Ley de Góndolas: el temor a competir de las grandes alimenticias

Diputados dio media sanción a la Ley de Góndolas que obliga a supermercados y grandes alimenticias a «democratizar» el espacio de venta con PyMEs. Las gigantes ven amenazado su poder de lobby para fijar precios, e irán a la Justicia.

La «vulneración de las libertades individuales» que acusan las grandes alimenticias y los supermercados sobre la Ley de Góndolas marca el inicio del camino de victimización por el que optaron los ganadores del sistema de producción y consumo de productos alimenticios.

Es que la norma afecta de manera directa en el poder de lobby que, durante años, han construido para realizar acuerdos a puertas cerradas y de espaldas a los consumidores para fijar precios y subirlos de manera arbitraria e injustificada.

Los empresarios de gigantes como Danone y Molinos Rio de la Plata, que monopolizan el 80% de las góndolas de las cadenas de supermercado con sus productos, ya advirtieron que recurriran a la Justicia.

Es que, durante años, el país le ofreció las condiciones para realizar acuerdos espurios, antisociales e inconsultos que les permitió manipular y sortear la inflación a su antojo, pauperizando el salario de los trabajadores.

El terror a la librecompetencia

Y hoy consideran, claro, que impedir que lo sigan haciendo es «vulnerar libertades individuales de competencia». Lo curioso es, justamente, que la Ley los obliga a más competencia y al «peligro» de tener que bajar precios por aparición competidores nuevos.

Las pequeñas y medianas empresas tienen la oportunidad de apelar a un Estado nacional presente para que se respete su cuota en las góndolas, junto otras marcas, y que los consumidores tengan la alternativa de elegir calidad o precio.

Algunas voces ya salieron a defender la medida por la posibilidad de competencia que abre la iniciativa, y por el freno a la cartelización de precios manejada por algunos grandes empresarios del sector, a puertas cerradas y de espaldas a los consumidores.

Pero, también, para impedir que algunas pocas firmas monopolicen la producción y la comercialización de los productos alimenticios.

Oligopolio alimenticio y concentración económica

Ya a principios de este año, un estudio de la Universidad de Avellaneda reveló que con un aumento generalizado del 64% en doce meses, los productos alimenticios superaron por 20 puntos a la inflación 2018, destacándose aquellos de Mondelez, Arcor, Molinos y Unilever.

Esto pone en el ojo de la cuestión a las gigantes alimenticias del sector, puesto que son esas cuatro las compañías que, junto a Mastellone, hegemonizan el 50% de los productos que circulan en el mercado alimenticio nacional.

Esta situación de virtual oligopolio fue registrada, también, en 2018 por un estudio realizado por la consultora Focus Market que arrojó que de las 260 compañías existentes en el mercado son sólo 18 las alimenticias que concentran el 60% del mercado.

Y añadieron que en cuanto a la facturación, el 7% de los fabricantes se llevan el 60% del total.

Al analizar el sector «bebidas», observó, por otra parte, que 15 empresas tienen el 80% de participación de mercado sobre un total de 164 empresas, mientras que el 9% de los fabricantes generan el 80% de la facturación.

El informe realizado en 515 puntos de venta de todo el país vía Scanntech (lector de código de punta de venta), dio cuenta de un alto nivel de concentración de las empresas de alimentos en el mercado local, lo cual facilita, claro, la cartelización.

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Una Ley que democratiza la oferta

Diputados aprobó el miércoles con media sanción el proyecto que apunta a regular la competencia de marcas en las estanterías de los supermercados para terminar con los abusos de posiciones dominantes de mercado que lesionan al universo de consumidores.

Con 182 votos a favor y 17 abstenciones (15 de las cuales pertenecen a Cambiemos y las dos restantes al Frente para la Victoria), la iniciativa recibió el aval de la Cámara baja y fue girada al Senado para su aprobación definitiva.

La norma dispone que en góndolas y locaciones virtuales haya un 30 por ciento de tope de espacio disponible por marca. Además, se establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola.

El proyecto dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales.

A su vez, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas se deben presentar en un 50% del espacio para los productos elaborados por Pymes.

Por otra parte, se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse ésta una «exclusión anticompetitiva».

Pero, también, fija que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a «una altura equidistante entre el primer y último estante» de la góndola.

Por otro lado en locaciones virtuales los productos de menor valor deberán publicarse «en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión».

A la Justicia

La industria de la cautelar, por tal motivo ya comenzó a hacer su danza. Es que las grandes empresas que siempre ganaron a costas de destruir la capacidad adquisitiva tienen que democratizar sus ganancias extraordinarias.

Es por eso que ya anunciaron que van a ir a la Justicia a reclamar por ver afectado su derecho individual a la libre competencia.

Un concepto de “libre competencia”, que ni el más desarrollado de los países liberales, como es Estados Unidos, permitiría que se ejecute en su territorio.

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