Del plomo a la proscripción: la bala que no salió, el fallo que ya está escrito

El entramado político detrás del fallo contra Cristina Kirchner da cuenta de una Justicia a medida, servil al poder, y atravesada por negocios e ilegalidades.

La posible condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad ha encendido una alarma no solo en el plano político, sino en los cimientos mismos de la Democracia argentina.

La amenaza de una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no puede leerse en abstracto: se trata de una jugada judicial que, lejos de buscar justicia, huele a proscripción.

La Confederación General del Trabajo (CGT) lo expresó sin ambigüedades: «La democracia está en peligro».

El Poder Judicial al servicio del poder

No se trata de una opinión aislada. La CGT, en un comunicado claro y enérgico, comparó la situación con la que vivió Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, donde la persecución judicial terminó en un fallo revertido, pero no sin antes truncar una etapa política. “Es la voluntad popular la que debe ser resguardada”, señalaron, advirtiendo sobre el uso del Poder Judicial como herramienta para vetar candidatos incómodos al poder económico y mediático.

La diputada de izquierda Myriam Bregman, crítica histórica tanto del kirchnerismo como del macrismo, coincidió en que el proceso está plagado de irregularidades y alertó sobre la «connivencia entre jueces, servicios y operadores judiciales con la derecha política». Incluso ella, que pocas veces expresa solidaridad con el PJ, reconoció que el lawfare no es una fantasía conspirativa sino una maquinaria real, aceitada y operativa.

Y es que los vínculos entre los jueces involucrados en esta causa y el macrismo son escandalosos. Los viajes a Lago Escondido, las visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri, los nombramientos por decreto y las relaciones personales con el expresidente —incluidos partidos de paddle— no son detalles menores. Son la evidencia de un poder judicial alineado con una estrategia de disciplinamiento político.

Organigrama del lawfare: actores judiciales y sus vínculos con el macrismo

1. Julián Ercolini (Juez federal)

• Rol: Instrucción inicial de la causa Vialidad.

• Vínculos: Denunciado por haber sobreseído a Macri en causas de espionaje.

• Conexiones: Visitó la Casa Rosada durante el macrismo; figura en listas de contactos de operadores judiciales vinculados al PRO.

2. Leopoldo Bruglia (Juez de Cámara)

• Rol: Confirmó la elevación a juicio de la causa.

• Vínculos: Nombrado por decreto por Macri en 2016.

• Datos: La Corte avaló su permanencia de forma provisoria en un fallo que dividió aguas en el ámbito jurídico.

3. Cámara de Casación Penal – Sala IV

• Mariano Borinsky

  • Vínculos: Visitó 15 veces a Macri en Olivos. Participó de al menos un viaje a Lago Escondido.

• Gustavo Hornos

  • Vínculos: Se reunió con Macri al menos 6 veces mientras fallaba sobre causas de interés del Ejecutivo.

• Mario Villar (Fiscal)

  • Vínculos: No visitó a Macri, pero sus dictámenes fueron funcionales a la estrategia judicial del macrismo.

4. Rodrigo Giménez Uriburu (Tribunal Oral Federal N°2)

• Rol: Juzgó a CFK en la causa Vialidad.

• Vínculos: Integrante del equipo de fútbol que jugaba en la quinta Los Abrojos de Macri. Viajó a Lago Escondido con periodistas del Grupo Clarín y otros jueces.

5. Diego Luciani (Fiscal del juicio oral)

• Rol: Encargado de la acusación contra CFK.

• Vínculos: También jugador del equipo de fútbol en Los Abrojos. Actuación especialmente mediática y con frases que rozaban el slogan político.

6. Corte Suprema de Justicia de la Nación

• Horacio Rosatti (Presidente)

  • Vínculos: Nombrado por decreto por Macri (luego ratificado por el Senado). Su rol como juez y a la vez presidente del Consejo de la Magistratura fue duramente cuestionado.

• Carlos Rosenkrantz

  • Vínculos: También nombrado por decreto por Macri. Abogado corporativo vinculado al Grupo Clarín antes de su designación. Participó del encuentro en Lago Escondido.

Este mapa de relaciones debería bastar para cuestionar no solo la legitimidad del fallo, sino la independencia del Poder Judicial.

La sentencia contra Cristina Kirchner no puede analizarse como un hecho aislado ni jurídico: forma parte de un engranaje de disciplinamiento político con actores definidos, guion preestablecido y aliados en los medios hegemónicos.

Cuando el poder judicial juega en la misma cancha que un expresidente con causas pendientes, en la quinta de éste, con fiscales y jueces devenidos rivales de paddle, la sospecha deja de ser tal: se convierte en certeza. No hay Democracia plena sin justicia imparcial.

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A confesión de parte…

Cuando el diario Clarín tituló con cinismo brutal: “La bala que no salió y el fallo que se saldrá”. No sólo quiso instalar una frase provocadora. En realidad, se trató de una confesión descarnada de un proceso de proscripción política en marcha.

La presunta condena a Cristina Fernández de Kirchner desnuda un entramado judicial que hace tiempo dejó de disimular su filiación política y su obediencia a los intereses del poder económico concentrado.

“La bala que no salió” hace referencia al intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando un arma gatilló a centímetros del rostro de la vicepresidenta sin disparar. Pero lo que no logró aquel ataque armado parece querer concretarse ahora en los tribunales: anular políticamente a quien lidera el principal espacio opositor al neoliberalismo en Argentina. El “fallo que se saldrá” —con ese giro de lenguaje que transforma lo judicial en espectáculo— está siendo anunciado por Clarín como un hecho consumado. Y lo es, en tanto el fallo ya no necesita argumentos jurídicos: responde a una decisión política.

La condena contra Cristina Kirchner no es producto de un debido proceso, sino de una cadena de decisiones articuladas entre fiscales, jueces y medios de comunicación que operan como un frente disciplinador.

La causa Vialidad —núcleo de esta sentencia inminente— fue sostenida sin pruebas directas, construida con testigos que se contradecían y pruebas manipuladas. A pesar de eso, avanza hacia una sentencia condenatoria, porque el objetivo no es la justicia, sino la proscripción.

El lawfare, esa estrategia de guerra judicial que se aplica en toda América Latina contra los liderazgos populares, tiene en Argentina una de sus expresiones más grotescas.

Jueces como Rodrigo Giménez Uriburu o Julián Ercolini, vinculados a partidos políticos y hasta fotografiados en la quinta de Mauricio Macri o jugando al fútbol con fiscales del caso, son parte activa del dispositivo persecutorio. Sus lazos con el Grupo Clarín, actor central en la batalla mediática contra el kirchnerismo, refuerzan la sospecha de que más que justicia, lo que se administra es revancha de clase.

No se trata de defender a Cristina Kirchner como figura individual, sino de advertir que la Democracia argentina entra en una zona de peligro. La exclusión de dirigentes por vía judicial, sin garantías ni transparencia, erosiona la legitimidad del sistema y vulnera el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes.

“La bala que no salió” quiso silenciar a Cristina físicamente. “El fallo que se saldrá” busca hacerlo políticamente. El mensaje es claro: si no pueden derrotarla en las urnas, lo intentarán en los estrados. Pero la historia argentina tiene memoria, y sabe que cada intento de proscripción, tarde o temprano, despierta al Pueblo.

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