Info Alimentación Noticias del sector de Industrias de la Alimentación La UOM se sumó al STIA en el reclamo por la responsabilidad empresaria durante la dictadura
La semana pasada el juzgado de Rosario aceptó el pedido de la Unión Obrera Metalúrgica de sumarse a la querella junto al Sindicato de la Alimentación (STIA) en la causa que investiga la responsabilidad empresaria durante la dictadura militar.
La semana pasada el juzgado de Rosario incorporó a la UOM en la causa de lesa humanidad.
Es en la causa que investiga la responsabilidad empresaria durante la dictadura militar.
Por lo que ahora se sumará al Sindicato de la Alimentación (STIA) en la querella.
Es que el gremio alimenticio le apunta al Establecimiento yerbatero Las Marías, por la desaparición de trabajadores del gremio.
Nuevo querellante
Así la UOM se sumará a las querellas en causas por responsabilidad empresaria en la dictadura.
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y la UOM Villa Constitución buscarán, ahora, impulsar las causas.
Es contra Acindar y Las Marías por delitos de lesa humanidad.
Se trata del proceso que investiga la represión durante la última dictadura a trabajadores y delegados de Las Marías, en Corrientes.
Pero también de Acindar, por el lado del gremio metalúrgico.
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La FTIA querellante
la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y la UOM Villa Constitución se presentaron como querellantes.
Los procesos cursarán en los juzgados federales de Paso de los Libres y de Rosario para darle impulso.
En ambas, las víctimas fueron en su mayoría trabajadores y delegados gremiales y las empresas tenían un vínculo más que aceitado con el poder.
Por ejemplo, el dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, había sido gobernador de facto de la provincia de Corrientes durante el anterior régimen militar y fue ministro de Acción Social durante el último tramo de la dictadura.
En el caso de Acindar, su presidente antes del golpe fue José Alfredo Martínez de Hoz.
El mismo se convirtió en el ministro de Economía y en su lugar asumió el general Alcides López Aufranc.
Esta semana, el juzgado federal de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque aceptó la querella presentada por la UOM de Villa Constitución para participar de la causa.
“Se verifica una persecución de manera focalizada a trabajadores de empresas del rubro metalúrgico», sostuvieron.
Esto, «principalmente relacionado con una lista interna de la entidad gremial”, señalaron.
“Tomamos la decisión firme de constituirnos como querellantes y acompañar a familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado en Villa Constitución. Queremos darle visibilidad a la causa, celeridad y poder interceder e interpelar a los actores principales del terrorismo de Estado”, explica González.
Las Marías
La causa por la represión contra trabajadores del Establecimiento Las Marías, que produce la Yerba Taraguí, avanza en zigzag.
Si bien el expediente tiene más de 15 años, Adolfo Navajas Artaza parece intocable.
En 2008 llegó a estar imputado, pero resultó sobreseído sin siquiera indagarlo.
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Jueces amigos
Es que 18 jueces se negaron a tomarle declaración indagatoria por tener vínculos personales con el empresario.
Recientemente, fue nuevamente imputado por los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín Garcia y pidieron su indagatoria.
Los hechos en la localidad correntina de Gobernador Viraroso fueron similares a los de Villa Constitución.
La represión apuntó directamente contra los referentes sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE, hoy UATRE), las dos organizaciones que desde hacía unos años reclamaban mejores condiciones de trabajo y habían llegado a realizar una huelga en 1974.
Con el golpe, comenzó la persecución. En abril fueron detenidos y torturados Ramón Aguirre, secretario General de FATRE, Marcelo Acuña y Pablo de la Cruz Franco, secretario General y Tesorero de STIA.
Fueron imputados en la justicia militar por malversación de fondos del sindicato.
Meses después fueron detenidos Hipólito Mendieta y Pedro Celestino, trabajadores de Las Marías, por una denuncia realizada por un empleado jerárquico de la empresa.
Al año siguiente, a partir de una denuncia de la empresa por un supuesto sabotaje a la empresa se inició una causa que sirvió como tapadera legal del secuestro de otros ocho trabajadores: Juan Manuel Gómez, delegado de FATRE, Héctor Sena, Epifanio Monzón, Carlos Arturo Escobar Solano, Ramón Peralta y Jacinto Bernal, delegado de los tareferos de FATRE. Neris Pérez, delegado de los tractoristas de FATRE, y Marcelo Peralta, permanecen desaparecidos.
Morcillo junto a los abogados Jorge Olivera y Rodrigo Olivera Mansilla presentó la querella de la Federación.
