacia Espert. El problema no es solo moral o discursivo: un esquema de financiación en el que intervienen actores investigados por narcotráfico debilita la legitimidad de los dirigentes y plantea un interrogante sobre la independencia de la política frente a organizaciones criminales con capacidad económica y logística. La extradición de Machado lleva años de demora, lo que convierte a este caso en el símbolo de la impunidad estructural.

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Abogados de narcos en el corazón del poder

El gabinete de Milei también quedó marcado por el prontuario de quienes lo integran. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, forjó su carrera defendiendo a acusados de narcotráfico de alta gama. Entre ellos, Mario Segovia, apodado el “rey de la efedrina”, figura central del tráfico de precursores químicos que destapó conexiones entre Argentina y carteles mexicanos. Aunque Libarona nunca fue condenado, su elección como ministro resulta simbólica: el encargado de garantizar transparencia judicial es el mismo que construyó su prestigio profesional representando a narcotraficantes y empresarios acusados de lavado.

Francisco Oneto, abogado de confianza de Milei, también defiende a Fred Machado, mientras que Diego Spagnuolo, funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hasta su renuncia, aparece en audios que describen posibles coimas en la compra de medicamentos. El entrecruzamiento es evidente: abogados que asesoran al Presidente también representan a imputados en causas criminales, y funcionarios señalados por corrupción forman parte del mismo entramado. La línea que separa defensa profesional y complicidad política se vuelve difusa, y la pregunta sobre los intereses que realmente guían al Gobierno se instala en la agenda.

El escándalo en la ANDIS

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) debería ser un organismo dedicado a garantizar derechos a un sector históricamente vulnerable, pero terminó envuelto en un escándalo que sacudió a la gestión libertaria. Audios filtrados mostraron conversaciones donde se hablaba de retornos económicos en licitaciones de medicamentos, lo que derivó en la salida de Spagnuolo. Aunque el expediente aún se encuentra en etapa preliminar, el impacto político fue inmediato: un gobierno que había prometido “terminar con la casta” quedaba involucrado en un caso de recaudación ilegal en un área sensible.

La ANDIS maneja presupuestos millonarios en la compra de insumos médicos, rehabilitación y subsidios. Su captura por intereses espurios significaría desviar recursos de las personas con discapacidad hacia negocios privados. Más allá de la investigación judicial, la sola existencia de estas denuncias golpea la credibilidad del oficialismo y refuerza la idea de que detrás de la retórica anticorrupción se esconden viejas prácticas de saqueo estatal.

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Desregulación, armas y blanqueo: puertas abiertas al delito

El DNU 70/2023 marcó el inicio de un proceso de desregulación generalizada. Entre sus múltiples capítulos, la flexibilización del sistema de control de armas fue uno de los puntos más cuestionados. La ANMaC habilitó nuevos importadores, redujo requisitos de trazabilidad y facilitó la importación de piezas y armas de uso civil. Organizaciones de control alertaron sobre el riesgo de desvío hacia el mercado negro en un país atravesado por el crecimiento del narcotráfico y la violencia armada.

Paralelamente, el blanqueo de capitales aprobado en 2024 eliminó la exigencia de justificar el origen de fondos en determinados casos. El Gobierno lo defendió como un mecanismo para repatriar capitales, pero especialistas en prevención de lavado advirtieron que abre la puerta a dinero proveniente de actividades ilícitas. El mensaje político es contradictorio: mientras se proclama una guerra contra la corrupción, se construyen marcos normativos que relajan controles esenciales. La consecuencia directa es que el Estado se convierte en vehículo de legitimación para capitales de origen opaco.

El caso cripto Libra

La criptomoneda Libra fue presentada como una alternativa de inversión respaldada por tecnología blockchain. Milei la mencionó en redes, generando entusiasmo entre sus seguidores. Meses más tarde, el proyecto colapsó en un típico esquema de rug pull: los promotores retiraron fondos y dejaron a miles de pequeños inversores sin respaldo. Denuncias fueron presentadas en Estados Unidos, donde se investiga si hubo fraude financiero. Chats filtrados muestran a los promotores de Libra jactándose de tener acceso directo al Presidente y al círculo íntimo de LLA.

Aunque Milei se defendió alegando que solo había compartido un proyecto sin promoverlo oficialmente, el caso exhibe la falta de filtros y la utilización de la figura presidencial como herramienta de marketing. El costo político fue alto: la retórica de libertad financiera quedó asociada a un fraude que golpeó a los propios votantes libertarios.

Pagos por acceso al poder

Otra derivación inquietante fue la revelación de un sistema de cobro por encuentros con el Presidente. En eventos tecnológicos, se pedían hasta 50.000 dólares a patrocinadores para reuniones que luego se presentaban como “encuentros exclusivos”. Aunque el Gobierno negó que existiera ilegalidad, el esquema mostró cómo el poder político podía monetizarse de forma directa. La lógica anticasta prometía barrer con los privilegios, pero lo que emergió fue una práctica de “pay to play”: quien paga, accede. La crítica no solo vino de opositores, sino también de sectores empresariales que denunciaron haber sido estafados en su buena fe.

Candidaturas bajo sospecha: el caso Villaverde

La diputada rionegrina Lorena Villaverde, electa por LLA, arrastra denuncias por tráfico de drogas y lavado en Estados Unidos. Aunque nunca fue condenada, su pasado judicial condiciona su trayectoria política. Su candidatura mostró la falta de control interno en la selección de representantes. Lo que debería ser un filtro mínimo de idoneidad se convirtió en un atajo electoral para sumar bancas sin medir consecuencias. El caso Villaverde no es aislado: expresa una lógica en la que el acceso al poder está regido por la oportunidad y no por la ética.

Patrimonio y contradicciones

Los registros patrimoniales de Milei muestran un crecimiento llamativo: de alrededor de 5 millones de pesos en 2019 a más de 70 millones en 2024. El Presidente justifica la variación en su actividad como conferencista y en la revalorización de activos financieros, pero los números generan sospechas. Mientras pide sacrificio a la población y denuncia la corrupción de la política tradicional, su propio patrimonio se multiplica a un ritmo difícil de explicar sin transparencia absoluta. Esta evolución, cruzada con las sospechas de financiamiento irregular, construye un cuadro de contradicciones que erosiona su capital simbólico como líder anticasta.

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