Nuevos amparos piden la inconstitucionalidad de la reforma previsional

ATE presentó un recurso ante el juzgado Nº 8 de la Cámara Federal de la Seguridad Social y en beneficio de 18 millones

Esta vez fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) quien presentó un recurso ante el juzgado número 8 de la Cámara Federal de la Seguridad Social y en beneficio de 18 millones de empleados argumentando «derechos patrimoniales y alimentarios vulnerados por la Ley 27.426».

Según confirmó el secretario general de la organización, Hugo “Cachorro” Godoy, el recurso de amparo fue registrado en el expediente CSS/140837/17 y, durante la feria, actuará el juzgado federal de la seguridad social número 3 de Walter Carnota, indicó.

El amparo fue firmado por Godoy en representación del sindicato y de los jubilados nacionales Lidia Meza y Oscar Mengarelli por su condición de “damnificados”, en tanto las presentaciones estuvieron a cargo de Horacio González, integrante del equipo jurídico de la ATE y del Centro de Jubilados y Pensionados del gremio.

“La norma violó derechos constitucionales y tratados internacionales, y fueron afectados de forma directa los derechos de propiedad y la movilidad de los jubilados y pensionados de todo el país; los titulares de pensiones no contributivas; quienes perciben las asignaciones familiares; los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los veteranos de las Islas Malvinas» aseguró.

«También con el tiempo serán lesionados los trabajadores activos que se jubilen, ya que se fijó para el cálculo del haber previsional inicial una pauta de actualización de las remuneraciones menos favorable que la de 2017”, puntualizó.

Godoy explicó en el amparo que en la Ley 27.426 no hay una sola disposición que procure mejorar las condiciones de vida de los trabajadores alcanzados, y que “las llamadas reformas previsional y tributaria vulneran los derechos del conjunto de activos y pasivos, desfinancia el sistema de seguridad social y transfiere recursos de manera discrecional y arbitraria solo a favor del Estado y de los sectores privados”.

Para Godoy, la norma sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que recomendó aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años, reducir el haber inicial (bajar la tasa de sustitución), cambiar la fórmula de actualización de la movilidad y transferir programas sociales de la Anses a Desarrollo Social o Educación.

“Todo apunta a reimplantar los seguros privados jubilatorios. Es una política de destrucción de derechos y asistencialización de los sistemas de seguridad social”, afirmó.

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