Gobierno y empresarios vuelven a la carga con la reforma laboral

Una vez más la patronal y el Gobierno de Mauricio Macri volvieron a la carga con la reforma laboral. Los cruces entre gremios y las autoridades políticas crecieron. El papel de la COPAL es central para que salga la norma como sea.

El Gobierno nacional reflotó el anhelo de sus socios económicos de implementar una reforma laboral para flexibilizar aún más el régimen de empleo para el sector patronal, desde la contratación hasta el despido.

Junto a la iniciativa reaparecieron, además, los ataques al movimiento obrero y al sindicalismo que representa y defiende los derechos de los trabajadores argentinos. Es que en una ocasión, ya, el Gobierno obtuvo el rechazo contundente de las centrales sindicales.

A fines de 2016, las bases de los gremios de nuestro país respondieron con contundencia al nuevo intento de la administración Cambiemos y de los empresarios que acompañan al Gobierno, de introducir la modificación a la norma que regula las relaciones laborales.

Vienen por los Convenios Colectivos de Trabajo

Es que la pretensión de Mauricio Macri era continuar erosionando los derechos laborales, esta vez apuntando a eliminar los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), cruciales para defender colectivamente la relación salarial entre empleadores y empleados.

Sin ellos los trabajadores tendrían que “auto negociar” sus propios contratos de trabajo con las empresas, dejando librado el salario a los intereses y presiones de sus empleadores, que siempre buscan ardides para eludir su responsabilidad y aumentar el margen de ganancias.

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Una reforma disfrazada de modernización

Esta vez, para referirse a la modificación de los convenios colectivos la administración nacional habló de “modernización”, un sugestivo eufemismo que apunta a encubrir la desigualdad de las relaciones en las que se busca meter a los trabajadores.

Esa modernización es, ni más ni menos, que contratos flexibles que no le pongan condiciones a los empleadores (por respetar derechos de los trabajadores) a la hora de contratar o despedir.

Por otro lado, la “apertura comercial” busca aplastar las paritarias y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los empleados, como muestra de la voluntad política del Gobierno de “seducir” a que los empresarios internacionales inviertan en el país.

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El paraíso del actual gobierno sería un país en el que los empleadores no tengan, en absoluto, ningún condicionamiento, responsabilidad ni consecuencia económica o judicial por emplear o despedir trabajadores, y los empleados ningún derecho.

Reforma laboral «para generar empleos»

Durante conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, el ministro de Producción, Dante Sica, sostuvo que «la Argentina necesita modernizar su legislación laboral», en Ginebra, Suiza.

«Para generar empleo e inversión, la Argentina necesita modernizar su legislación laboral”, dijo el funcionario durante su disertación en el plenario, donde resaltó que «reconocer la ciudadanía laboral y la modernización del trabajo van de la mano”.

En ese contexto, el propio Sica sostuvo que “la Argentina está decidida a enfrentar la necesidad urgente de transformarse».

En ese contexto, el propio Sica mencionó que «estamos enfrentando, al mismo tiempo, un desafío que nos viene del pasado, que es una enorme deuda con más de 4 millones de trabajadores que están en la informalidad».

La COPAL no puede faltar

En los encuentros de la OIT, acompañando a Sica, estuvo el vicepresidente de la UIA y presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, uno de los mas fervientes defensores de la reforma (y de la precarización) laboral.

El empresario alimenticio, que preside la Coodinadora de empresas alimenticias, junto al dirigente gremial de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, fueron los alfiles de Cambiemos para llevar adelante el primer avance para intentar introducir la reforma laboral.

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Decretazo

Sin embargo, de ganar las elecciones en octubre de este año, el Gobierno ya no apostará al consenso, sino a las decisiones unilaterales e inconsultas por fuera de toda legitimidad social o legislativa.

Según informaron desde Télam, Mauricio Macri impondrá las reformas por Decreto de Necesidad y Urgencia, sin apelar al Congreso de la Nación para avanzar con las medidas. Sin embargo, habría parte de las medidas que serían legisladas.

Se trata del blanqueo laboral, la reducción de las indemnizaciones a cambio de un seguro de desempleo y la modificación del sistema de obras sociales. El Gobierno se comprometió ante el FMI a impulsar una nueva reforma previsional en 2019.

Los trabajadores tendrán que estar en alerta para impedir otra avanzada, si gana Cambiemos.