Columna de opinión de Héctor Daer publicada en Ámbito Financiero

No tolerar que haya trabajadores pobres

En un mundo hiperconecta­do, con economías y mercados altamente interdependientes en la búsqueda constante de optimizar ganancias, el trabajo asalariado es afectado por una cadena de valor plagada de intervenciones negativas de terceros, consecuencia de la especificidad y complejidad de los procesos industriales actua­les en la búsqueda de menores costos.

Cuando hablamos de tercerización, sin embargo no hablamos de modernidades; hablamos de precarización la­boral.

Desde la concepción libe­ral el trabajo es un insumo más en el proceso productivo, cuyo valor variable debe ajustarse a las necesidades del mercado.

La tercerización sería, en esta lógica, una herramienta útil del empresario para lograr una devaluación social por vía de reducir el precio del trabajo.

La concepción de bienestar social, la seguridad laboral, la legislación laboral tuitiva, los Convenios Colectivos de Traba­jo por ramas de actividad que aseguren condiciones mínimas de trabajo para todo el ámbito respectivo, son algunos de los pilares con los que aspiramos a edificar una sociedad más igualitaria.

Hoy vemos que la terceri­zación ya no se aplica, como una excepción, en los servicios periféricos de cada empresa, sino en las actividades propias y esenciales de cada actividad, con los consiguientes perjuicios para los trabajadores convencionados que sufren la competencia desleal con ca­racterísticas de dumping social, de parte de los trabajadores ve­nidos de la «nada laboral», con menos derechos, con menos salarios, con menos seguridad y sin posibilidades de integrarse al colectivo laboral.

Es necesario que pasemos de la hasta ahora acción defensiva a una acción ofensiva y que denunciemos la proliferación de tercerizaciones ilegales e ilegitimas, haciendo respetar nuestra legislación que preser­va el trabajo convencionado e impide, si se aplicara, el daño económico y social de la terce­rización.

Recientes trabajos de inves­tigación confirman la crecien­te aparición, ahora también en el continente europeo, de una nueva clase social la de los «trabajadores pobres» hasta hace unos años patrimonio casi exclusivo de los Estados Unidos, siendo una de sus causas la creciente precarización derivada de la tercerización salvaje e intolerable, que niega toda institucionalización defensiva laboral.

No podemos continuar so­portando en nuestro país tra­bajadores pobres, con menos derechos y con menos seguridad; pensemos tan solo que más de la mitad del 50%· de los trabajadores asalariados de toda índole, percibe salarios inferiores a los $12.000 men­suales, vale decir, por debajo del umbral de la pobreza familiar.

Tercerizar puestos de trabajo significa, pues, quebrar el colectivo laboral, degradar el convenio colectivo de trabajo, perder derechos laborales y so­ciales y devaluar el salario. No se debe aceptar la degradación social y laboral de los trabaja­dores, en aras de optimizar los beneficios del capital.

Fuente: Ámbito Financiero – edición del día 25/09/17

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