El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) continúa en el proceso de despidos y tercerización de sus controles sanitarios en todo el país y despierta la preocupación por el riesgo fitosanitario latente
En el Senasa existen ya varios contactos con actores privados para que realicen tareas que según las autoridades del gobierno nacional y de Agroindustria se estarían llevando adelante «de forma deficiente».
De las 14 oficinas regionales que hay en la Argentina, habría una reducción a la mitad aproximadamente, pero, además, se estaría dejando de pagar los alquileres de los inmuebles donde trabajan empleados administrativos.
El plan oficial es que las actividades propias del organismo, siempre en materia administrativa, pasen a tener como sedes a la Sociedad Rural de cada una de las provincias y municipios, o que las mismas comunas colaboren con el otorgamiento de los espacios físicos.
En cuanto a los más de 300 despidos que se produjeron hasta el momento, desde el Senasa informaron que se abrió un proceso de revisión desde el pasado martes, aunque con ciertos matices.
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