Las alimenticias quieren libertad para despedir

El presidente de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (COPAL) volvió a dar muestras de su representación a favor de la patronal, al oponerse a la decisión del Gobierno de prorrogar por 60 días más la prohibición de realizar despidos, a riesgo de recibir sanciones.

La patronal alimenticia volvió a dar muestras de su indolencia y falta de compromiso social, luego de la decisión del gobierno nacional de extender por 60 días más la prohibición a las empresas respecto a la consumación de despidos.

La determinación del Gobierno responde a la actual coyuntura de caída generalizada de la producción y el consumo, por efecto de la pandemia de coronavirus, y por la realización del aislamiento obligatorio.

En este sentido el presidente Alberto Fernández prorrogó la norma que establece una prohibición contra la patronal para consumar despidos, a riesgo de pagos indemnizatorios por el doble de su tope.

Pero, la nota la dio, una vez más la industria alimenticia que salió a cuestionar la decisión oficial, y pedir que se cambien, incluso las indemnizaciones por seguros de desempleo, de los que debería hacerse cargo el Estado.

La prórroga, a pedido de los trabajadores

El Gobierno oficializó la nueva prórroga por 60 días de la prohibición de despidos y suspensiones que regirá a partir del 1° de agosto y hasta el 30 de septiembre, según lo definió el Ejecutivo nacional.

La medida se había dispuesto por primera vez en abril como consecuencia de la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus, y viene ampliándose, período a período, por reclamo directo de los trabajadores que atraviesan situaciones salariales críticas.

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Con ello, el Gobierno reconoce la delicada situación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, que buscan sostener ingresos mínimos en un contexto en el que a nivel mundial la industria se muestra en fuerte retroceso.

Es más, el Ejecutivo declaró que la medida apunta a mantener el consumo interno, y el poder adquisitivo estable, contra la voluntad de muchos sectores que siguen presionando para obtener ganancias a cualquier costo, y generan caída del poder adquisitivo.

Las alimenticias, otra vez

Entre esos sectores, están, una vez más, las empresas alimenticias que, a pesar que acumularon ganancias durante el primer semestre, subiendo precios por arriba de la inflación promedio, siguen presionando para socavar el salario y tener “libertad” para despedir.

Así lo manifestó el presidente de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja, que representa a la patronal del sector, y que realizó declaraciones tras la decisión del gobierno nacional.

Fue tras la publicación del decreto 624/2020, en el Boletín Oficial y que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos sus ministros, cuando se dispuso que en el período establecido las empresas no podrán despedir a sus empleados sin justa causa.

El presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, salió a pedir que el Estado se haga cargo de los despidos del sector privado cambiando indemnizaciones por seguros de desempleo, pero además se pronunció en contra de la prohibición de despidos.

Alimenticias despiden, el Estado paga

Funes de Rioja, se refirió al tema en una entrevista realizada en el programa El Destape. Entre los planteos más llamativos realizados por el empresario, se encuentra la propuesta de desestimar a las indemnizaciones como modalidad de retribución por despidos.

De este modo, el referente de la Copal plantea que el Estado Nacional asuma el costo de los despidos del sector privado en medio de una crisis que golpea con fuerza al sector manufacturero.

El presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, habló de la extensión de la prohibición de despidos. “Argentina tiene que ir a un seguro de desempleo”, dijo Funes de Rioja. Sin embargo, se pronunció en contra de que el Estado prohíba despedir y suspender.

El vice de la UIA dijo que “la solución no es duplicar indemnizaciones porque eso frena al crecimiento del empleo para cuando crezca la economía”, en relación a la determinación del Ejecutivo.

Sin embargo, el referente patronal intentó mostrarse insólitamente empático con la realidad de los trabajadores: “Nadie duda que el trabajador y su familia tienen que estar protegidos, pero la solución no es prohibir los despidos y suspensiones”, agregó.

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Un Gobierno a favor del empleo

La nueva determinación establece que “los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, expresa el artículo 4.

Los fundamentos del nuevo decreto son los mismos que en los casos anteriores (el primer decreto rigió desde el 1° de abril y el segundo, desde el 1° de junio): se dicta en el marco de la “emergencia pública en materia económica”.

En esa línea, el decreto afirma que “que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”.

Asimismo, agrega que “resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles”.

El Gobierno catalogó como “medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, a la actitud patronal de sostenerse a favor la “libertad” de despedir.

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