Info Alimentación Noticias del sector de Industrias de la Alimentación Continúa el paro y la militarización en Cresta Roja
La compañía avícola adeuda el salario de los trabajadores y reforzó la seguridad en los portones de sus dos plantas
En la empresa avícola Cresta Roja continúa la crisis con cientos de empleados que nunca fueron reincorporados, Por otra parte, aquellos que volvieron al trabajo sufrieron constantes incumplimientos en el cobro de sus salarios.
De hecho, ya hace más una semana que que las plantas de Esteban Echeverría y Ezeiza están de paro y los empleados volvieron a encarar un proceso de asambleas para discutir medidas por el dinero adeudado por la patronal de Proteinsa.
Los trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), no descartan cortar el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pero, además, ambas plantas amanecieron con los portones cerrados y militarizadas con efectivos de la Policía Bonaerense.
Santiago Fontana, miembro del cuerpo de delegados de planta 2, explicó a Página 12: “nos siguen extorsionando, exigiendo que primero trabajemos y después nos pagan, cuando todo lo adeudado es por días que ya trabajamos. En las reuniones la patronal ofreció un cronograma de pagos que recién se terminaba en febrero y no fue aceptada por los trabajadores”.
El salvataje que no fue
El fallido plan de salvataje de Cresta Roja que diseñó el Gobierno nacional y aprobó la Justicia comercial a fines de 2016 ya había dado sobradas muestras de inviabilidad. Los trabajadores habían denunciado al poco tiempo de asumir el consorcio tripartito que se hizo cargo de la empresa, que no estaba invirtiendo ni produciendo lo necesario para el correcto funcionamiento.
Los primeros días de diciembre de 2016 comenzó a resquebrajarse el montaje del Gobierno. En esa fecha trascendió que Ovoprot estaba próxima a declararse en cesación de pagos. A través de una carta firmada por Sebastián Perea Amadeo, presidente de la empresa, el 6 de diciembre se alertó a la Bolsa de Comercio que no podrán hacer frente esta semana al pago de los intereses de títulos emitidos por unos $ 50 millones.
Otro punto oscuro de la intervención del Gobierno para ‘salvar’ la avícola es la polémica sociedad de un funcionario de Macri con la empresa. Más precisamente, se trata de Mariano Miguel Bosch, funcionario nacional y socio comercial del Grupo Lacau, uno de los dueños de la compañía gracias a la intervención del Gobierno.
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