Las grandes alimenticias son las principales responsables de la inflación en Argentina

Un recorrido por las causas estructurales de la inflación en nuestro país, demuestra que la concentración monopólica de parte de las principales empresas alimenticias en Argentina, es una de las causas centrales que empujan la suba permanente de los precios.

Un grupo de grandes alimenticias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que  se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-ex Kraft, Molinos Cañuelas y Morixe).

A su vez, las grandes cadenas de comercialización como son Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima y Walmart  manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país.

En ese marco, existe en Argentina una especie de “sociedad de hecho” de muchos años entre grandes productores y comercializadores, que hace muy difícil destrabar el proceso de formación de precios.

Un intento por bajar los precios

De hecho, los antecedentes marcan que 2014 la Secretaría de Comercio ya se planteaba controlar a unas 28 empresas productoras de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo como parte de la avanzada sobre el problema inflacionario.

En ese entonces las patronales alimenticias fueron convocadas a presentar una estructura de costos pero ninguna de esas empresas pudo presentar estudios serios de costos y menos de márgenes de ganancia.

Esto hizo que el dato suministrado por la empresa fuera inexistente, en principio porque la patronal es la principal interesada de que ni el gobierno ni los consumidores sepan cuáles son sus “utilidades”.

Las dos D: Devaluar y Desabastecer

Además, en enero de 2014, por presión de esas mismas empresas que son mayoritariamente exportadoras, se devaluó nuestra moneda en un 25% de $ 6,84 a 8,50 por dólar y ya no hubo forma de controlar nada.

Si miramos este mismo año, sin embargo, se observa cómo, en abril, Arcor, Unilever, Molinos Río de La Plata y otras empresas de primer nivel redujeron sus entregas drásticamente a las empresas de comercialización de sus productos.

El dato surge del propio relato de las cadenas de supermercados: “Le hice un pedido de 10 millones de pesos a Arcor y me entregó 200.000 pesos”, señalaba una de esas empresas al medio digital El Destape.

“Le compré 200.000 cajas de harina y 50.000 de aceite a Molinos Cañuelas y me dijeron que no me pueden mandar nada”, relataba uno de los mayoristas más grandes del país a la prensa, como parte de la denuncia.

Las razones inflacionarias

Este movimiento de las grandes alimenticias está marcado por el récord de ventas al exterior, ya que en los cuatro meses de 2020 la proporción de la demanda externa fue mucho mayor que en igual lapso del año pasado.

Por lo tanto, el precio de los alimentos se dispara por varias razones, entre ellas, porque el Estado realizó compras enormes para asistir a los comedores sobre todo de los conurbanos de las principales ciudades del país.

Pero, además, las fuertes compras de Rusia, Italia y China (fundamentalmente de trigo, harina, aceite y carnes) hizo que la posición dominante de las grandes alimenticias en el mercado interno, las lleve a vender al mercado local en cuentagotas y presionar con la devaluación.

La concentración de las gigantes alimenticias

Por ejemplo, en la producción y venta de aceite comestible, Aceitera General Deheza (AGD, de los Urquía), Molinos Río de la Plata (del Grupo Pérez Companc) y Arcor (Pagani) tienen el 90% del mercado interno.

Por el lado de las oleaginosas, Oleaginosa Moreno-Glencore (Estados Unidos), Vicentín  y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) tienen el 90% de las ventas externas. Esto implica que, en todos los casos, los precios locales son dolarizados por las propias empresas.

Pues, entonces, una botella de 1,5 litros de aceite mezcla que venden al mercado interno local AGD (Natura), Molinos Río de la Plata (Cocinero) y Arcor, sale $ 200 porque en Ámsterdam se vende a dos dólares y ellos se rigen por el dólar paralelo o blue.

La agroindustria en el poder

En este sentido, no es casualidad que el presidente de la UIA sea Miguel Acevedo (cuñado del presidente de Aceitera General Deheza) y el vicepresidente sea Daniel Funes de Rioja, quien fue reelecto para un sexto mandato como presidente de la COPAL.

Ello demuestra la importancia de la agroindustria en la Argentina actual. Basta recordar que Funes de Rioja fue como abogado laboralista a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en la dictadura y que hoy propone reducción de los salarios mientras ellos suben los precios.

Lamentablemente para los trabajadores, el poder de lobby de Daniel Funes de Rioja sigue intacto.

Tras el colapso macrista la figura del empresario alimenticio salió indemne y aún continúa ejerciendo una pesada influencia en los ministerios y en el Ejecutivo de Alberto Fernández.

De hecho, fuentes gremiales confirmaron el desencanto de los referentes gremiales que fueron testigos de cómo la postura de Funes de Rioja, de no frenar a las alimenticias que no producen alimentos esenciales, se impuso ante las gestiones de los referentes sindicales que buscaban proteger a las trabajadoras y trabajadores del sector.

Tanto en el Ministerio de Trabajo, como en el Ministerio de Producción; Funes de Rioja sigue siendo uno de los principales lobistas de los intereses empresarios.

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El valor del dólar

Sin embargo, en la producción y venta local, solo si se frena el valor del dólar se logra estabilizar la economía nacional. Esa es la principal batalla que se está librando con los factores de poder real.

Esa batalla tiene como protagonistas a la asociación agro-financiera y los mecanismos de fuga de capital y de desestabilización del tipo de cambio.

Por eso cuando el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso del 1° de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones ordinarias dijo: “El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”, esa asociación de los ricos se pintó la cara.

La primera medida tras ese discurso fue el intento del lock-out patronal de la Mesa de Enlace. La segunda, azuzada tras la pandemia, es la fuga de capitales mediante las operaciones de contado con liqui y dólar bolsa.

Es obvio que los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa, esta historia la vivimos varias veces, por lo que se debe frenar a como dé lugar y sin miramiento la existencia de todo dólar no oficial.

Eso y no convalidar aumentos de precios sin una estructura de costos que los respalde y demuestre. De otro modo, el modelo agro exportador y de salarios bajos se retroalimenta para beneficio de unos pocos y pobreza de muchos.

¿A quienes favorece el dólar blue?

La demanda externa renovó el interés de las alimenticias con capacidad de exportación, en devaluar la moneda argentina..

La cotización del dólar paralelo no es un hecho económico que emerge inocentemente del comportamiento del mercado, sino que, se trata, en muchos casos, de operaciones coordinadas de quienes buscan tener un impacto en las expectativas económicas relacionadas con el valor de la moneda.

Cabe recordar que el término dólar blue, nació como un eufemismo que impusieron los sectores dominantes en Argentina para operar ilegalmente sin asociarse con el hecho criminal de comprar monedas en negro.

El mercado negro financiero se combate en todo el mundo con la mayor severidad ya que se relaciona con el narcotráfico, la venta de armas, el lavado de dinero, los secuestros extorsivos, etc.

Sin embargo, en Argentina, es un fenómeno social que se impone como inocente gracias a complicidad de los grandes medios.

El eufemismo «dólar blue» se usa para referir a la compra y venta de dólar en el mercado ilegal con el fin de evadir impuestos y especular con el valor de la moneda.

Este hecho no deja de ser criminal, sin embrago, no es condenado por los periodistas del Grupo Clarín, ni La Nación, como así tampoco, por los sectores de poder que se oponen a pagar impuestos y cumplir la Ley cuando no es en beneficio de sus intereses.