En el centro de la escena: La CGT como pieza clave para el debate parlamentario

El debate generado al interior del arco político por el proyecto de reforma laboral elaborado por el gobierno puso a la Confederación General de Trabajadores (CGT) en el centro de la escena política. Desde el oficialismo y la oposición buscan mostrar el apoyo obrero a la (aún incierta) decisión legislativa.

Desde la CGT ya anunciaron que su rol en el tema está terminado, pero desde el bloque del PJ aún se busca llevar a los representantes del movimiento sindical al Congreso para respaldar la determinación final que los parlamentarios del Congreso tomen respecto al Proyecto de Reforma laboral que el gobierno de la Nación envió hace días.

Tras evitar una reforma «a la brasileña», los referentes sindicales no quieren quedar marcados por lo que decidan los parlamentarios. El problema es que desde la central obrera saben que empieza una nueva discusión en la que, incluso, pueden no ser respetadas las modificaciones introducidas al proyecto original.

La primera interpelación provino desde el propio Senado. Desde el sector del PJ que lidera Miguel Angel Pichetto, advirtieron que no votarían la iniciativa si el triunvirato de la CGT no se presentaba a defenderla ante la Cámara alta.

Sin embargo, la central de los trabajadores, no tardó en contestar a la interpelación y salió a dejar en claro que no se prestarán a la manipulación política del tema. Lo resolvieron así en una reunión de mesa chica en la que tomaron la decisión de firmar un documento donde se declare las condiciones de apoyo al Proyecto de Reforma.

Plan B

El problema principal reside en que, a pesar de haberse prestado para que la propuesta del Ejecutivo fuera elaborada con consenso y legitimidad social, la CGT intenta conservar la prudencia ante la posibilidad de que los parlamentarios del oficialismo y sus aliados en el Congreso den marcha atrás con las modificaciones introducidas al proyecto original.

Esa posibilidad está latente y cerraría una jugada urdida desde el oficialismo, a la que la central obrera no tiene intención de plegarse. Es por eso que si bien ya se anunció el apoyo a los cambios que configure una iniciativa legitimada, no está dispuesta a defenderlos en el Congreso.

De hecho desde la comisión directiva de algunos sindicatos emergieron documentos donde se alerta sobre la posibilidad de una “ofensiva oculta” para llevar a cabo la propuesta inicial presentada por el Gobierno de Mauricio Macri. Este es el temor principal del movimiento obrero.

En una carta con fecha de 22 de noviembre, la filial Córdoba del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) llamó la atención sobre la posibilidad de que el gobierno nacional esté llevando adelante un plan B a través del Congreso, para introducir en el Proyecto de Ley modificado por la cúpula de la Confederación General del Trabajo, los incisos originales de su iniciativa laboral.

“Siguen intentando profundizar la reforma laboral a pesar que la CGT Nacional ha morigerado la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional” alerta el comunicado publicado en el sitio web del sindicato de la Alimentación.
Si bien el comunicado puede parecer aislado, la chance de que esto suceda está presente para la toda la clase trabajadora. En ese caso, el gobierno nacional habría capitalizado políticamente, ante la sociedad, un apoyo de peso para su iniciativa, para luego obtener la aprobación de su plan original. Esto en política no tiene vuelta atrás.

El proyecto liberal de Cambiemos

Ese proyecto original que cuenta con la mirada anuente de diferentes sectores del empresariado, implicaba puntos que dejaban en situación de vulnerabilidad a los trabajadores, al momento de negociar sus condiciones de trabajo, indemnizaciones y horas extra frente a los empleadores.

Es que el eje central del gobierno nacional apuntaba a socavar los convenios colectivos de trabajo, una herramienta que ampara a la clase trabajadora en la negociación con la patronal, ya que establece un criterio colectivo de negociación, que a esta gestión política no parece caerle en gracia.

La pretensión del gobierno desde el inicio apuntaba a “liberalizar” esa negociación, es decir, que cada trabajador, individualmente, se pare frente a su empleador para “acordar” el contrato entre ambos.

Esta pretensión, atractiva para los amantes del laissez faire político y económico, encierra una desigualdad de hecho. El desequilibrio tiene que ver con una relación de poder entre el capital y el trabajo. La ausencia de una representación sindical de peso que sustente, y sostenga, los derechos conseguidos colectivamente por el sector obrero, puede hacer que sus reivindicaciones se vuelvan permeables ante los intereses de los empresarios.

Puede pasar cualquier cosa

“La estrategia de la CGT es clara: evitar correrse de lo ya acordado con el Gobierno”, publicó el Diario La Nación el jueves, en una editorial referida a la determinación de la central obrera de negarse a asistir al Congreso Nacional.

«Nuestra tarea en el Congreso está terminada, los tiempos para debatir una ley no son un problema nuestro» afirmó un referente sindical al matutino tras la reunión de la mesa chica.

Queda claro que la reforma laboral es un tema candente tanto para el gobierno como para el poder legislativo, puesto que en su aprobación está en juego el capital social de los representantes políticos del país. El aval de la CGT sería un aval a su decisión parlamentaria, cualquiera sea ella.

Por ahora, nadie quiere mover una ficha, y el proyecto parece quedar en revisión durante algunos meses, pese al apuro del gobierno nacional y del parlamento.

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