Gatillo Fácil, cláusula gatillo y Poder Judicial

La Justicia volvió a alertar a Cambiemos. Tras las críticas del Poder Judicial a Macri por su injerencia en el caso del policía Chocobar, el juez Julián Flores ordenó restituir el pago de la cláusula gatillo 2017 a los bancarios. Mientras la Inflación empuja el uso del recurso de actualización salarial. ¿Doble frente para el Gobierno?

La medida cautelar a favor de la Asociación Bancaria, dispuesta esta semana por el juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Resistencia, Chaco, alertó al gobierno nacional que viene intentando borrar la cláusula gatillo de los objetivos del sindicalismo nacional.

Más allá del momento que enmarca la relación conflictiva entre el gremio de los bancarios, liderado por Sergio Palazzo, y el Ejecutivo, la incomodidad de los funcionarios nacionales tiene que ver con la herramienta utilizada por el sindicato.

Lejos de las manifestaciones callejeras y los enfrentamientos verbales a través de los medios de comunicación, esta vez el sindicalismo apostó a la vía del derecho para que el Gobierno se apegue a la Ley a la hora de negociar el salario de los trabajadores argentinos.

Más allá de que la determinación judicial será apelada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo real es que los hombres de Cambiemos no quieren lidiar con la posibilidad de que la Justicia siente un precedente a futuro para lo que resta de la negociación paritaria.

La posibilidad de que la demanda desate una catarata de medidas cautelares provenientes de otros sectores del movimiento obrero alerta a Mauricio Macri, que no quiere guiños de ninguna clase entre los trabajadores y los magistrados, en un momento duro del año.

Como es sabido la propuesta del Ejecutivo para 2018 es que la suba salarial no supere el 15%, es decir, al menos 10 puntos porcentuales por debajo de las estimaciones inflacionarias privadas y públicas.

Cabe recordar que el mismísimo INDEC publicó la semana pasada un informe donde concluía que la inflación del mes de enero había ascendido a 1,8%, acumulando 25% a lo largo de doce meses. Ese número es, justamente, el que algunas consultoras privadas avizoraron para 2018.

Otro de los ejes en el que se centró el fallo es la restitución del aporte solidario al gremio bancario, es decir la potestad de recaudar la suma de los trabajadores no afiliados. Las dos medidas van al corazón de la confrontación del gobierno nacional con el movimiento obrero.

A partir de esta medida las entidades financieras deberán continuar pagando a su personal los ajustes por inflación determinados en la cláusula gatillo del acuerdo paritario 2017, hasta la firma de un nuevo convenio.

A pesar que la medida es retroactiva, es decir que no afecta a la negociación salarial de 2018, para el gobierno es una mala noticia el respaldo de la justicia al sindicalismo, justo en el momento en que además de las paritarias, Cambiemos abrió un inesperado frente por el caso Chocobar.

El factor Chocobar

El martes de esta semana la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudió los cuestionamientos del Presidente Macri a los camaristas que confirmaron el procesamiento del policía que mató por la espalda a un ladrón que huía desarmado.

«Resulta incompatible con un Estado de Derecho», sentenciaron los magistrados que vieron en el apoyo mediático del presidente al policía Chocobar una “indebida injerencia” del Ejecutivo. Los jueces se refirieron a Macri como “el titular de uno de los Departamentos del Gobierno Federal”.

La carta presentada por la entidad que nuclea a los jueces fue el primer viraje de timón (provisorio o no) en la relación entre el Ejecutivo y la Justicia Nacional, y sirvió para marcar distancia entre los poderes del Estado.

La determinación de la Justicia de apoyar el reclamo del movimiento obrero en la medida cautelar que buscaba sostener la cláusula gatillo y el fondo solidario encendió la segunda luz de alerta en ese vínculo que, hasta ahora, le venía dando satisfacciones al Gobierno.

La sola posibilidad de abrir un doble frente de batalla puede hacer que el Poder Judicial complique aún más la relación del Ejecutivo con los Sindicatos que, más allá de sus disidencias políticas y metodológicas, se mostraron unificados en la exigencia de respetar el recurso de actualización salarial por inflación.

El propio Héctor Daer aseguró el mes pasado que » habrá que reivindicar una cláusula gatillo porque, si el gobierno fracasa en sus pronósticos, lo que no podemos hacer los trabajadores es perder ingresos y poder adquisitivo».

Más allá del escenario de conflicto con el Sindicato liderado por Palazzo, el temor del gobierno tiene que ver con la onda expansiva de la determinación judicial. Y esto responde a que el pedido de sostenimiento de esa alternativa de salvaguarda inflacionaria unifica a muchos gremios.

El tiro por la culata

La llamada “nueva doctrina” que fuera anunciada por la Ministra Patricia Bullrich, al justificar el accionar del policía que mató por la espalda a un delincuente, y que arrastró al Presidente Macri a recibir al uniformado en la Casa Rosada, comenzó a darle algunos problemas al Ejecutivo.

Más allá del caso en particular la Justicia salió a mostrarle los dientes al Jefe de Estado, y le dejó en claro que así como el Gobierno atraviesa las líneas que demarcan su ámbito de injerencia, los magistrados pueden hacer lo mismo.

Si bien por ahora son tan sólo señales Macri no quiere contingencias en este momento del año en el que sus funcionarios salieron a marcar una postura firme de no elevar el piso salarial de 15% y eliminar la cláusula gatillo.

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