Alimentación impulsa causa contra empresarios por su rol en la Dictadura

El gremio de Alimentación y la UOM pidieron presentarse como querellantes en las causas  por la desaparición de trabajadores de Las Marías y Acindar.

El gremio de Alimentación, por medio de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), solicitó presentarse como querellante en la causa Las Marías.

A 45 años del último golpe de Estado perpetrados por militares y cómplices de la sociedad civil, los gremios aún continúan luchando por Memoria, Verdad y Justicia.

Las presentaciones judiciales fueron hechas por la (FTIA) y la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Las presentación se hicieron en relación con los expedientes contra exdirectivos de la yerbatera correntina Establecimiento Las Marías y de la siderúrgica Acindar, en Villa Constitución.

Alimentación, un gremio comprometido con los derechos humanos

En el marco del 45 aniversario del último golpe de Estado, los gremios de Alimentación y la UOM ratificaron su compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de Justicia.

Ambos gremio recurrieron a la Justicia para constituirse como querellantes en los juicios en los que se investiga la complicidad de empresarios en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

«La represión estaba circunscripta a “la desarticulación de la organización obrera con la eliminación de la organización gremial”, y destacó la “eficacia de combinar el accionar de las fuerzas armadas con el aporte empresarial, para así en conjunto ejercer el poder represivo contra los trabajadores”

Los planteos fueron presentados en relación con los expedientes contra exdirectivos de la yerbatera Establecimiento Las Marías, de Corrientes, y de la siderúrgica Acindar, en Villa Constitución.

Cabe destacar,, que más del 60% de los desaparecidos durante el «Proceso» eran trabajadoras y trabajadores, sin embargo, muy pocos gremios realizaron reclamos judiciales tras el regreso de la Democracia.

Te puede interesar –> Lesa Humanidad: Imputan al dueño de Las Marías por privación de la libertad

Patronal cómplice

La causa de las Marías, involucra al empresario Adolfo Navajas Artaza, ex presidente de Las Marías, denunciado por privación ilegal de la libertad.

El juicio que busca impulsar la FTIA busca que se juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos en Gobernador Virasoro durante los años de la dictadura cívico-militar.

Navajas Artaza había sido desprocesado en un primer juicio desarrollado en Corrientes en 2018, en el que también fue absuelto el único imputado que llegó a juicio, el exinterventor militar de Gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel.

La presentación de la FTIA apunta a reabrir el expediente respecto del expresidente de Las Marías.

En el expediente se detalla el rol patronal y la complicidad con la maniobra de represión ilegal que tuvo como víctimas a seis trabajadores de la yerbatera.

Adolfo Navajas Artaza, es considerado responsable de privación ilegal de la libertad de los trabajadores que desempeñaban tareas en su empresa.

El periódico Página/12 cubrió el caso en distintas etapas y detalló en sus notas que entre 1969 y 1973 Navajas Artaza gobernó de facto la provincia de Corrientes y años más tarde volvió a prestar apoyo al partido militar como ministro de Acción Social de Reynaldo Benito Bignone durante la última dictadura.

Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena fueron las seis víctimas de la maniobra de persecución contra los trabajadores que se atrevieron a denunciar los abusos patronales en el establecimiento.

Te puede interesar –> STIA ratificó la búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia

Justicia tradía

Para las víctimas y organizaciones que acompañan a los familiares desde las primeras denuncias el juicio que concluyó en 2018 estuvo signado por la impunidad político-judicial.

Durante el proceso judicial, la defensa logró quitar del eje del debate a lo que se considera la pata «civil» del terrorismo de Estado, en este caso la empresa Las Marías y la familia Navajas Artaza.

La familia Navajas Artaza está acusada de perseguir a los trabajadores sindicalizados en los gremios de STIA y FATRE, que «agitaban» por dignas condiciones de trabajo en los yerbales de Gobernador Virasoro.

El juicio no concluyó con una sentencia por el tiempo transcurrido.

El fallecimiento y la declaración de insania de los principales responsables militares, Llamil Reston y Juan Carlos Sacco, complicaron aún más la investigación por la desaparición de Neris Pérez, tractorista y secretario adjunto de Fatre, y las detenciones, torturas y secuestros de Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Juan Manuel Gómez, Jacinto Bernal, Arturo Escobar, Hector Sena, Epifanio Monzón, y otros trabajadores del Establecimiento Las Marías, como así también de otros dirigentes gremiales que habían osado cuestionar- en los años 73-76- el poder omnímodo de la patronal yerbatera de los hermanos Navajas Artaza.

Te puede interesar –> Las Marías: La «Justicia» absolvió a Torres Queirel y sigue la impunidad

Un antecedente de impunidad

En 2018 el fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos pidieran seis años de prisión y el doble de inhabilitación para el entonces interventor militar en el municipio de Virasoro, Héctor María Torres Queirel, por considerarlo partícipe necesario de la desaparición forzada de Marcelo Peralta.

También pidieron que la Fiscalía de Paso de los Libres investigue la responsabilidad de Adolfo Navajas Artaza, propietario de la empresa, en la represión de los trabajadores del establecimiento.

Torres Queirel, ex interventor municipal de Virasoro y proveedor de materia prima para la yerbatera Las Marías, fue acusado de tener responsabilidad en la desaparición forzada del trabajador rural Peralta, ocurrida el 29 de junio de 1977.

Fue el único imputado, ya que los otros dos fueron desafectados por cuestiones de salud. Aún así el juicio se convirtió en histórico ya que la causa llevó a los tribunales a la yerbatera más grande del mundo por complicidad con la desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar.

Sin embargo, a la hora de la sentencia, las víctimas de la represión ilegal y sus familiares, comprobaron que el tribunal había cerrado el círculo de impunidad.

