Disputa comunal por Cresta Roja entre Echeverría y Ezeiza

Los municipios de Esteban Echeverría y Ezeiza cruzaron acusaciones políticas por la situación laboral en la avícola Cresta Roja. La firma tiene una planta en cada distrito. Mientras Fernando Gray se pronunció varias veces a favor de los trabajadores, al gobierno de Granados lo acusan de “doble discurso”. Alimentación garantiza la atención de los cesanteados a través de su obra social.

Mientras el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA PBA) garantiza la cobertura de la obra social para los despedidos en la avícola Cresta Roja, los municipios de Ezeiza y Esteban Echeverría cruzan acusaciones por la distancia política respecto al conflicto.

La llegada de Wade a la firma, en lugar de la cuestionada Proteinsa, no cambió el panorama general. Los centenares de cesanteados aún no recuperaron sus puestos de trabajo y la faena de pollos se mantiene en niveles bajos para la capacidad de la firma. Además, la empresa saliente no cumplió con sus compromisos, entre ellos, pagar parte de los salarios caídos.

Cresta Roja tiene sus plantas de producción en los municipios de Ezeiza, administrado por Alejandro Granados, y Esteban Echeverría, gestionado por Fernando Gray.

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En Echeverría, el intendente Fernando Gray se mostró varias veces preocupado por la situación de los trabajadores, e incluso acercó ayuda a quienes no pueden volver a sus puestos.

En cambio, el distrito que gobierna Alejandro Granados se mantiene indiferente al tema, al punto que esta semana se realizó una manifestación frente a la sede comunal para pedir colaboración a las autoridades. La visita del ministro de Agroindustria bonaerense hace unos días caldeó los ánimos.

Esteban Echeverría versus Ezeiza

Los trabajadores aseguran que existe una actitud diferente entre Gray y Granados respecto del conflicto. El intendente de Esteban Echeverría se reunió con los cesanteados, les entregó ayuda (alimentos y otros insumos) y le reclamó varias veces al gobierno de María Eugenia Vidal soluciones al problema.

Si bien desde la gestión Granados se mostraron a favor de la pelea de los empleados, estos lo acusan de “hacerse el distraído” de sus necesidades. “Hay mucho chamuyo, los funcionarios se llenan la boca hablando de Cresta Roja, pero no nos dan una mano, y encima reciben a los empresarios como señores”, se quejó ante Política de Sur una fuente de la planta Ezeiza, que prefirió el anonimato.

El enojo por la doble vara de Granados hizo que los trabajadores se manifestaran esta semana frente a la sede del Municipio exigiendo que se cumpla con la palabra y se entregue ayuda, en especial a quienes no recuperaron su puesto.

“Pedimos que se cumpla el compromiso de reincorporar a los despedidos, que se regularice el pago de los salarios caídos y que se termine de efectivizar la indemnización de quienes se fueron de la empresa, que hasta ahora cobraron el 50 por ciento de lo pactado”, agregó la misma fuente.

En este sentido, la empresa Wade, dueña de Granja Tres Arroyos, debe responder por los compromisos asumidos y no cumplidos de la anterior gerenciadora, Proteisa.

Hace dos semanas, una comitiva del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires visitó la planta Ezeiza de Cresta Roja y apoyó el “plan operativo de reactivación” de la firma, que volverá a faenar unos 60 mil pollos por día. .

STIA provee atención médica a los despedidos

En este clima, los cesanteados buscan la forma de mantener el conflicto con la ayuda de sus propios compañeros y gremios afines. En este punto, los integrantes de la agrupación Cresta Unida les piden más intervención a los gremios. Uno de ellos, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), anunció esta semana que los empleados de la empresa podrán seguir obteniendo prestaciones de su obra social (OSPIA), pese a no haber sido reincorporados tras la compra de la compañía por parte de la avícola Granja Tres Arroyos.

La medida responde a un acuerdo celebrado por el STIA de la provincia de Buenos Aires, OSPIA y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. De esta forma, Trabajo, por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud, adelantaría fondos que se adeudan para solventar las prestaciones.

“Deseamos hacerles saber la delicada situación económica de nuestra Obra Social producto de la deuda de Rasic, Proteinsa y Eco Ave por la falta de pago de los aportes y contribuciones, que superan los 100 millones de pesos”, comunicó el gremio. “Es nuestro deseo que esta situación se mantenga, lo que se encuentra condicionado a la entrega de los fondos por parte de la Salud”, concluye el comunicado.