Los hermanos Milei acorralados por los casos de corrupción

La filtración de audios compromete a Karina Milei y a “Lule” Menem en una red de coimas en la Agencia de Discapacidad. Mientras el gobierno ajusta y reprime, crece el escándalo que recuerda las prácticas de los años 90 y expone la corrupción y la doble vara judicial.

El gobierno de Javier Milei quedó en el centro de la escena tras la filtración de audios que exponen un esquema de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las grabaciones, atribuidas a Diego Spagnuolo —ex director del organismo, amigo y ex abogado personal del Presidente—, describen cómo se pedían pagos a laboratorios para asegurar contratos con el Estado.

Los registros involucran directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Según Spagnuolo, ambos se quedaban con parte de las coimas. La difusión del material forzó su salida del cargo, derivó en la intervención de la agencia y provocó una fuerte reacción de la oposición. Cristina Fernández de Kirchner recordó la llamada “doctrina Vialidad” y cuestionó la falta de la misma vara judicial hacia Milei.

Los audios del escándalo

Las grabaciones difundidas por un canal de streaming detallan que los laboratorios debían aportar hasta un 8 % de cada contrato para acceder a negocios con el Estado. Spagnuolo menciona que Karina Milei y “Lule” Menem recibían parte de esa recaudación, que podía superar el medio millón de dólares mensuales.

En otro fragmento, el ex funcionario relata una charla con Milei: “¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?”. También alude a que Karina y Martín Menem obtenían beneficios de “medio palo para arriba de medicamentos por mes”, con la recaudación derivada a Presidencia a través de la droguería Suizo Argentina.

Una trama de poder y negocios

Spagnuolo asumió en enero de 2024 gracias a su cercanía con Milei, sin experiencia en el área de discapacidad. Durante su gestión, despidió a más de 200 trabajadores, recortó pensiones y adjudicó más de 27 mil millones de pesos a una droguería vinculada a Martín Menem.

Los audios también señalan al director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, como responsable de manejar la “caja” y transferir fondos al círculo presidencial. La droguería Suizo Argentina, presidida por Jonathan Kovalivker —amigo de Mauricio Macri—, aparece como pieza central en la operatoria.

La trama recuerda a los años 90, cuando las privatizaciones menemistas se acompañaban de retornos millonarios. Incluso, la empresa de suplementos deportivos fundada por Martín Menem surgió en esa época y hoy se vincula a este entramado. El fantasma del “pizza y champán” vuelve con otras caras pero con métodos similares.

La respuesta oficial

El gobierno reaccionó desplazando a Spagnuolo y designando al médico Alejandro Vilches como interventor de la ANDIS. El vocero presidencial Manuel Adorni evitó hablar del escándalo y presentó la medida como una simple “auditoría” para cortar con “la caja de la política”.

Sin embargo, persisten las dudas: Spagnuolo había visitado 38 veces la quinta de Olivos desde 2024, siendo uno de los más asiduos interlocutores de Milei. Su cercanía con el Presidente refuerza la sospecha de que éste estaba al tanto de las maniobras.

Cristina Kirchner y la doble vara

En un extenso mensaje en redes, Cristina Fernández de Kirchner ironizó sobre la situación: “Che Milei… ¿te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”. Recordó que en su causa judicial fue condenada bajo el principio de que una mandataria “no podía no saber” lo que ocurría en su gobierno. Según CFK, el esquema revelado por Spagnuolo “es infinitamente peor” que aquello que la justicia le adjudicó.

Además, la ex presidenta destacó que el propio Spagnuolo le había relatado los hechos a Milei, sin que el mandatario actuara. “Ni siquiera te van a poder aplicar la doctrina Vialidad, porque vos, Milei, sí que sabías”, escribió.

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Represión, ajuste y corrupción

Mientras se conocen estos audios, el gobierno libertario avanza con un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables. Recortes en educación, salud y prestaciones para personas con discapacidad se suman a las denuncias de hospitales y jubilados.

El 4 de junio, una masiva marcha frente al Congreso reunió a docentes, médicos, científicos y organizaciones sociales contra el ajuste. La respuesta oficial fue la represión policial y nuevas amenazas de veto a los aumentos jubilatorios.

En este contexto, el contraste es evidente: mientras el Estado reduce derechos y recursos básicos, persiste un esquema de retornos ilegales que beneficia a un pequeño grupo cercano al poder. La comparación con la “doctrina Vialidad” expone la doble vara judicial y deja al descubierto una contradicción central en la gestión libertaria.

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