Los magistrados decidieron en 2018 absolver de culpa y cargo a Torres Queirel y confirmar, al mismo tiempo, que en Virasoro no hay Justicia ni Verdad, sin embargo, el reclamo que la FTIA quiere llevar adelante ratifica que la lucha sigue y que mientras haya Memoria se honrará a quienes lucharon en un momento tan adverso por los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

La responsabilidad empresaria

Durante los alegatos del juicio celebrado en 2018, Flavio Ferrini, fiscal del Tribunal Oral, inscribió la desaparición de Peralta y todas las demás violaciones a los derechos humanos sufridos por los trabajadores de la región como crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del plan sistemático “instaurado durante la última dictadura militar, diseñado para suprimir y eliminar a quienes se identificaban como enemigos del régimen”.

En aquel entonces, Ferrini precisó que, en el caso de Virasoro, la represión estaba circunscripta a “la desarticulación de la organización obrera con la eliminación de la organización gremial”, y destacó la “eficacia de combinar el accionar de las fuerzas armadas con el aporte empresarial, para así en conjunto ejercer el poder represivo contra los trabajadores”.

Señaló así al Establecimiento Las Marías como parte del engranaje represivo que posibilitó la identificación, persecución, secuestro, detención y desaparición de los trabajadores que figuran hoy como víctimas de la dictadura cívico militar y que eran parte de las organizaciones gremiales FATRE (Federación de trabajadores Rurales) y STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación).

Remarcó que la incursión en la región de estos sindicatos posibilitó el cuestionamiento de las condiciones de explotación laboral que le arrancaron a la empresa Las Marías en particular, y a las subsidiarias de ésta, derechos laborales que comenzaban a ser ejercidos por sus trabajadores.

Desmantelamiento de STIA y FATRE

Para Ferrini, la participación necesaria de Torres Queirel en el desmantelamiento de las organizaciones sindicales quedó acreditada. Nombrado como interventor municipal de Gobernador Virasoro, sus funciones estaban claramente estipuladas con anterioridad al golpe de Estado en la “Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75 – Lucha contra la subversión”.

“De acuerdo a las directivas del Ejército, el que ejercía control territorial era Torres Queirel. Tenía asignada esa función de acuerdo a su estado militar y a lo que las directivas del Plan le habían asignado. Éstas, además, se reafirmaron en las funciones dictadas en 1977. Era quien tenía la facultad de liberar la zona en su caso, prestar la logística necesaria para su cometido, como los medios para garantizar la impunidad, pero también la posibilidad de impedirlo o interrumpirlo”, leyó el fiscal.

Torres Queirel coordinaba con los militares la lucha contra la subversión. Contaba con un consejo asesor -un abogado y otras siete u ocho personas- que eran parte de un sistema de recolección de información para la identificación de personas, sus actividades y su posterior persecución. Su participación tenía un valor agregado.

Además de ser militar, era productor yerbatero. Es decir empresario/patrón que se beneficiaba con el desmantelamiento de los sindicatos y con la restauración de un sistema de explotación laboral “que hoy, bien sería trata laboral”, sostuvo Ferrini.

Para el fiscal, su condición doble lo convirtió en “la persona más idónea para el plan criminal, con un conocimiento acabado sobre las situaciones que había generado la organización obrera para el sector”.

Marcelo Peralta

La desaparición del tarefero se produjo la madrugada del 29 de junio de 1977. En ese momento estaba en marcha el Operativo Consolidación, en Virasoro, del que participaron un jefe, cinco oficiales, 31 suboficiales, y 146 soldados de clase 1958. El objetivo era intensificar las acciones represivas para el aniquilar la “subversión”.

“En este contexto de persecución se desarrolla el secuestro de Marcelo Peralta. Arrancó con el operativo que realizaban los grupos de tareas desde las 00 hasta las 04 de la madrugada, cuando finalmente lograron dar con el paradero de Marcelo”, resumió el fiscal.

Junto a él, su esposa Genara Díaz y su pequeña hija estaban en la precaria casilla que compartían en la Estancia María Aleida, propiedad de Torres Queirel. Se encontraban allí hacía unos quince días cosechando yerba mate en condiciones de explotación laboral. El operativo había comenzado a la medianoche del 29 de junio.

Durante cuatro horas los militares ocuparon la estancia, recorrieron varias casillas, golpearon y torturaron a varios trabajadores rurales –entre ellos a Ramón Peralta y Ramón Falcón- hasta dar con quien estaban buscando: Marcelo “el Galgo” Peralta.

Torres Queirel, partícipe necesario

En el cierre de su alegato, Ferrini sintetizó la participación esencial de Torres Queirel en la desaparición de Peralta.

“Está probado que Marcelo Peralta detentaba el carácter de oponente, según la filosofía que emanaba de los manuales castrenses del Plan Criminal. El teniente Torres Queirel albergó en su establecimiento la instalación del vivac de junio de 1977, Operativo Consolidación que tenía como fin el exterminio de los que no habían sido habidos hasta ese momento.

Contribuyó desde su posición de intendente a recopilar información de inteligencia, bajo la fachada de una junta de asesores. Al mismo tiempo lo realizaba la policía por vía de los manzaneros que refirió el comisario Ramírez.

El contratista Balbuena, garantizó y reforzó la información por medio de la complicidad de un empleado del Establecimiento Las Marías. Éste, al mismo tiempo, tenía sujeción de dependencia en las oficinas municipales.

El fiscal concluyó en aquel entonces, que «Según los elementos probatorios analizados, debo concluir que ellos contribuyeron al menos a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en la localidad de Virasoro. Aquí fue donde se llevaron a cabo estos delitos y, al mismo tiempo, conforman de modo claro y manifiesto la relación de causalidad entre ellos y el resultado final”.